La regulación del juego online es un tema que desde hace varios años está en la agenda del sistema político pero por distintos motivos no se ha concretado. El actual oficialismo, tal como informó El Observador, pretende reflotar esta discusión en este período de gobierno y el senador del Frente Amplio, Felipe Carballo, dio el primer paso en ese sentido al presentar un proyecto de ley sobre el tema ante la bancada.
La iniciativa, a la que accedió El Observador, plantea crear una Plataforma Estatal de Juego Online, administrada por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que sería la encargada de explotar, regular y controlar los juegos de azar en internet. Plantea un “modelo mixto” en el que el Estado “explota directamente parte de la actividad” y al mismo tiempo regula la participación de operadores privados bajo un régimen “técnico, fiscal y sanitario”.
Asimismo el proyecto crea la Agencia Nacional de Regulación del Juego Online como persona pública no estatal para concentrar competencias que hoy están dispersas en distintos organismos del Estado (Dirección General de Casinos, Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, Ursec, etc.)
¿Cuáles serían las competencias de esa agencia? Otorgar licencias para el juego en línea a operadores privados, fiscalizar las plataformas, algoritmos y transacciones, implementar el Registro Nacional Digital de Apostadores, regular la publicidad y las prácticas de marketing, coordinar acciones de salud pública y educación digital e imponer sanciones administrativas y revocar licencias.
El artículo 5 del proyecto es el que crea el registro de apostadores en el que deberá estar inscripto toda persona que participe en apuestas online y tendrá “trazabilidad financiera y límites de gasto configurables”. El texto, además, establece como un delito la explotación con fines de lucro de juegos online sin autorización.
En la exposición de motivos el texto recuerda que desde el siglo XIX Uruguay ha sostenido un modelo en el que el Estado ejerce el monopolio de los juegos de azar pero señala que el avance tecnológico y la digitalización de los servicios “han modificado profundamente las formas de interacción de los usuarios con los juegos”.
“Este cambio de paradigma ha colocado al Estado uruguayo en una posición de desventaja frente a un mercado globalizado, dificultando su capacidad de supervisión, tributación y control. La expansión de plataformas transnacionales, sumada al uso de criptomonedas y redes privadas virtuales (VPN), ha reducido la posibilidad de ejercer autoridad efectiva sobre un sector que, de quedar desregulado, puede generar daños significativos en términos económicos, sanitarios y sociales”, asegura Carballo en la exposición de motivos.
Recuerda, además, que en la actualidad la única empresa autorizada para operar apuestas deportivas en línea es Supermatch, que está bajo concesión de La Banca. “Si bien la DNLQ conserva formalmente un rol regulador, su principal herramienta de control consiste en bloquear sitios de apuestas internacionales no autorizados”, agrega.
Esta situación, dice el senador de Compromiso Frenteamplista, generó “un monopolio de facto privado” donde el Estado “no participa directamente de las ganancias generadas”. Las modalidades explotadas por La Banca, una empresa privada, como la Quiniela, la Tómbola, el 5 de Oro o los juegos deportivos concentran la mayor parte del mercado mientras que la actividad estatal pura se limita, asegura, a la explotación de loterías cuyos fondos se destinan a salud, educación, deporte y seguridad social.
Sin embargo, para Carballo el juego online representa al mismo tiempo una oportunidad económica y un desafío sanitario. Según datos de la Facultad de Medicina, unos 35 mil uruguayos sufren de ludopatía y uno de cada cuatro adolescentes apuesta a diario según información de una encuesta de la Fundación Manantiales.
“Estos datos revelan la urgencia de una regulación moderna que permita al Estado recuperar su rol protagónico en la protección de la ciudadanía, la prevención de la ludopatía y la promoción de hábitos de juego responsable”, agrega Carballo.
Lucha contra la ludopatía
El proyecto también prevé la implementación del Fondo Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Ludopatía, orientado a financiar programas de asistencia, investigación, educación y capacitación. El objetivo es fortalecer la red pública de salud mental y desarrollar campañas de concientización e información sobre la temática.
“De esta manera, se busca que el Estado recupere capacidad operativa y de fiscalización, articulando la política de juego con objetivos de salud pública, desarrollo económico responsable y sostenibilidad social”, dice la exposición de motivos.
