Hasta último momento de la administración encabezada por Luis Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo hizo intentos para que el proyecto que había enviado en 2021 el Ministerio de Economía para regular el juego online sea aprobado. El texto había sido votado por unanimidad en la Cámara de Senadores en agosto de 2022 pero naufragó al llegar a Diputados por el rechazo del Frente Amplio y del Partido Colorado.
En setiembre de 2024, cuando se realizaban las últimas sesiones ordinarias de la legislatura –antes del corte electoral–, las bancadas del Partido Nacional y Cabildo Abierto intentaron ingresar el proyecto al plenario como grave y urgente pero la oposición colorada hizo que ese intento fracasara.
Ahora la nueva administración de Yamandú Orsi buscará retomar este tema para tratar de regular un sector donde hay muchos intereses: el gobierno, las empresas con casinos físicos, las de apuestas online y, obviamente, La Banca, la empresa privada que hoy gestiona casi todos los juegos habilitados por el Estado.
Distintos legisladores del Frente Amplio consultados por El Observador reconocieron que el tema ha estado en conversaciones informales entre ellos y con integrantes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, estiman que el ingreso de un proyecto quedaría para el año que viene.
Según pudo saber El Observador, el director general de Casinos, Fernando Estévez, le transmitió al sindicato que están trabajando en un proyecto para regular el juego online pero no les adelantó cuáles serían los lineamientos.
Si bien el Frente Amplio respaldó incialmente el proyecto que había enviado el gobierno anterior, luego cambió de posición en Diputados y trancó el texto. Incluso, luego de haber votado, el entonces senador Mario Bergara presentó un texto alternativo.
El senador oficialista Felipe Carballo abordó el tema en una columna publicada en Montevideo Portal en agosto de este año. "Es momento de legislar con visión estratégica y sentido de responsabilidad. Uruguay tiene la oportunidad de transformar una actividad con una regulación obsoleta en una política pública que combine desarrollo, crecimiento, salud pública y justicia social", escribió.
Para el senador regular el juego online es una "decisión económica, una definición política y una medida de salud pública" porque se trata de una actividad que "existe, crece y genera ganancias pero lo hace sin que el Estado" vea los beneficios. "La ausencia de regulación no impide que el fenómeno ocurra, solo agrava sus consecuencias", agrega. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas bloquea por año cientos de sitios ilegales.
Una de las opciones que maneja Carballo es la la creación de una plataforma estatal de apuestas online. Esto, dice el senador oficialista, permitiría ejercer "plenamente el monopolio, garantizar transparencia, evitar la participación de menores y promover un modelo de juego controlado y responsable". Al mismo tiempo, señala que es necesario crear un fondo específico destinado a financiar políticas públicas en salud mental, prevención de adicciones y fortalecimiento del deporte y la cultura.
Nuevo intento
Desde la década del 40, y tras la habilitación del Estado, es la Banca de Quinielas la que maneja el juego en sus distintas versiones. En internet, y tras una ley del 2002, actualmente se puede jugar a los juegos tradicionales (lotería, quiniela, 5 de Oro) y también existen las apuestas deportivas (solo a través de Supermatch). Todas reguladas a través del Estado y manejadas en su gran mayoría por La Banca.
El texto enviado por el gobierno anterior tras un planteo empresarial y aprobado por la Cámara de Senadores permitía a los casinos físicos habilitar sus juegos también en internet o aplicaciones informáticas. Planteaba, además, que el Poder Ejecutivo era quien tenía la potestad para dar las habilitaciones que serían “precarias y revocables” y eran exclusivas para quienes tenían “un establecimiento presencial operativo y habilitado para el juego presencial”.
En un momento de la discusión en Diputados, el diputado blanco Juan Rodríguez y el cabildante Álvaro Perrone quisieron introducir una modificación al texto para flexibilizar los requerimientos para obtener licencia de juego online. Ese cambio permitía obtener la licencia sin tener el casino físico y solo con determinada inversión en un proyecto de esas características.
La respuesta en aquel entonces fue del también blanco Álvaro Viviano que los cruzó diciendo que esa modificación venía “con nombre y apellido” en referencia, aunque sin nombrarlo, al proyecto que el empresario Giuseppe Cipriani está construyendo en San Rafael, Punta del Este, que incluye un hotel de lujo con casino. Desde un inicio el empresario fue crítico con el proyecto del gobierno.
En aquel entonces, algunos legisladores del Partido Nacional pretendían ampliar el objeto del proyecto e incluir las apuestas online. Eso fue otro de los puntos que también hizo que la discusión se frenara.
En aquel entonces la Asociación Uruguaya de Fútbol pidió a los legisladores que habilitaran el ingreso de empresas de apuestas deportivas porque esto generaría nuevos recursos para el fútbol uruguayo a través de esponsoreo. ““Sin duda que la prohibición que hay de esponsorear [a los equipos de fútbol por parte de las empresas de apuestas] nos afecta, es clarísimo”, dijo en el Parlamento en 2022 el integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, Eduardo Ache.
Según dijo el dirigente en ese momento, por concepto de apuestas deportivas (Supermatch) ingresan a la AUF y la Organización de Fútbol del Interior unos US$ 500 mil al año. En la Ley de Presupuesto se acordó que una parte de las ganancias de la empresa de apuestas tenía que ir a esas organizaciones.
