Una “mancha” a la altura de José Ignacio próxima a desembarcar en las costas, una “película muy delgada de hidrocarburos” detectada por la Armada y la aparición de este residuo negro en al menos siete playas entre Sauce de Portezuelo y La Brava. El intendente Miguel Abella protesta por la falta de respuestas, pero ni la comuna ni el gobierno tienen certeza de quién es responsable del derrame.
Pocos días antes, Argentina toma una decisión que no pasa desapercibida para las autoridades uruguayas: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) deroga a partir del 1° de agosto la Disposición 21/2023, que regulaba las operaciones de trasbordo entre buques – “ship to ship”, en la jerga naviera–, bajo la premisa de que ya hay tres leyes en su ordenamiento jurídico que “aseguran estándares de control ambiental adecuados sin necesidad de imponer requisitos adicionales”.
Desde el Tratado del Río de la Plata, hay áreas específicas designadas para realizar esas transferencias conocidas como de “alijo y complementación de carga”: las zonas “Alfa” y “Delta”. Esta última está a pocos kilómetros de la costa de Maldonado.
Con todo ese telón de fondo, el gobierno uruguayo hizo este miércoles un movimiento a través de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), donde su delegación planteó a la contraparte argentina su “preocupación” respecto a una eventual flexibilización de los controles para las maniobras ship to ship que involucren sustancias contaminantes, como los hidrocarburos.
La delegación encabezada por el exsubsecretario de Defensa, Daniel Montiel –que también integran los oficialistas Antonio Carámbula, Gonzalo Reboledo y Federico Ruiz, y Juan Curbelo por la oposición– presentó formalmente una “solicitud de respuesta” sobre la derogación del decreto argentino del año 2023. Como es de estilo, Argentina tomó nota y se comprometió a contestar, informaron fuentes diplomáticas a El Observador.
La delegación argentina, que preside María Fernanda Fabré, también hizo una solicitud de información y consultó a Uruguay sobre el desarrollo portuario que está desarrollándose en Martín Chico, una localidad de Colonia ubicada entre Carmelo y Conchillas.
Se trata de un proyecto de la compañía Mangle SA autorizado en el gobierno pasado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Durante su visita días atrás a Colonia, el presidente Yamandú Orsi confirmó su respaldo a la continuidad de esa iniciativa, aunque advirtió que “siempre hay que avisarles a los vecinos” y “ser cuidadosos”.
La obra implica una concesión por 50 años de derecho a uso y la construcción de un puerto multipropósito para el trasbordo de cargas (graneles sólidos) que llegan por barcazas desde la hidrovía Paraná-Paraguay y eventualmente por la hidrovía del Río de la Plata, aguas arriba de Salto Grande.
La iniciativa apuesta a dos terminales portuarias con un muelle de ultramar con dos puestos de atraque y un muelle interno para las barcazas, ambos conectados entre sí y a tierra por una galería de transferencia. La concesión también abarca la ocupación de una fracción del Río de la Plata de unas 172 hectáreas.
El derrame en Maldonado
Los primeros restos de hidrocarburos aparecieron el viernes pasado en Ocean Park y Sauce de Portezuelo. En un principio todas las miradas apuntaron a la boya petrolera de Ancap a la altura de José Ignacio, pero la empresa pública negó que los residuos se hubieran originado ahí.
La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, explicó a FM Gente que “se estima que algún buque que está aguas abiertas, más hacia las zonas Delta” puede haber hecho “una limpieza de bodega” o que haya habido un “derrame de algún alijo en algún traspaso de combustible de un barco a otro que hizo que hubiera un vertido en el mar”.
La jerarca sí reconoció que los buzos detectaron “una pequeña fisura en una soldadura” de la boya petrolera y que hubo una pérdida “puntual” durante una descarga de crudo del Eagle San Francisco la semana pasada, pero que la interrumpieron “inmediatamente” al ver “una leve mancha”. De todos modos, aseguró que “lo que se perdió puede estar entre uno y cuatro baldes” de hidrocarburos a los que además “se contuvo con barreras”.
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Hidrocarburos en playas de Maldonado
Intendencia de Maldonado
De momento la Intendencia de Maldonado, la Armada y el Ministerio de Ambiente no han dado con una causa concreta.
En Argentina, distintos medios especializados citaron que los operadores marítimos valoraban la derogación de la Disposición 21/2023 a cargo de la Anpyn supone favorecer la competitividad y reducir los tiempos operativos de las maniobras de alijo.
La anterior normativa establecía un régimen específico para el transbordo de carga en altamar con requisitos específicos como la presentación de un manual de operaciones con medidas de protección ambiental, la exigencia de certificaciones internacionales y la acreditación de un número suficiente de maniobras previas de ship to ship.
La CARP
Otro gran punto de discordia en la comisión binacional es el incremento de los peajes en un 40% y la reestructuración de tramos tarifarios resueltos de forma unilateral por Argentina para los buques que transiten por los canales Intermedio y Punta Indio del Río de la Plata, lo que ha llevado a Uruguay –desde el gobierno pasado– a reclamar por un encarecimiento de hasta un 100% en los costos para las embarcaciones.
La nueva delegación de la CARP reiteró su reclamo a la contraparte argentina. También está pendiente un nuevo llamado a partir de 2026 para el dragado y el mantenimiento del Canal Martín García.
Por otro lado, la delegación argentina –que renovó su dirección hace dos meses– reclamó a fines de julio la remoción del secretario técnico Mauro Gorer, un planteo que los delegados uruguayos esperan destrabar en los próximos días.
