La reforma de la Justicia administrativa era un reclamo de décadas. En el tira y afloje de la Rendición de Cuentas por los recursos estuvo a punto de quedar por el camino una vez más, pero finalmente se aprobó y el próximo lunes, en un hecho histórico, se inaugurarán los dos juzgados que tendrán las mismas potestades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para atender causas menores con el objetivo de que no lleguen al tribunal y se resuelvan de manera más rápida.
El TCA resuelve sobre actos administrativos cuando se entiende que estos causaron un perjuicio, desde una multa de tránsito hasta un decreto como el que autorizó las cajillas blanda de cigarrillos, o una sanción injusta a un funcionario de cualquier área de la administración. Actualmente la tramitación de un caso ante el TCA lleva dos años en promedio.
Los dos nuevos juzgados se crearon por la última la Rendición de Cuentas (Ley 20.212) que en su artículo 455 creó en total 19 cargos. Además de los jueces, se crean dos actuarios titulares, dos actuarios adjuntos, dos alguaciles, dos jefes de despacho, cinco funcionarios administrativos y cuatro auxiliares.
Los cargos están equiparados al Poder Judicial por lo que los sueldos de los jueces de contencioso administrativo serán equivalantes al de los jueces letrados de Montevideo, que es de $ 256.910 nominales, a valores de enero 2023.
También se creó la Defensoría de Oficio para prestar asistencia legal gratuita a quiénes lo necesiten. Funcionarán tres defensorías en total en la oficina de la calle Colonia 950.
La ley señala que mientras no se instale el Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Anulatorio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de los recursos de apelación que se interpongan contra las sentencias de los Juzgados.
A partir de que comiencen a funcionar, estos juzados recibirán todos los recursos de nulidad que ingresen.
A su vez resolverán algunos casos en instancia única, lo que implica que en esos casos no habrá lugar a apelación. Estos casos son:
- Calificaciones de funcionarios públicos o de sanciones disciplinarias de observación, apercibimiento o suspensión que no exceda de quince días.
- Clausuras, prohibiciones, inhabilitaciones o suspensiones de actividades que no superen el término de cinco días.
- Fuera de los casos anteriores, cuando la cuantía del asunto no exceda de 70 Unidades Reajustables.
- Al aprobarse el Codigo se va a regular toda la cestion vinculada a los procesos, si no se aprobara una vez instalados juzgados acciones nuevas
A su vez, los asuntos que tengan alcance general y absoluto, como por ejemplo la impugnación de un reglamento serán de instancia única ante el TCA.
La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo -que hace las veces de la Fiscalía en la Justicia Administrativa- emitirá su dictamen en primera instancia, previo al dictado de la sentencia definitiva.
En las causas que se apelen tendrá que expedirse nuevamente en el plazo de 30 días previo al dictado de la sentencia. En los casos de instancia única, el juez podrá requerir la opinión de la Procuraduría de lo Contencioso Administrativo, excepcionalmente y ante la complejidad del caso.
Por otra parte, se espera que el Parlamento apruebe el Código Procesal del Contencioso Anulatorio, que establece cómo funcionará la justicia administrativa. La norma ya se aprobó en el Senado y se espera que sea aprobada en la sesión del 4 de setiembre de la Cámara de Representantes.
¿Cómo se hizo el concurso y quiénes fueron seleccionados?
El TCA designó un tribunal que actuó como comisión asesora del TCA para elegir a las dos juezas que se seleccionaron, que estuvo integrado por los profesores Ricardo Marquisio, Gastón Chaves y Gerardo Caffera como titulares y Mariella Saettone, directora del Instituto de Derecho Administrativo, como alterna.
Esa comisión asesora estableció un orden de prelación entre los postulantes que cumplieron con las etapas del concurso que tendrá una vigencia de tres años.
Los postulantes, que concursaron por oposición y méritos entre marzo y julio pasado, tenían que tener 28 años cumplidos y hasta 60 años, ciudadanía natural en ejercicio o legal con 4 años de antiguedad, título de abogado con cuatro años de antigüedad o haber pertenecido por dos años al Ministerio Público y Fiscal o a la Justicia de Paz.
Se les exigía un promedio de escolaridad de 6 o mas en la carrera universitaria de abogacía, conun máximo de tres reprobaciones, tener residencia en Montevideo o hasta 50 kilómtros a la redonda, no haber sido destituido de algún otro organismo del Estado, carecer de relación de parentesco con personas que actualmente tengn un vínculo laboral con el sistema orgánico de lo contencioso admi
Finalmente se designó como juezas a Lucía Techera y Victoria Suárez, quiénes quedaron primeras en el concurso y jurarán el próximo lunes. En el caso de Techera trabajaba como abogada litigante en un estudio jurídico, cursó una maestría en Derecho Económico Administrativo y es docente de Derecho Administrativo 1 y 2 en la Universidad Católica del Uruguay.
Por su parte, Suárez es máster en Gestión de Empresas Marítimo Portuarias y Derecho Marítimo, experta en Contratos Públicos y docente grado 2 del Instituto de Derecho Civil.
