La visita de Orsi del sábado pasado abrió un flanco en el que pegaron propios y ajenos, al tiempo que volvió a evidenciar contradicciones entre la prédica ideológica de los dirigentes oficialistas y su accionar cuando tienen responsabilidades en el Estado.
La polémica por la venia
Por un lado, el Partido Nacional y el PIT-CNT señalaron que el gobierno violentó la Constitución al no solicitar autorización al Parlamento en torno a la visita del portaaviones.
El Ejecutivo y la Embajada de EEUU respondieron a los primeros cuestionamientos que el buque siempre permaneció en aguas internacionales, y de hecho fuentes de la delegación uruguaya consultados por El Observador contaron que el vuelo desde la base aérea de Carrasco tomó unos 45 minutos para llegar a la plataforma.
En segunda instancia, entró en debate si esa aeronave militar de EEUU que trasladó a los jerarcas al USS Nimitz debió haber requerido venia parlamentaria, como reclamaron legisladores de la oposición.
Se trata del Grumman C-2A Greyhound, un avión de transporte logístico de la marina norteamericana. Hubo dos aeronaves de ese tipo que acudieron a la base aérea, aunque sus vuelos no están registrados en plataformas como FlightAware o Flightradar24.
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Yeny Rivero / SUMU Spotters
El senador frenteamplista Felipe Carballo, quien visitó este lunes la base aérea, declaró a El Observador que “no hay ningún tipo de ilegalidad por parte del presidente en ir a visitar el portaaviones, porque el avión que lo vino a buscar es solo un avión logístico, sin armamento, nada que indicara que fuera de combate”.
Carballo, que integra la Comisión de Defensa, agregó que la tripulación estadounidense consistió de cuatro personas, dos mujeres y dos varones. Los C-2A serán dados de baja en junio de este año, pero en la bancada oficialista defienden que su sigla delimita que son de “carga” y por tanto, a su entender, no precisan venia.
El vuelo trasladó a Orsi, al embajador Lou Rinaldi, al canciller Mario Lubetkin, a los subsecretarios de Defensa e Interior –Joel Rodríguez y Gabriela Valverde– y a los comandantes de la Fuerza Aérea (Fernando Colina), del Ejército (Mario Stevenazzi) y del Estado Mayor de la Defensa (Rodolfo Pereyra).
Por otro lado, fuentes del Poder Ejecutivo explicaron a El Observador que otro insumo que a su entender justifica el no envío de la venia es un decreto del año 2021 bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou que regula los sobrevuelos y aterrizajes en Uruguay.
El texto –que en la mayoría de los casos se utiliza para los vuelos sanitarios provenientes desde las Islas Malvinas– establece que en las solicitudes al Comando de la Fuerza Aérea deberán detallarse las razones y las características de los vuelos con al menos 48 horas de antelación.
En este caso, fuentes del Ministerio de Defensa contaron que están al tanto desde diciembre de la invitación al USS Nimitz, que ha pasado frente a varios países de la región en el marco del despliegue “Southern Seas 2026”, el último antes de ser dado de baja.
El histórico portaaviones recibió de hecho la visita de los presidentes Javier Milei –donde sí hubo operaciones militares conjuntas con las fuerzas argentinas– y José Antonio Kast frente a las costas chilenas.
En Torre Ejecutiva señalaron que la visita de Orsi al USS Nimitz estaba prevista desde hace semanas y jamás podrían haber anticipado que tan solo el día antes Trump declararía que Estados Unidos “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”.
No obstante, el debate en la izquierda es político: no pocos entienden fuera de micrófono que la visita de Orsi fue inconveniente, que podría haber viajado una autoridad de menor rango o que podría haber evitado posar con los pulgares hacia arriba, de la misma manera que lo había hecho Milei días antes.
En el plano parlamentario está pendiente la votación de un proyecto de ley impulsado en el pasado período por el MPP para definir con claridad qué es una “tropa” y en qué tipo de incursiones extranjeras de militares es preciso solicitar la venia.
Se trata de un tema que ya le ocasionó dolores de cabeza al gobierno en este período y que el anterior quinquenio motivó incluso que el senador opositor Alejandro Sánchez –hoy secretario de la Presidencia– reclamara en un acto del MLN en abril de 2024 la renuncia del canciller y del ministro de Defensa por no enviar la venia para autorizar el ingreso de un buque de la Guardia Costera norteamericana. “El gobierno entreguista que tenemos, bastante cipayo, le abrió las puertas del puerto de Montevideo a esta nave sin siquiera pasar por el Parlamento para autorizar el ingreso", afirmó entonces.
Desde lo político, el Poder Ejecutivo defiende que la presencia de Orsi en el portaaviones disipó cualquier indicio de “tensiones” con Estados Unidos a un “costo 0” para el Estado, bajo la premisa de que Uruguay debe tener buenas relaciones con todos los países sin medir sus orientaciones políticas.
Yamandú Orsi y Louis Rinaldi
Yamandú Orsi y Louis Rinaldi, embajador de Estados Unidos en Uruguay
Foto: Gastón Britos/FocoUy
El senador del MPP, Nicolás Viera, expresó esa postura este lunes al hablar de que Orsi “hizo lo que tenía que hacer” ante una “invitación” de esas “características” que ponía “en juego” el relacionamiento del país con Estados Unidos. El legislador –que trabaja los temas internacionales en el MPP– dijo que el presidente tuvo que “sopesar” entre participar en el encuentro o que Uruguay fuera sancionado con un “aumento de los aranceles a determinados productos”. "¿Qué va a hacer el presidente? Seguramente es mucho más beneficioso visitar un portaaviones".
Desde el Partido Comunista, tanto el ministro de Trabajo, Juan Castillo, como el senador Óscar Andrade dejaron constancia de que no compartían lo ocurrido y que ellos no hubieran aceptado la invitación.
Un vínculo incómodo
Fuera de la prédica de la izquierda, el nuevo gobierno no ha sido la excepción al padecer la vertiginosa incertidumbre que ha representado la administración de Trump para la política en todo el mundo.
Primero, Uruguay logró escapar a los anuncios arancelarios más graves que mantuvieron en vilo a países como Brasil y México, y quedó comprendido en un arancel general del 10% tras el llamado “Día de la Liberación”.
Sin embargo, el país sí quedó incluido en una lista de 75 países a los que Estados Unidos suspendió la emisión de nuevas visas de inmigrantes. Más allá de que se concedían muy pocas cada año, en el gobierno uruguayo no pierden de vista que tampoco han obtenido respuesta ninguno de los otros 74 países afectados.
A su vez, pese a que el gobierno de Orsi se ha rehusado a confrontar con Trump, también ha mantenido un vínculo muy estrecho con sus principales detractores en el concierto internacional, como Pedro Sánchez (presidente de España) y Lula Da Silva (presidente de Brasil), algo que es cuestionado a menudo por la oposición bajo el entendido de que se está exponiendo a Uruguay al posible enojo de EEUU.
Por otro lado, el país quedó excluido del Escudo de las Américas, la alianza contra el narcotráfico a la que Trump convocó a los gobiernos más afines de la región.
En el plano comercial no han faltado las tensiones por el nivel de comercio entre Uruguay y China, al punto que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, refirió en una reunión privada con empresarios a una “presión insostenible” por parte de EEUU, según informó semanas atrás Búsqueda.
La Cancillería, no obstante, apuesta a su buen relacionamiento con el embajador Rinaldi y a las coordinaciones con Estados Unidos en distintos temas.
Una de las claves en el vínculo ha sido el nombramiento de un diplomático de carrera como Daniel Castillos para encabezar la embajada uruguaya en Washington, puesto que suele ser confiado a dirigentes políticos. Al anunciar su designación, el canciller planteó que solo sería “por un período” con el fin de “terminar de entender” cuál sería la línea de Trump, lo que dejaba la puerta a que hubiera cambios “en el futuro”.
Sin embargo, fuentes de Cancillería confirmaron a El Observador que hay conformidad con el desempeño de Castillos y que su gestión seguro continuará hasta mediados de 2027.
