¿Autonomía o centralización?

La disconformidad general con la marcha de la educación pública justifica la preocupación gubernamental. Y las urgencias fiscales han agregado ahora las empresas estatales a la decisión del gobierno de controlar más directamente a las instituciones públicas. El presidente Tabaré Vázquez, el ministro de Economía, Danilo Astori, y el director de la OPP, Álvaro García, se reunieron con los presidentes de las principales empresas públicas con el fin de aumentar el grado de control del Ejecutivo. "No nos puede pasar que cada empresa decida por sí misma, como ocurrió en los últimos años", les advirtió Astori a los presidentes de ANCAP, de UTE, de ANTEL, de OSE y de la Administración Nacional de Puertos. El problema es definir quién tiene la mejor visión para determinar en qué y cuánto necesitan invertir las empresas y no parece que la regla del mayor aporte a Rentas Generales sea la más eficiente. En teoría, las empresas públicas ya contribuyen a Rentas Generales vía impuestos a las ganancias y vía dividendos. Que el gobierno quiera recibir más dinero ahora porque la administración anterior gastó de más, no es una razón para disminuir la autonomía. El gobierno ahora está pidiendo austeridad pero sobre todo en inversiones. Obviamente hay inversiones de alto costo, hechas o en marcha, que son indispensables para el desarrollo. Incluyen la fibra óptica en las comunicaciones, los avances hacia el autoabastecimiento energético con la generación eólica, la regasificadora y la planta de ciclo combinado, o la modernización y ampliación portuaria. En la mayoría de estos temas, capitales privados comparten los costos con inversión pública. Lo que el gobierno debería hacer es profundizar el recurso a esos capitales privados como lo hará con obras de infraestructura. En la educación pública, los sindicatos docentes y algunos directivos de sus consejos protestan que la mayor intervención del Ministerio de Educación y Cultura en sus operaciones viola la autonomía del sector. Sus reclamos tendrían más base si los resultados educativos fueran al menos aceptables. Pero la obstinación sindical y largos años de ineficiencia de la autoridades para reformar el sistema han derrumbado, año a año, la calidad de la educación pública en Uruguay. Esta situación justifica que el Poder Ejecutivo trate de ponerle remedio. Las intendencias constituyen una tercera pata de la estructura autónoma del Estado, aunque hay poco que el gobierno central pueda hacer para corregir el inamovible absurdo de 19 gobiernos departamentales, con sus respectivas juntas locales y vasta libertad operativa. Tal vez, solo pueda restringir las partidas adicionales de auxilio que les ha otorgado con laxitud en el último año de gobierno y que llegan a más de US$ 250 millones. La decisión de la administración Vázquez de acentuar el control está dictada, en el caso de las empresas públicas, por los apremios fiscales en el panorama actual de la economía, oscurecido por el contexto externo y por el exceso de gasto público en los últimos 10 años. En la educación, el calamitoso estado actual justifica la intervención del gobierno, siempre que sea eficaz. Pero en todo caso, son remedios pasajeros. Lo importante es mejorar el diseño institucional del país para que las empresas cumplan sus objetivos y la educación mejore.