¿Un país caro por la (poca) competencia?

En el imaginario colectivo está prácticamente instaurada la muletilla de un país caro. Lo ven a diario aquellos que van o viven en las ciudades fronterizas o los que viajan a otros países cada tanto. Para Zipitría, hoy en Uruguay “faltan elementos” para responsabilizar a la escasa competencia que existe en algunos sectores de la economía para afirmar que los precios son elevados respecto a otros países.

Por ejemplo, en el rubro alimentación la mayoría de los productos son importados porque prácticamente no existe la producción nacional, algo que en general tiende a encarecer los precios de esos bienes. Pero no es un tema de escala: hay otros factores que pesan, como tener uno de los PIB per cápita más altos de América Latina, lo que también juega como un incentivo para fijar precios superiores. De hecho, hay multinacionales como Coca-Cola cuya política de precios para Uruguay dista bastante de la que aplica en Argentina o Brasil. Ello puede tener su justificación porque hay costos como los de mano de obra que pueden ser superiores a los vecinos. Uruguay cerró el 2019 como el tercer país con mayor inflación (8,8%) de América del Sur y quedó solo por detrás de dos países del continente que sufren crisis económicas profundas (Argentina y Venezuela).

 Las limitantes de la política pública

“La concentración per se no es mala y no implica que necesariamente vas a tener precios más altos que otros mercados donde existen más jugadores”, precisa Zipitría. En el caso de los supermercados, la negociación del accionista mayoritario de Tienda Inglesa (el banco de inversión Goldman Sachs) para quedarse con Grupo Disco, así como la compra de un distribuidor mayorista por parte de la cadena Ta-Ta, dispararon un sinfín de repercusiones en distintos actores de esa cadena como pequeños comerciantes o proveedores industriales preocupados por el impacto y el aumento del poder de negociación de las grandes superficies.

El presidente de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), Fernando Pache, advirtió que “está concentración de poder hará que la población pague enormes sobreprecios” y planteó que los proveedores se unan rubro por rubro para negociar con las grandes cadenas.

Luego las grandes cadenas respondieron con números donde dejaron en evidencia que también del lado de los proveedores existe una concentración elevada. Por ejemplo, hay al menos 18 rubros en donde el proveedor líder de la categoría (productor o importador) tiene una participación de mercado superior al 80%.

Más allá de la preocupación que la propia Comisión de Promoción y Defensa, un órgano desconcentrado que depende del Ministerio de Economía, expresó sobre el avance de las grandes cadenas en negocios como el de la distribución, Zipitría considera que el margen de acción desde la política pública es “acotado”.

El aumento de la concentración en el negocio es algo objetivo, pero es “complejo de cuantificar” en qué segmentos del mercado puede existir perjuicios para los consumidores. “La Comisión debería analizar caso a caso y uno por uno los rubros para llegar a identificar que una operación es anticompetitiva”, explicó el economista, que indicó que incluso desde la academia es costoso y demanda bastante tiempo el estudio de cualquier producto de la canasta de consumo por la multiplicidad de factores que deben tenerse en cuenta.

Además, indicó que son bastante difusas las condiciones que las grandes cadenas le imponen a los proveedores y viceversa con las grandes marcas con poder de mercado sobre los supermercados.“Es muy difícil desentrañar dónde está el tema. Todos tienen un poco razón y ninguno tiene toda la razón”, consideró Zipitría.

En abril, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia tendrá nuevas potestades para autorizar ciertas operaciones de compraventas o fusiones de empresas cuando su facturación supere los US$ 70 millones en cualquier de sus últimos tres años fiscales. La comisión dispondrá de un plazo de 60 días para autorizar, denegar o subordinar el acto de concentración a la condiciones que el órgano establezca. ¿Alcanzarán esos cambios para prevenir las deficiencias y debilidades que muestra la competencia en Uruguay? El tiempo lo dirá. Quizás el próximo gobierno deba encarar (dentro su variado menú de tareas) un abordaje integral sobre el funcionamiento de la competencia en Uruguay y ver cuánto peso tiene esa variable en la chapa de país caro que ven muchos.

Los países de la OCDE en los que los sindicatos son aún fuertes

Según la organización de cooperación económica OCDE, la participación de los trabajadores en grupos sindicales en los países que forman parte de ella se redujo a casi a la mitad entre 1985 y 2018. Ese año, el 30% de las personas empleadas formaban parte de una de estas organizaciones de trabajadores, cifra que era en 2018 del 16%. 

En el caso de España, un 14% de los trabajadores están asociados, proporción que ha disminuido ligeramente desde el año 2000, momento en el que esta era del 17,4%. Aunque a nivel global estas organizaciones han perdido importancia, en algunos países del norte y centro de Europa continúan atrayendo a la mayoría de asalariados. Este es el caso de Islandia y Suecia, con un 91% y 66% de los empleados sindicados, respectivamente.

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Soy Ándrés Oyhenard , editor de Economía y Empresas de El Observador. Hasta aquí esta nueva entrega de Rincón y Misiones, la newsletter exclusivo para suscriptores Member de El Observador para entender mejor la realidad económica y los temas que tocan nuestro bolsillo, y contar con mejor información para tomar decisiones.