25 de abril 2020 - 5:00hs

Finalmente, rodeada de expectativas y polémicas, portando en su vientre fecundo 502 artículos sobre las materias más diversas, la LUC ingresó al Parlamento. Como la esperanza es lo último que se pierde, todavía alimento la ilusión de que los legisladores acuerden desglosarla en varios proyectos. Esto no solamente contribuiría a mejorar la calidad del proceso parlamentario sino que además evitaría un aumento brusco de la temperatura política. Ya veremos qué trámite tiene. Pero quiero dejar de lado el análisis de la coyuntura para, a partir de la discusión desatada en torno a esta forma de legislar, contribuir a un debate que considero mucho más constructivo.

Las reformas van y vienen. Los partidos en el gobierno también. Mientras tanto, vamos aprendiendo. Experimentando con unas y otras, poco a poco, vamos entendiendo el mundo de las políticas públicas, y comprendiendo mejor instrumentos y paradigmas. Confiando en unos y luego en otros, vamos descubriendo fortalezas y debilidades de los distintos elencos gobernantes. Cuando no está cegada por el fanatismo, la ciudadanía va aprendiendo que los distintos partidos tienen buenas razones para pensar diferente, y emociones potentes que convierten esos argumentos en identidades persistentes. El aprendizaje más difícil, de todas maneras, es el que refiere a las prácticas y procedimientos. En el fondo, construir democracia consiste en eso: en aprender a distinguir cuáles son las mejores prácticas y en diseñar instituciones que las incentiven.

Esta ley de urgente consideración concreta, con todo lo relevante que es para el gobierno, está lejos de ser lo que más debería preocuparnos. La discusión que, tarde o temprano, deberemos dar entre todos, es sobre esta tecnología concreta

Las democracias, en tanto órdenes sociales (cito a Emanuel Adler), evolucionan por ensayo y error. Los uruguayos lo sabemos bien. Durante el siglo XIX este país supo ser tierra purpúrea y tener los mejores posgrados en fraudes electorales. Más tarde tampoco nos faltó ingenio. Inventamos “golpes buenos”, guerrillas para prevenir dictaduras, y dictaduras para salvar democracias. Cometimos errores políticos de todo tipo. Eso sí, terminamos aprendiendo. Tenemos la mejor democracia de la región porque pusimos mucha inteligencia y pasión para aprender de nuestros errores. Como comunidad de práctica democrática no podemos aspirar a no equivocarnos. En verdad, cuando adoptamos el modesto punto de vista del pragmatismo filosófico, no tenemos cómo saber a priori, si vamos por el camino correcto. Sentimos y pensamos, creemos y razonamos, dudamos y hacemos, acertamos y erramos… Y si tenemos los ojos abiertos, reflexionamos y aprendemos, para volver a empezar.

Vuelvo a la LUC. Ya he dicho que este procedimiento me parece un error. Pero hay quienes, con buenas razones, piensan que es el mejor camino dadas las circunstancias. El tiempo dirá. Lo que realmente importa, cuando se adopta un enfoque teórico como el de Adler y una perspectiva de mediano plazo, es que discutamos extensa y serenamente sobre el mecanismo constitucional de la “urgente consideración”. Esta LUC concreta, con todo lo relevante que es para el gobierno, está lejos de ser lo que más debería preocuparnos. La discusión que, tarde o temprano, deberemos dar entre todos, es sobre esta tecnología concreta. La controversia ya está circulando. Pero supongo que durante los próximos tres meses se debatirá más sobre los contenidos de este proyecto de “urgente consideración” específico que sobre el mecanismo en sí.

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A cuenta de esa conversación futura sobre el asunto de fondo, paso a compartir mi punto de vista. Algún día actualizaremos nuestra constitución. Por ejemplo, he escrito más de una vez que debemos reformar profundamente el segundo nivel de gobierno. Nuestras “intendencias” se parecen más a “monarquías electivas” que a repúblicas cabales, y tienen mecanismos de rendición de cuentas demasiado débiles. Cuando se tramite esa reforma constitucional habrá que discutir la eliminación del inciso 7 del artículo 168 que le permite al “Presidente de la República, actuando con el Ministro, o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros”, proponer al parlamento proyectos de ley de “urgente consideración”.

Diego Battiste El prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, presentó este jueves el texto de la ley de urgente consideración al Parlamento

Creo que este mecanismo tuvo sentido, pero pertenece a otra época. Nació en un contexto especial, en un momento de máxima división de los partidos uruguayos. Ya pasaron más de cincuenta años. Hemos aprendido a lidiar con la fraccionalización mediante cambios institucionales (candidaturas únicas a la presidencia) y desarrollando nuevas prácticas (coaliciones de gobierno). Creo que, esta prerrogativa, en nombre de la eficacia, termina erosionando la legitimidad del proceso legislativo y la calidad de las decisiones democráticas. Creo, además, que el recurso de la declaración de “urgente consideración” es una invitación a la pereza política: no promueve ni la cooperación genuina ni la deliberación responsable entre los distintos actores.

Vuelvo, ahora, al argumento sobre el pragmatismo. A lo largo de nuestra historia hemos sido capaces de hacer los experimentos institucionales más diversos. A veces, hemos ido en el sentido de limitar el poder presidencial (como en 1918, o 1952). Otras veces caminamos en la dirección contraria (como en 1967). En todo caso, hemos ido ensayando distintos equilibrios entre eficacia y legitimidad, entre concentración y dispersión del poder. La capacidad de generar conocimiento reflexivo sobre nuestras prácticas políticas es lo que nos ha permitido nuestro alto nivel de desarrollo democrático. No podemos darnos el lujo de perder esa conciencia crítica.

Adolfo Garcé es octor en Ciencia Política, Docente e Investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR

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