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Abogada de las víctimas del caso Penadés: senador apeló al "aparato del Estado" para defenderse
Los abogados que representaron a la mayoría de las víctimas que denunciaron al senador blanco Gustavo Penadés celebraron este martes el resultado de la audiencia y dijeron estar muy satisfechos con el trabajo realizado, así como con la investigación liderada por Fiscalía.
Tanto Soledad Suárez como Juan Raúl Wiliman destacaron el trabajo de la fiscal Alicia Ghione y resaltaron que el “Estado de derecho sigue vigente” en Uruguay.
“Estamos muy satisfechos, queremos destacar el trabajo del equipo, el trabajo de los alumnos y también destacar el excelente trabajo fiscal y de la unidad de victimas. Cuando uno trabaja con seriedad y compromiso realmente permite que todos logremos los objetivos de una manera seria y profesional. Estamos muy conformes. Está vigente el estado de derecho”, dijo Suárez en rueda de prensa a la salida de la audiencia.
La Justicia imputó a Gustavo Penadés por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, así como cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravados por un delito de violación, otro de desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor. Además, la Justicia determinó que fuera a prisión preventiva por 180 días.
A pesar de esta disposición, Penadés alegó problemas de salud para evitar ir a la cárcel. Entre ellos una cardiopatía isquémica y una diabetes del tipo B, señaló la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno. Ahora el Instituto Técnico Forense deberá determinar si puede ir a la cárcel.
Los abogados de las víctimas explicaron los argumentos de la fiscalía para defender la prisión preventiva por 180 días dictaminada tanto para Penadés como para el profesor de Historia Sebastián Mauvezín que presuntamente participaba como reclutador de menores de los que luego el senador abusaba.
“Lo que planteó la fiscalía son los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación. La capacidad de utilizar determinados beneficios que una persona normal no tiene para ir generando una contra investigación paralela intentando construir una teoría del caso”, explicó Williman.
Suárez explicó que no se trata de que buscaron introducir pruebas falsas sino que utilizaron el aparato del Estado para llevarla adelante.
“Un intento legitimo que tiene la defensa (plantear una teoría alternativa) se procuró llevarlo adelante con el aparato del Estado. Se usó a ciertos funcionarios en ciertos organismos, lo que determinó la gravedad de la situación”, explicó la abogada.
Consultada sobre quiénes dieron las órdenes para realizar esa contrainvestigación, Suárez dijo que eso es parte de la investigación.
“La investigación no puede tener un techo. Cuando uno empieza a tirar de un hilo debe estar dispuesto a todas las hipótesis. Son varios sujetos que están involucrados en varios organismos”, dijo la abogada.
Williman, por su parte, agregó que la capacidad de influir en determinadas personas con acceso a información pública fue lo que generó la “clara procedencia del riesgo de entorpecimiento de la investigación”.
“No fue un enunciado genérico. La fiscal dijo esto pasó en tal organismo, esto en tal otro organismo”, explicó.
Al finalizar la audiencia, Ghione anunció que estaba detenido el director del ex Comcar, Carlos Tarocco, que se presume intentó entorpecer la investigación.
Además, en los últimos días la Corte Electoral dispuso una investigación administrativa para determinar si una funcionaria allegada a Penadés, Graciela del Vecchio, utilizó la base de datos del organismo para darle información al senador. La funcionaria es secretaria de uno de los ministros de la Corte.
La investigación se ordenó, además, luego de que El Observador informara (a raíz de escuchas que forman parte de la investigación) que en una conversación un colaborador de Penadés (Horacio Tejera) pidió a la funcionaria información sobre un joven de 22 años.
En la conversación, mantenida el 26 de mayo, el hombre le da un nombre y ella lo busca en la base de datos de la Corte Electoral. Entonces hablan de sus datos personales (nombre y edad), así como de la madre del joven. Sin embargo, no es posible determinar a través de esa conversación que sospecharan que era uno de los denunciantes de Penadés.
*Aclaración: la versión original de esta nota tenía un error en el nombre de la funcionaria de la Corte Electoral investigada. A los involucrados y los lectores las disculpas del caso.
