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Acuerdo político permite a la Suprema Corte de Justicia tener la tercera ministra de su historia

Hoy prestará juramento la magistrada Elena Martínez como integrante de la SCJ y su colega Alicia Castro en el Tribunal de lo Contencioso

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02 de septiembre de 2015 a las 05:00

La magistrada Elena Martínez, integrante del Tribunal de Apelaciones Civil de 6º Turno, prestará juramento hoy ante la Asamblea General y se convertirá en ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al ocupar la vacante generada en la corporación en junio con el retiro de Jorge Ruibal Pino, que se jubiló al cumplir 70 años.

Ayer, los cinco partidos con representación parlamentaria sellaron el acuerdo político que permitirá a Martínez llegar a la SCJ y transformarse en la tercera mujer en ocupar un sillón en el máximo órgano del Poder Judicial desde el retorno a la democracia en 1985, ya que antes lo hicieron solamente Jacinta Balbela (entre 1985 y 1988) y Sara Bossio (entre 2006 y 2008). Al final de la dictadura (1973-1985) la primera mujer en integrar la corporación fue Sara Font, recordó a El Observador el ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique.

El acuerdo alcanzado por los partidos implica que además de la nominación de Martínez (que es esposa del diputado colorado Ope Pasquet) para la SCJ, la Asamblea General también nominará hoy a Alicia Castro (integrante del Tribunal de Apelaciones Civil de 1º Turno) como ministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para ocupar la vacante generada por el cese de Ricardo Harriague.

Si se hubiera seguido el criterio de la antigüedad, el cargo en la SCJ le correspondía al ministro del Tribunal de Apelaciones Civil de 1º Turno, Eduardo Vázquez. "La antigüedad es el camino que prevé la Constitución cuando falla el acuerdo y no se puede lograr el requisito de los dos tercios de votos de la Asamblea General", expresó a El Observador la senadora Lucía Topolansky (MPP).

Ley de SCA, lo que viene

Con la designación de Martínez, la SCJ volverá a estar integrada con cinco miembros, lo que le permitirá al máximo órgano del Poder Judicial volver a funcionar con normalidad.

La SCJ deberá resolver en los próximos meses sobre los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), conocida como ley de medios. En total están en trámite una veintena de acciones contra esa norma, impulsadas por canales de televisión, empresas de televisión por cable y radios de todo el país.

El fallo de la SCJ sobre la ley de medios tiene especial relevancia para el gobierno. Y muestra de eso es que el presidente Tabaré Vázquez decidió que reglamentará la norma luego de que se conozca el pronunciamiento del máximo órgano judicial sobre la norma aprobada en diciembre de 2014, prácticamente al final del mandato de José Mujica y solo con los votos de los legisladores del Frente Amplio.

Consultado por El Observador sobre el trámite de los recursos contra la ley de SCA, Pérez Manrique dijo que la acción impulsada por la multinacional Directv (que fue la primera en ingresar a la SCJ en febrero) está próxima a pasar a estudio del primer ministro.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dio parcialmente la razón a Directv y en su dictamen se pronunció a favor de declarar inconstitucionales cinco de los 27 artículos objetados por la empresa.

Nueva Corte

Los cuatro integrantes actuales de la SCJ (Jorge Chediak, Jorge Larrieux, Ricardo Pérez Manrique y Felipe Hounie) cesarán por cumplir 70 años o por llegar al tope de diez años en el cargo entre 2016 y 2019, por lo que el gobierno del presidente Vázquez terminará con una integración de la corporación totalmente renovada.

Topolansky dijo que la intención del Frente Amplio es que para ocupar las próximas vacantes en la SCJ y en el TCA se establezca un proceso de selección con postulaciones y entrevistas públicas a los candidatos, al estilo de los mecanismos que existen en otros países y que reclaman más de 100 organizaciones sociales.

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