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Alertan sobre "microdesapariciones": mujeres que desaparecen durante pocos días para ser explotadas sexualmente
En 2004 el Ministerio del Interior decidió crear el Registro y Búsqueda de Personas Ausentes. Desde su puesta marcha y hasta el último balance las denuncias ingresadas superan los 25 mil casos.
El promedio anual de personas consideradas ausentes se viene incrementando. Así, entre 2004 y 2008 se promediaron 643 denuncias. Hubo baja entre 2009 y 2013, cuando fueron 461, que se elevaron a un promedio de 1896 entre 2014 y 2018. Pero, desde 2019, se vienen promediando 3.894 denuncias anuales.
Hoy según el registro hay 149 personas ausentes o desaparecidas. El 40% están allí desde hace más de una década. Y una de cada cuatro son mujeres. Para determinar las situaciones que ingresan al registro el ministerio considera fundamental su definición sobre ausencia: "la desaparición de una persona física del lugar en el que vive y y se desenvuelve de forma habitual, sin haber noticiado su intención de hacerlo".
En julio de este año durante su última visita a Uruguay, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) marcó su profunda preocupación por las desapariciones que se están produciendo en la actualidad. Los integrantes del grupo de trabajo que llegó al país pusieron el foco en colectivos especialmente vulnerables, como niñas, adolescentes y mujeres. En particular, luego de su estadía en centros de protección estatales.
Para su advertencia, la ONU se basó en un extenso informe de Autonomías Colectivas, un proyecto llevado a cabo por las asociaciones civiles El Paso y El Abrojo, destinado a erradicar la violencia de género en el Uruguay y que cuenta con el apoyo de la Unión Europea (UE). Allí se marca un concepto: adolescentes y mujeres que desaparecen reiteradas veces pero por tiempo limitado. Al respecto, una reciente investigación de la organización El Paso señala la existencia de "microdesapariciones" , intermitentes y sistemáticas, en las son captadas por redes para ser explotadas sexualmente por un tiempo acotado. Se trata de situaciones forzadas, dado que las víctimas son aisladas de sus comunidades y trasladadas a lugares que desconocen.
Si se considera el período enero-agosto de 2021 hubo 2.501 personas denunciadas como desaparecidas. El 35% (869 casos), estaban bajo tutela del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Otro 4% (96 casos), estaban alojados en instituciones hospitalarias y residenciales o vivían en la calle. En 2020, siempre con datos del Ministerio del Interior, hubo 1.245 denuncias sobre chicas menores de 18 años desaparecidas. De ese total, 764 correspondieron a fugas del INAU.
Las autoridades de ese organismo debieron responder en el Parlamento y poner en contexto esta situación, a partir de las preocupaciones planteadas por el organismo internacional. El lunes pasado ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, la frenteamplista Amanda Della Ventura habló que la "desprotección" por parte del organismo ha ocasionado recientes hechos trágicos. Como ejemplo, puso el caso de una chica de 16 años de Tacuarembó que estaba bajo seguimiento del INAU y que resultó asesinada. Era explotada sexualmente por parte de cinco hombres que fueron detenidos por el hecho. Della Ventura cito también el caso de otra joven, también de 16 años y bajo el amparo del organismo, y que resultó ser una de las víctimas de un femicida que en marzo de este año había asesinado a otra mujer.
Las salidas no autorizadas
En el centro del debate están las "salidas no autorizadas", el término con el que el INAU designa oficialmente a las fugas o ausencias de los jóvenes bajo su tutela. Un fenómeno que resulta habitual. y al que las autoridades deben enfrentarse en forma cotidiana.
Los números oficiales indican que este tipo de salidas van en aumento. En 2019 fueron 948 casos. Un año después, eran 1047. El año 2021 culminó con 1605 "salidas no autorizadas". Los últimos datos disponibles, correspondientes al período que va del 1 de enero hasta el 31 de marzo de este año, indican 432 salidas.
Así se lo informó a El Observador el presidente del INAU. Pablo Abdala, que efectuó una serie de salvedades que ya había realizado en el Parlamento. Abdala admitió allí que este tipo de salidas puedan resultar después en una situación de riesgo para las adolescentes, al correr peligro de ser sometida a explotación u otro tipo de vulneraciones. Sin embargo, precisó, una "salida no autorizada" también puede deberse al hecho de un retorno al lugar de amparo después del tiempo acordado. Allí el procotolo indica que, superada la hora de retraso, la ausencia debe registrarse en el libro diario como una "salida no autorizada".
En el INAU se llamó a comprender muy bien de qué se habla cuando se mencionan las "salidas no autorizadas". En la institución se señala que, con respecto al caso de Tacuarembó, la joven estaba en realidad en uso de una "licencia" y, con autorización previa, permanecía a cargo de su madre. Se trata de un caso sobre el cual Abdala entiende que el organismo que presidente no tiene responsabilidad. Tampoco, precisó, hay que responsabilizar a la madre. "Creo que tampoco deberíamos abundar en un episodio que fue desgraciado", dijo. Tampoco, agregó, debería tomarse ese hecho como un elemento de disputa en torno a la acierto o la eficancia de la gestión en el INAU.
Al respecto, Abdala advirtió sobre el riesgo de "estigmatizar" a estas jóvenes "apuntalando" la idea de que las adolescentes que están en el organismo están o terminarán - "porque sería su destino manifiesto" - explotadas o abusadas.
"Sabemos que muchas veces la explotación o el abuso acontece, por supuesto, fuera del sistema del INAU, atraviesa la sociedad", dijo. "Casi diría que atraviesa las clases sociales". Según Abdala, la institucionalización de estas jóvenes es muchas veces consecuencia y no causa de la explotación.
Sobre la mesa estuvo también un reciente caso ocurrido en San José. Cuatro hombres fueron imputados por abusar sexualmente de dos menores, de 15 y 17 años, que estaban bajo tutela del INAU. Allí Abdala señaló que el caso presente algunas particularidades. Fueron los propios equipos técnicos de la institución los que detectaron los "primeros indicios" que permitieron después, a través de un trabajo conjunto con la Fiscalía, comprobar lo sucedido y dar con los culpables.
Daniel Fabriau, director departamental del organismo, habló sobre las distintas reacciones que tuvieron las dos jóvenes víctimas. La menor mostró disponibilidad de ser asistida. La estrategia fue trasladarla fuera del departamento, en virtud de que su familia de origen no reside en San José. Eso permitió, dijo, una intervención más certera, como forma de preservar su integridad y trabajar más precisamente en la reparación del daño.
La mayor, en cambio, presentó significativas dificultades y cierta "naturalización" de situaciones de vulneración de derechos. Por orientación médica fue ingresada en un centro de compensación de situaciones agudas, también fuera de San José. Luego fue trasladada a un dispositivo de rehabilitación psicosocial en Montevideo.
Ambas, de todas formas, siguen bajo el amparo del INAU. Según Fabriau el entramado familiar de las dos jóvenes se encuentra resquebrabajo, por lo que a corto plazo se decarta su restitución permanente a sus hogares.
Otro proyecto de ley
La problemática de las personas ausentes o ha sido objeto de múltiples iniciativas y proyectos de ley a lo largo de los años. El más reciente está a estudio de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Fue elaborado por los diputados frenteamplistas Nicolás Mesa y Óscar Amigo.
En la última sesión de esa comisión, Mesa se refirió a la problemática de que viven hoy muchos uruguayos, familiares de esos "desaparecidos en democracia" , a los que les cuesta mucho hacer frente a la desaparición de sus seres queridos "de un día para el otro" y que no encuentran mayores lugares de referencia ni respuestas por parte del Estado.
Una respúesta que, apuntó, podría llegar a través de una comisión interinstitucional que el proyecto propone crear. Allí, explicó, podrían recurrir en busca de colaboración para acelerar la investigación o acceder a asesoramiento legal o terapeútico.
Esa comisión estaría integrada por los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública e Interior, que actuaría como coordinador. También por Cancillería y la Fiscalía General de la Nación. Amigo contó su experiencia en el contacto con las familias de las personas ausentes."Nos relatan distintos casos", dijo. "Desde personas que han desaparecido de su barrio, de su entorno, de su casa, hasta desde centros de salud". También, reconoció, está involucrado el problema de la trata de personas, sobre todo con niñas y adolescentes que han desaparecido bajo otras circunstancias.
Lo que proponen Amigo y Mesa es que esa comisión interinstitucional también sea integrada por un representante de las organizaciones sociales que nuclean a estos familiares. Otro de los puntos que se procura solucionar es, señaló, es la "soledad" que viven muchas veces en su búsqueda. La contención y acompañamiento del Estado, subrayó, se termina poco tiempo después de denunciada la desaparición.
El proyecto incluye la creación de una base de datos unificada de personas ausentes y la creación de un sistema de cruzamiento de datos que, señaló, hasta el momento no se está dando.
Factores determinantes
A la hora de determinar el ingreso al Registro, el Ministerio del Interior dice considerar diversos aspectos. U factor determinante es la voluntad ya que, conforme a su método de manifestación, hará lugar a diversas formas de ausencia.
Por ejemplo, cuando existen “vicios de consentimiento”, como que la ausencia se produzca por presión psicológica que afecten notoriamente la libertad de la acción. La ausencia “stricto sensu”es cuando se presume una desaparición sorpresiva ya el implicado jamás manfiestó previamente su deseo de irse ausentarse de sus lugares cotidianos.
