El gobierno de Yamandú Orsi decidió, luego de una recomendación del Diálogo Social, proponer una causal anticipada de jubilación que permita a cualquier trabajador con 30 años de aportes poder jubilarse a los 60 años. Esa iniciativa llegará en un proyecto de ley aparte, porque en la Rendición de Cuentas no se pueden abordar temas previsionales, entre julio y agosto y la idea es que entre por la Cámara de Senadores.
Es un pequeño guiño a los reclamos que desde la reforma de la seguridad social del gobierno de Luis Lacalle Pou –que llevó la edad de retiro a los 65 años para los que nacieron a partir de 1977– vienen haciendo el PIT-CNT y algunos sectores de la izquierda y está enfocado en la población más vulnerable que será, en los hechos, la única que podría obtener algún beneficio económico con este cambio.
“Esta causal adelantada no sería compatible, si uno la utiliza antes de los sesenta y cinco años, con el trabajo, que es una de las cosas que mitiga su utilización”, dijo la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, en la comisión de Hacienda según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
El propio informe que hizo el BPS, y que el Ministerio de Economía utilizó para defender el bajo impacto fiscal de la medida en la interpelación al ministro Gabriel Oddone en el Senado, señala que “los condicionamientos vinculados a la compatibilidad entre causal anticipada y la continuidad en actividad sugieren que el nivel de utilización de la causal probablemente no alcance niveles elevados”.
La reforma del gobierno de Lacalle Pou extendió las posibilidades de volver a trabajar una vez que las personas se jubilan e incluso los dos grupos (trabajadores de la construcción y rurales) que por la exigencia física de su tarea se pueden seguir jubilando a los 60, también tienen la posibilidad de volver a trabajar.
El gobierno se basa, además, en que en la actualidad, con 60 años como edad de jubilación, son pocos los que se retiran cuando los cumplen. Casi dos de cada tres personas que se jubilaron en 2025 eran mayores de 60 años, aun cuando cumplían con los requisitos para retirarse a esa edad.
De hecho, la edad promedio de retiro en la última década ha sido de 62,6 años y el año pasado uno de cada cuatro tramitó su retiro con más de 65 años, dice el informe realizado por la Asesoría General de Seguridad Social del BPS
Durante la interpelación, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, aseguró que para los tres deciles más bajos de ingresos (sueldo promedio debajo de los $25 mil) las jubilaciones con retiro anticipado serían “mayores a las que se obtendrían previo a la ley 20.130” del gobierno pasado. “Más del 30% de las personas podrían jubilarse con una jubilación mayor previo a la reforma del 2023”, recalcó el subsecretario.
La advertencia de la oposición
El diputado colorado Conrado Rodríguez señaló en diálogo con El Observador que tal como está planteada la causal de retiro a los 60 años va a ser una causal común y no una anticipada porque se le va a permitir a todos los trabajadores adherirse a ella. Es decir, como cualquier trabajador podría retirarse a los 60 años, el diputado entiende que se trata de una causal común.
Por eso, agregó, es necesario explicitar que no se le va a permitir trabajar a quienes se retiren a los 60 años porque si no se hace se va a transformar en un incentivo a jubilarse de manera anticipada y seguir trabajando.
El ajuste del suplemento solidario
El Poder Ejecutivo también le pidió al BPS que proyecte cuál sería el impacto de cada uno de los mecanismos de actualización del suplemento solidario, el adicional que se le paga a las jubilaciones más bajas para asegurar un ingreso mínimo, y los resultados evidenciaron diferencias sustanciales.
Cuando se aprobó la reforma jubilatoria del gobierno anterior y se creó el suplemento solidario, a pedido del Frente Amplio, se le dio al Poder Ejecutivo la potestad de elegir si quería ajustarlo por Índice de Precios al Consumo (IPC) o Índice Medio de Salario (IMS). La iniciativa del gobierno solo establecía la posibilidad de ajustar por IPC.
Cuando le tocó, en febrero de 2024, el gobierno anterior optó por la primera opción y eso fue criticado desde el Frente Amplio. “Comenzó a licuarse el suplemento solidario”, escribió en su cuenta de X el entonces senador opositor José Núnes. La crítica era porque las jubilaciones se ajustan por el IMS –que suele ser más alto que el IPC– y eso hace que el impacto del ajuste del suplemento solidario sea menor.
Al asumir este gobierno, decidió ir por un camino intermedio: la semisuma de los dos indicadores y en paralelo encargó al BPS un estudio sobre los distintos mecanismos.
¿Qué dio esa proyección? Que depende el índice que se utilice la “sostenibilidad financiera” del sistema puede estar en cuestión. Es decir, si bien ideológicamente el Frente Amplio entiende que lo ideal sería ajustarlo por IMS, eso tiene un impacto fiscal mucho mayor.
“Si uno ajusta el suplemento solidario por IPC, pierde suficiencia y cobertura, aunque mantiene la sustentabilidad financiera. Si uno ajusta el suplemento solidario por Índice Medio de Salarios, que sería lo deseable desde el punto de vista distributivo, tiene una diferencia en el resultado de largo plazo del sistema previsional amparado por BPS de más de 2 puntos del PIB”, dijo Pardo en el Parlamento.
Es decir, ajustar por uno o por otro tiene una diferencia de US$ 1.600 millones en las arcas del Estado.
Esto también fue abordado por el Ministerio de Economía en la interpelación en el Senado. “La sostenibilidad del sistema tiene alta sensibilidad a la forma en que se ajuste el valor base del suplemento solidario”, dice la presentación que la cartera llevó al Parlamento.
En una de las gráficas presentadas, se ve que los egresos por jubilaciones y pensiones estimado como porcentaje del PIB son a 2100 de 9,1% si el suplemento solidario se ajusta por IPC y de 11,2% si se hace por IMS.
Proyecciones del gobierno presentadas en la interpelación a Oddone
En la interpelación, el gobierno dijo que se propone ajustar el valor base ($ 17.591 a valores de 2026) por IMS y el tope ($ 53.306 a valores de 2026) por IPC. Esta decisión, dice el gobierno, “despeja riesgo fiscal y protege suficiencia de prestaciones más bajas”.
Con este ajuste, el impacto de la causal anticipada es neutro a largo plazo (2100) y tiene un impacto de un 0,16% en la década de 2040, según las proyecciones del BPS.
