La organización de derechos humanos Amnistía Internacional le reclamó al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou que el Estado garantice la potabilidad del agua en el marco de la crisis del hídrica que atraviesa el país.
Mediante su cuenta de la red social Twitter, la organización también expresó preocupación por "la situación del acceso al agua potable en Uruguay y la posible afectación de derechos humanos que esto conlleva".
El pedido de Amnistía Internacional cierra con el tuit "instamos al Estado uruguayo a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso al agua potable" y pide por mantener la transparencia en como se gestiona la crisis hídrica.
Debido al aumento de salinidad del agua suministrada por OSE para Montevideo y zona metropolitana, el ministro de Ambiente Robert Bouvier dijo en rueda de prensa que "el agua no es potable en la definición perfecta de la potabilidad. Lo que nosotros decimos que es bebible y consumible. Si vamos a puntos obviamente técnicos y demás. El agua no es potable y es consumible".
El comunicado de este lunes de Amnistía Internacional también recordó el intento de reforma constitucional del 2004. "Mediante mecanismos democráticos la población decidió, de forma soberana, reivindicar el acceso al agua potable y al saneamiento en tanto derecho humano consagrado en la constitución".
"El Estado uruguayo, en tanto estado parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está comprometido a garantizar el acceso al agua en tanto DDHH (derecho humano) universal" y agrega que el "acceso al agua es un derecho transversal, ya que su ejercicio o falta de él tiene un impacto inmediato en otros derechos humanos, tales como el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo digno, entre otros", expresa el tuit.