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Amplían procesamiento de Michelle Suárez por falsificar certificados médicos

La Justicia evalúa si existe algún centro de reclusión que puede contemplar las necesidades de la procesada, para evitar que continúe cumpliendo la condena en su domicilio 

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27 de noviembre de 2018 a las 11:25

La Justicia amplió este lunes el procesamiento de la exsenadora Michelle Suárez, quien desde abril cumple con una condena de prisión domiciliaria por delitos de falsificación de firmas, alteración de documentos privados, estafa y falso testimonio. En esta oportunidad el juez de Atlántida, Marcos Seijas, aseguró que, además, se comprobó la existencia de otra falta: Suárez adulteró también certificados médicos que presentó en audiencias judiciales, según informó Telemundo.

El pedido de procesamiento fue solicitado en octubre por la fiscal Sylvia Mascaró, luego de que la exsenadora presentara los documentos adulterados ante un juzgado de paz de Atlántida en 2015, cuando oficiaba como defensora de una persona que iba a ser desalojada.

Concretamente se la investiga por falsificar tres certificados médicos. El primero aludía a que su clienta no podía asistir a una audiencia porque padecía una infección en la pierna. El segundo aseguraba que la hija de esa mujer también sufría un dificultad en la salud y el último daba cuenta de que ella misma no pudo presentarse como abogada para representar a sus defendidos por problemas respiratorios. Todos falsos. 

El Observador consultó al abogado de Suárez, Francisco Musso, quien aseguró que el caso refiere a un procesamiento que se había solicitado en forma simultánea a los anteriores, pero el juez prefirió no esperar a tener en su poder la totalidad de los resultados de las investigaciones judiciales para procesar todos los delitos al mismo tiempo. “Se apresuraron en el procesamiento inicial. Debieron haber esperado a tener los elementos de convicción suficientes relativos a todos los delitos de los que se la acusaba”, detalló Musso.

El juez Seijas también solicitó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que examinara la situación de salud de Suárez para contemplar cuál es el real estado de enfermedad y definir, posteriormente, si algún centro de reclusión podría recibir a la procesada para que, de esa manera, se le suspenda el régimen de prisión domiciliaria que está vigente desde el mes de abril, a causa de “graves problemas de salud”. 

“Es un disparate pensar quitarle la prisión domiciliaria. Michelle está peor que antes, sufre de una infección respiratoria muy grave. Cuántas personas hay que están sanas y podrían cumplir su condena en una prisión y, sin embargo, se les da el beneficio de quedarse en la casa”, cuestionó el abogado de Suárez, y detalló que la exsenadora, aunque no está dispuesta a que se la derive a un centro penitenciario, aguardará por lo que diga la Justicia.

Tras el procesamiento que se formalizó en el mes de abril, la Suprema Corte de Justicia resolvió en julio suspender el ejercicio de su profesión hasta el año 2020. De todos modos, a fines de octubre trascendió que la abogada igualmente continuaba ofreciendo servicios y cobrando por ellos.

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