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Audiencia masiva de Operación Océano se hará en cuatro instancias debido al riesgo sanitario

La primera convocatoria está fijada para las nueve de la mañana, y allí comparecerá el único imputado con prisión; el resto lo hará en diferentes horarios

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28 de enero de 2021 a las 15:28

La jueza Beatriz Larrieu dispuso que la audiencia del 5 de febrero, en la que estaban citados todos los imputados de Operación Océano, se dividiera en cuatro instancias a lo largo del día, de forma de evitar el riesgo sanitario.

Según señalaron a El Observador fuentes de la investigación, la magistrada redactó en el oficio que tomó esa decisión luego de analizar "la situación de emergencia" generada por la pandemia del coronavirus y el "elevado número" de convocados a esta audiencia, dispuesta para discutir la prórroga de las medidas cautelares que tienen los 32 enjuiciados de la causa por distintos delitos sexuales cometidos en su mayoría contra menores de edad.

Las medidas que rigen contra los indagados van desde la prohibición de acercamiento y comunicación a las víctimas, hasta la prisión preventiva que fue aplicada solo en el caso del empresario con nacionalidad paraguaya. 

La primera citación fue fijada para las nueve de la mañana y a esa hora comparecerá el imputado con cárcel, que enfrenta delitos de proxenetismo, entre otros cargos. El resto de los indagados comparecerán en tres tandas: una a las 10.30, otra a las 12 y la última a las 13.30.

La convocatoria alcanza a un "elevado número", porque además de las defensas de los imputados también comparecerán la de las víctimas del caso –hasta el momento se han identificado un total de 20–, además del equipo de fiscales liderado por Darviña Viera. Por esta razón, algunos defensores de enjuiciados evaluaban presentar un escrito a la jueza Larrieu para que librara un oficio al Ministerio de Salud Pública (MSP), y que la cartera analizara si estaban dadas las condiciones sanitarias para realizar la audiencia, que tendrá lugar en el Palacio de los Tribunales.

Raúl Williman, encargado del consultorio jurídico penal de la Universidad de la República y defensor de 11 de las víctimas, dijo, este martes, que pretende que las medidas cautelares se mantengan, al menos hasta que tengan lugar las declaraciones anticipadas que fueron postergadas por diversas razones durante el año pasado. "Lo que buscan las medidas es proteger a las víctimas, por lo que preferimos que declaren lo más libre posible", dijo el penalista a El Observador.

El delito imputado más común hasta el momento ha sido la promesa de retribución o retribución a adolescentes a cambio de sexo, definido por la ley 17.815 de 2004, en cuyo artículo 4 se establece una pena de dos a 12 años de penitenciaría. También ha sido frecuente el delito que castiga a quien mantiene un contacto virtual para mantener conversaciones de connotación sexual con adolescentes, que el artículo 277 bis del Código Penal castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con menos frecuencia, Viera logró la imputación de otros delitos sexuales, como el abuso propiamente dicho, la explotación de menores o proxenetismo.

Las fiscal Viera, no obstante, ha decidido que solicitará a la Justicia la ampliación de varias de las formalizaciones penales, en el entendido de que cuenta con evidencias como para sumar más delitos a los enjuiciados.

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