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El oficialismo busca una definición sobre el polémico proyecto.

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Blancos esperan por postura del gobierno sobre prisión domiciliaria para presos de Domingo Arena

La bancada nacionalista debe resolver si el proyecto de Cabildo Abierto será prioridad en el Parlamento

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21 de abril de 2022 a las 05:04

El jueves 27 los senadores y diputados del Partido Nacional se reunirán con el objetivo de definir, entre más de un centenar de opciones, los proyectos de ley que tendrán prioridad este año a nivel parlamentario. Allí, entre los principales puntos a definir está si en esa lista estará la iniciativa para que los condenados o procesados que sean mayores de 65 años cumplan su pena en forma preceptiva en sus domicilios. 

Se trata de un texto presentado por Cabildo Abierto y que, entre otros, iría a beneficiar directamente a militares y policías encarcelados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. Los liderados por Guido Manini Ríos ya les informaron a sus socios de la coalición de gobierno que la aprobación de este texto está al tope de sus intereses en el corto plazo. Y esta es una situación que no convence y además plantea incomodidad en el oficialismo. 

El tema promete generar una intensa discusión durante el encuentro de los nacionalistas, que se prolongará durante toda la jornada. Si bien algunos legisladores apoyan el pedido de sus socios cabildantes, otros presentarán un planteo de esperar primero un pronunciamiento oficial del Poder Ejecutivo en torno al tema. Así se lo dijo a El Observador el senador Jorge Gandini, que se valió de las expresiones que a principios de marzo hizo el presidente Luis Lacalle Pou. 

Entrevistado en Telemundo al cumplir dos años de mandato, el presidente había señalado que el Poder Ejecutivo iba a intervenir para modificar la redacción del proyecto. "Estamos negociando", había dicho. El proceso se había visto frenado por la campaña por el referéndum sobre la ley de Urgente Consideración. La postura de Lacalle es que la edad mínima para recibir el beneficio se eleve a 70 años, además se señalar la conveniencia de "cambios menores". 

Lo que ahora espera Gandini es la definición de esa postura a nivel oficial. "El presidente fue claro: así, no" comentó el legislador. Un adelanto podría llegar este martes. Ese día el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, deberá comparecer en el Parlamento para responder sobre este proyecto, aunque se le dio la opción de responder por escrito. Por el momento, Cancillería acusó recibo de la convocatoria, sin responder. 

Bustillo había faltado con aviso a fines del año pasado para dar la posición oficial sobre el tema. Específicamente, deberá pronunciarse específicamente sobre lo expresado por un grupo de relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que noviembre habían planteado su preocupación por los efectos de un proyecto que beneficiará directamente a individuos "condenados por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad" a través de una iniciativa "contraria al derecho internacional". 

El canciller había sido citado por el Frente Amplio, que volvió a dejar en claro este martes en la Comisión de Constitución y Legislación su rechazo al proyecto y que le planteará una pregunta directa. "El Estado uruguayo tiene una serie de obligaciones internacionales" recordó el senador Charles Carrera. Por ejemplo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la desaparición de la María Claudia Irureta Goyena y la sustitución de identidad de su hija, Macarena Gelman. La consulta de Carrera va en dirección a si el proyecto de Cabildo Abierto no entraría en contradicción con las obligaciones que esa corte le impuso al país. 

La senadora nacionalista Graciela Bianchi se mostró escéptica en torno a la presencia del canciller. "No deja de ser una opinión política", dijo. "Para saber si efectivamente estamos o no cumpliendo los únicos que me garantizan eso, y lo digo desde el gobierno, son los integrantes de la Cátedra de Derecho Internacional Público", sostuvo. 

El Parlamento recibió antes de Semana Santa la visita de la organización "Familiares de Prisioneros Políticos", que defendió la utilización de ese nombre para describirse y reivindicar a los exmilitares y policías encarcelados. "Consideramos que la figura de nuestros padres es la de prisioneros políticos", dijo uno de sus voceros, Diego Flores. "Son rehenes de una situación, acusados sin pruebas, detenidos de manera absolutamente injusta y no pudiendo esperar el juicio en sus casas". 

Flores dijo tener la sensación de que a nivel político y judicial se está especulando a que sus familiares "mueran presos" para que "el tiempo y la biología hagan lo que ellos no pueden hacer por la vía formal". La organización aclaró que el proyecto de Cabildo Abierto no contó con su participación y que apenas constituye un "paliativo" al no resolver la situación de muchos de los "prisioneros" que tienen menos de 65 años de edad. 

Árbitro de las diferencias

En el Senado hay 161 asuntos a la espera de discusión. Allí se incluyen iniciativas legales presentadas en esta legislatura, desarchivos, resoluciones y minutas de aspiración. Solo en la Comisión de Constitución y Legislación hay más de 40 carpetas pendientes. 

Para ir despejando camino esa comisión optó por ir aprobando los proyectos en los que hay acuerdo. Así lo hizo este martes con el que propone extender hasta 2025 el plazo para regularizar la tenencia de armas de fuego y comisiones, que será ratificado por el pleno en la primera sesión de mayo. Fue presentado por el nacionalista Carlos Camy y será votado por unanimidad. 

El Frente Amplio exigió este martes conocer el texto concreto del nuevo proyecto sobre tenencia compartida, ante versiones parlamentarias de que el oficialismo habría llegado a un acuerdo, que sería llevado en forma inmediata al plenario. El senador Carrera hizo el reclamo "por una cuestión política de respeto", a fin de poder analizar la propuesta antes de su discusión. 

Según Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) la senadora Carmen Asiaín viene actuando como "árbitro de las diferencias", principalmente con los colorados de Ciudadanos, cuya negativa frustro la aprobación de la ley el año pasado. "Ella es quien está negociando la solución de esas diferencias", dijo Domenech, que prometió que la oposición tendrá conocimiento del proyecto definitivo. "Ni siquiera Cabildo Abierto lo conoce", aseguró. 

La comisión prevé también aprobar en forma expresa un texto desglosado de la ley de Presupuesto votada en 2020 que plantea ajustes a los procesos de extradición y otro relativo a la responsabilidad civil de los fiscales, que ya cuentan con sanción en Diputados. 

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