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Blancos impulsan que gobernantes respondan con su patrimonio ante daño al Estado
Los legisladores de la Lista 40, el senador Javier García y el diputado Rodrigo Goñi, presentaron este viernes un proyecto de ley de 11 artículos, que pretende responsabilizar civilmente a los gobernantes, y que respondan con su patrimonio personal, cuando –al actuar con dolo o culpa grave- causen daño al erario público.
Goñi opinó que "no se está ante un caso de laboratorio sino ante un fenómeno cada vez más reiterado en Uruguay que está causando un daño real".
"Si esta ley estuviera vigente, el caso más claro de aplicación es el de ANCAP", dijo el diputado a El Observador.
El artículo 1º establece que "los jerarcas máximos de toda administración serán civilmente responsables del daño causado al Estado en caso que se comprobare su participación con culpa grave o dolo en el hecho o acto dañoso". "Quedan exceptuados los integrantes de directorios u órganos colegiados, que se hubieren opuesto al acto y dejado constancia escrita de su oposición".
El senador García recordó en conferencia de prensa que la Constitución de la República en su artículo 25, prevé la responsabilidad frente a un tercero pero no se previó qué pasa cuando ese daño se causa al propio Estado.
El proyecto, dijo García, viene a llenar "un vacío legal". La responsabilidad del gobernante es hacer una buena gestión y en segundo lugar, el proyecto respalda el concepto de que todos seamos "iguales ante la ley".
"Los jerarcas deben ser cuidadosos cuando administran dinero de la sociedad", comentó el senador García.
Denuncias
Para el diputado Goñi "se generaron islas de irresponsabilidad de actos y conductas de jerarcas del gobierno que incumplen su deber de buena administración, causan daños al Estado y no pasa nada".El diputado opinó que el hecho de que un gobernante tenga que responder con su patrimonio personal hará "que piense dos veces antes de actuar", dijo.
En la exposición de motivos, los autores afirman que el "proyecto de ley procura establecer medios de garantía eficaces para que los gobernantes cumplan estrictamente con su deber de buena administración de los recursos públicos, lo que contribuirá a una conducta de mayor diligencia, minimizando riesgo de uso irracional o arbitrario".
El proyecto previó que las denuncias de los ciudadanos se puedan presentar ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), organismo que también podrá actuar de oficio.
La Jutep será la encargada de determinar el daño y la responsabilidad de los jerarcas involucrados y luego promoverá acciones en la justicia civil.
