Este martes habrá una reunión para intentar cerrar el acuerdo; Cabildo estudia el texto por estas horas
Diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado lograron llegar a un texto de consenso para cambiar el proyecto de ley de tenencia compartida aprobado en el Senado y buscan llegar a un acuerdo con Cabildo Abierto para poder votar el texto este miércoles.
Una delegación de diputados blancos y colorados se reunieron el jueves y desde entonces trabajaron telemáticamente para redactar un nuevo proyecto que tenga el respaldo de todos los diputados de ambos partidos, algo que con el proyecto votado en el Senado no sucedía. Dentro de los colorados había legisladores que se oponían al texto y entre los blancos algunos habían planteado sus dudas, pese a que es un proyecto que tiene el respaldo explícito del presidente Luis Lacalle Pou.
Las diferencias en la interna del oficialismo obligaron a postergar una semana el tratamiento del proyecto en el plenario porque no tenían asegurados los votos para aprobarlo, ya que el Frente Amplio ya anunció su rechazo.
El texto acordado fue enviado a Cabildo Abierto que dará una respuesta en una reunión que se realizará este martes sobre el mediodía. El objetivo es salir de allí con un acuerdo para poder votar el proyecto en la sesión del miércoles. Del encuentro también participarán el Partido Independiente y el Partido de la Gente.
El texto enviado a Cabildo Abierto, al que accedió El Observador, hay que leerlo con referencias para poder entenderlo. En negrita aparecen los aportes del diputado colorado Ope Pasquet, en rojo los que hicieron los legisladores también colorados Felipe Schipani y María Eugenia Roselló y en azul los comentarios de la diputada nacionalista Alexandra Inzaurralde.
Twitter Carmen Asiaín
Lacalle apoyó de forma explícita el proyecto
Al mismo tiempo, los blancos ya adelantaron que en la reunión de este martes plantearán algunas consideraciones de manera personal que no están en el texto. Es decir, se trata de una norma en construcción pero que expresa el acuerdo de los partidos tradicionales.
El artículo 4 del proyecto, el que generó la principal controversia en la interna del oficialismo, tiene algunos cambios que apuntan a tener mayores garantías en caso de que uno de los progenitores presente una denuncia contra el otro. El procedimiento, a grandes rasgos, diferencia entre aquellos que ya tienen un régimen de visitas establecido por un juzgado de familia y aquellos que no lo tienen.
En caso de que un juzgado de urgencia reciba una denuncia de un progenitor contra otro y disponga medidas que afecten el régimen de tenencia o de visitas ya establecido, deberá remitir el tema al juzgado de Familia que ya hubiera intervenido en el caso en un plazo menor a las 48 horas.
Una vez que el tema sea tratado por el juzgado de familia, el nuevo texto establece que el juez no puede modificar el régimen de tenencia o de visitas “sin previo pedido del Defensor de los niños, niñas y adolescentes”. La propia norma establece que es obligatorio, en este tipo de procesos vinculados a los regímenes de tenencia o visitas, designar un abogado patrocinante para los niños, niñas y adolescentes.
“Sólo se suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso de que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente. En tal caso, dicha suspensión será transitoria y podrá revisarse conforme al principio “rebus sic stantibus” (si cambian las circunstancias).
Si no existía un régimen de visitas o de tenencia establecido, el juzgado que actúe de urgencia (que no es de Familia) ante una denuncia “dispondrá de medidas provisorias por el tiempo que considere necesario siempre y solamente a pedido de la Defensa”. Esa decisión será elevada a un juzgado de familia en menos de cuarenta y ocho horas para que se haga cargo del caso.
El texto original aprobado en el Senado, y que tenía el respaldo de Cabildo Abierto, establecía que el régimen de visitas no podía suspenderse por la mera denuncia de uno de los progenitores.
Al mismo tiempo, el nuevo texto agrega un artículo 4 bis que establece que la Suprema Corte de Justicia llevará un registro “de las medidas de protección de toda especie dispuestas” por los distintos juzgados.
“Antes de adoptar cualquier medida relativa a la tenencia o visitas de niños, niñas y adolescentes, los Tribunales competentes al efecto deberán consultar al registro y, si de él surgieran anotaciones relevantes para el caso en proceso, deberán solicitar a la Sede que adoptó las medidas la inmediata remisión de una copia fiel de las respectivas actuaciones, considerándolas, según su criterio, al dictar sentencia”, dice el texto.
“Por el momento no podemos decir que lo apoyamos. Mañana sabremos algo más”, dijo una fuente de Cabildo Abierto a El Observador.