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Bomberos tapió solo un edificio tras apuesta por evitar ocupaciones bajo nuevo decreto
Por muchos años fue el bar de ‘Cacho’. Después pasó a ser un comité en favor de la candidatura de Jorge Larrañaga, y aún quedan resabios de esa época marcados en la pared. Por último fue una casa, antes de que las llamas arrasaran con su interior, hicieran colapsar el techo y afectaran las viviendas vecinas. El incendio en la esquina de la avenida Luis Batlle Berres y Silvestre Ochoa, en pleno Santiago Vázquez, marcó la tarde del 22 de agosto del 2021.
Una discusión familiar derivó en que un menor prendiera fuego su hogar. Natalia vio el humo desde lejos, y con la referencia de dos antenas de la localidad se alertó por la proximidad con su casa. “Le pregunté a mi sobrina qué estaba pasando, y me contestó que viniera, porque estaban agarrando fuego todas las casas”, contó a El Observador la vecina de la manzana. “Salían unas lenguas gigantes de fuego. Quemó cables de Antel, quemó cables de UTE, quemó todo”, revivió.
Los manchones negros permanecen grabados en la fachada del que hasta hoy constituye el único edificio en todo el país tapiado por Bomberos desde la vigencia del decreto 213/021, según la información a la que accedió El Observador a través de un pedido de acceso. La medida firmada por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro Luis Alberto Heber en julio del 2021 constituía una apuesta del Ministerio del Interior por combatir las ocupaciones ilegales y el devenir de las estructuras abandonadas en bases para el narcomenudeo, según consignó Búsqueda en aquella fecha.
La nueva normativa le dio al cuerpo del Ministerio del Interior la posibilidad de “proceder inmediatamente” al bloqueo de las vías de acceso de los edificios, una vez que a causa de un siniestro o de riesgo de derrumbes se haya evacuado a los inquilinos. Antes del decreto la labor del organismo se limitaba a prohibir el reingreso de la estructura, pero eso no implicaba impedir el paso con bloques en puertas y ventanas.
El siniestro en Santiago Vázquez ocurrió al mes siguiente de entrada en vigencia de la norma. La madre del joven responsable del incendio relató ese día a Telenoche que su hijo incendió la casa sobre las 15 de la tarde. “Sin nada, me dejó sin nada. Solo con lo puesto. Él vive con nosotros, pero tiene problemas psiquiátricos y toma medicación”, narró.
Los vecinos consultados por El Observador recuerdan aún el altercado, el fuego que se extendía sobre las propiedades linderas y las pertenencias desperdigadas de urgencia sobre la vereda. Los primeros días permanecieron patrulleros custodiando la estructura devastada, sin puerta o ventana alguna para impedir el acceso. Al cabo de una semana los bomberos tapiaron todos los ingresos, y desde entonces los bloques grises están integrados al paisaje de la zona.
Según recabó el comandante del Área Metropolitana, Héctor Márquez, ese fue el único caso bajo su jurisdicción en que se ampararon en el nuevo decreto. El Comando de Bomberos del Interior, en cambio, no realizó ningún tapiado hasta ahora, según surge de la respuesta del comandante Martín Bogao.
Pero pese a estar vigente desde hace siete meses, solo ha incidido en un solo caso. Consultado por El Observador, el vocero Simón Burlón indicó que los bomberos solo pueden proceder según el decreto cuando "sea por incendio o que haya daños de estructura realmente complejos". La repartición tampoco puede actuar de oficio ante estructuras ya abandonadas y en estado de deterioro desde antes de la emisión del decreto, sostuvo.
"Para hacer eso tienen que darse ciertas circunstancias", explicó Burlón. "Para que Bomberos vaya, alguien tiene que hacer una solicitud de inspección", detalló. La ausencia de propietarios o las dificultades para localizarlos suponen uno de los grandes obstáculos que intendencias y ministerio tienen a la hora de clausurar viviendas, un aspecto que complica por ejemplo para el cierre definitivo de bocas de droga.
No obstante, la cartera reivindica la herramienta pese a su poco alcance. El director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, apuntó en diálogo con El Observador que el decreto se trata de “una más” entre las distintas políticas de tapiados. “Hay flor de laburo pero por distintas salidas”, declaró. La coordinación con los gobiernos departamentales es vital para dar con los propietarios, que son los que al fin y al cabo pueden habilitar la clausura.
Uno de los casos más recientes consistió en el cierre de un edificio de cuatro padrones en pleno Barrio Sur habitado por cinco familias. Allí las autoridades no solo tuvieron que desmontar una boca de drogas, sino que también debieron realojar a tres familias. La participación de la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (IM), Mercedes Clara, fue clave para lograr la evacuación.
"Lo más fácil para el trabajo de la Policía es la denuncia. Lo más difícil es a través de la acción civil, porque es eterno", manifestó González, en tanto las intimaciones judiciales y las expropiaciones pueden dilatarse por varios meses.
Vacíos
Desde 2018 la IM cobra un adicional del 100% a la contribución inmobiliaria de aquellas viviendas que están deshabitadas desde hace al menos un año. Para ello corrobora que los consumos de electricidad y agua sean inferiores al 90% del promedio histórico de esas propiedades, considerado en los valores registrados en los cinco años previos.
Según los datos oficiales a los que accedió El Observador, la comuna cobra este aditivo a las contribuciones de 3.973 padrones en el departamento. El alcance del tributo se multiplicó por siete desde su entrada en vigencia, lo que supuso en el último año ingresos por $ 22.879.711 a las arcas de la intendencia. Las casas deshabitadas son las más propensas a ser ocupadas de forma irregular.
El problema de las bocas de drogas llevó a que en junio del año pasado varias instituciones del Estado se sentaran a la misma mesa, desde González y Mario D’Elía, jefe de Policía de Montevideo, hasta el entonces fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez, la ministra de Vivienda, Irene Moreira y el subsecretario Tabaré Hackenbruch.
La cartera de seguridad transmitió en esa instancia la necesidad de mecanismos aceitados para dar con soluciones habitacionales para esos casos puntuales en que el cierre de una boca exija realojar a familias u ocupantes que conviven con esa situación sin estar involucrados. Ese dilema se da en especial en los esqueletos y edificios abandonados con ocupaciones.
