El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, presentó un proyecto alternativo para el "pago justo y reabsorción laboral de los ex funcionarios de Casa de Galicia”, luego de que el prestador de salud cerrara el 23 de diciembre de 2021 dejando deudas impagas con sus trabajadores médicos y no médicos.
A diferencia del proyecto que envió el Poder Ejecutivo en el que se prevé que cada uno de los trabajadores reciba un monto con un tope de 30 mil Unidades Indexadas –$173.493 a valores actuales–, el proyecto de Botana obliga al Estado a pagar la totalidad de los créditos post concursales (sueldos, jornales, licencias, aguinaldo, indemnizaciones), entre otras, que no hayan podido ser cubiertas durante el concurso de la institución. Dichos créditos deberían pagarse en un máximo de 18 meses desde la promulgación de la ley.
A su vez, el primer artículo de la ley faculta al Ministerio de Salud Pública a verificar el cumplimiento de la Ley 20.022, que señalaba que los trabajadores y usuarios de Casa de Galicia debían ser reabsorbidos en otros prestadores. Si algún prestador incumple, el proyecto prevé que se les descuente el 50% de la cápita recibida por la distribución de socios.
Además, los extrabajadores de Casa de Galicia que no hayan sido todavía ingresados a otras mutualistas deberán ser contratadas por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). La contratación deberá respetar categoría laboral, carga horaria, condiciones y remuneración. Dichas contrataciones deben ser realizadas en un plazo de 60 días desde la promulgación de la ley.
Proyecto del Poder Ejecutivo que es insuficiente para los extrabajadores
El texto está destinado a pagarles a 2.036 extrabajadores de Casa de Galicia y cada uno recibirá un monto con un tope de 30 mil Unidades Indexadas.
El monto propuesto por el Poder Ejecutivo es insuficiente para los extrabajadores de la mutualista debido a que existen deudas por $500.000, $800.000 e incluso $1.800.000 a funcionarios médicos y no médicos.
Ximena Carrera, vocera del gremio médico de Casa de Galicia, dijo a El Observador que "si el mecanismo del fondo del BPS no va a cubrir los despidos y si el proyecto de ley tampoco cumple con lo prometido, el Estado se expone entonces a juicios laborales por el total de la deuda, que son 42 millones de dólares", señaló.
