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Casa de Galicia: la "costumbre gallega" de la que habló Iglesias para justificar aportes de dinero en caja de zapatos

El responsable de la institución al momento de su cierre dio detalles en fiscalía de cómo eran los manejos económicos
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14 de abril de 2023 a las 05:03

Alberto Iglesias llegó sonriente a una Fiscalía que lo esperaba con nubarrones. Traía consigo una valija estilo carry on llena de documentación que, según dijo a los periodistas que lo esperaban en la puerta, era tan solo una pequeña porción de toda la que tenía para probar que en Casa de Galicia todo estaba en regla. El expresidente de la institución brindó su declaración frente al fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, quien investiga diversas irregularidades en su gestión.

De toda esa documentación que llevaba, no pudo mostrar nada. El fiscal le dijo que la entregue de la forma correspondiente y la llevará a la sede la semana que viene.

Pese a eso, Iglesias describió parte de esos documentos que, según la versión que dio, demuestran la trazabilidad del dinero cuestionado, según reconstruyó El Observador con fuentes judiciales.

Del interrogatorio también participó un contador de la Dirección General Impositiva quien se encuentra asistiendo técnicamente al fiscal Rodríguez y fue quien le consultó a Iglesias sobre una versión recibida en cuanto a que la Gerencia de Casa de Galicia recibía dinero en efectivo en caja de zapatos y bolsas. 

Iglesias confirmó que hubo instancias en la que recibieron dinero en cajas de zapatos y bolsas, pero aseguró que él no tenía intervención, sino que el dinero lo recibía eran la abogada y el gerente. Según su versión, el efectivo lo traían grupos de amigos gallegos de distintos directivos que querían ayudar.

El expresidente indicó que se trata de una costumbre o modalidad gallega ahorrar y meter el dinero en cajas. Sin embargo, aclaró, todo esas colaboraciones con las institución constan en contratos debidamente documentados y en los que especifica quienes aportaban ese dinero y los montos en cuestión.

En otro momento, Iglesias también contó que llegó a poner plata de su bolsillo para la institución –US$ 200 mil que no pudo recuperar– y en varios pasajes nombró a su exmano derecha, un funcionario hoy fallecido. Según contó, era quien hacía algunos pagos, compras y llevaba cheques. 

En su larga declaración, dio detalles de cómo fue su gestión administrativa de Casa de Galicia y opinó sobre los informes técnicos que presentó el Ministerio de Salud Pública y que entiende son sesgados. Hizo énfasis en que la interventora designada para Casa de Galicia, Alicia Rossi, fuera designada como nueva presidenta de la Junta Nacional de Salud.  Contestó todo lo que el fiscal como el contador le preguntaron, aunque en varias instancias se contradijo con lo que habían relatado otros funcionarios.

Iglesias también habló de los US$ 180 mil que el Ministerio de Salud Pública denuncia que fueron retirados por el presidente de la entidad de un cambio. En la audiencia, aseguró que no tenía el ticket que respaldara que utilizó el dinero para hacer un pago de la empresa, porque de ese tema se encargaban el gerente y el abogado.

Las irregularidades

En el escrito se denuncia que la mutualista realizó la compra de una clínica de los hermanos Leborgne por US$ 3,5 millones sin tasar su precio y sin "informes técnicos de ningún tipo". "Casa de Galicia quedó con el 51% de las acciones y dos personas con el restante 49% del paquete accionario, cuyo aporte está asociado a un crédito del Banque Heritage, el cual es amortizado por la propia clínica", detalla el documento.

Allí también se reportan irregularidades en otros dos edificios: la adquisición de otra clínica de los Leborgne, ubicada en Punta Carretas, que fue alquilada en un "contrato entre particulares" que pagó Casa de Galicia, y las obras en un Centro Oftalmológico de la mutualista ubicada en Avenida Centenario, que también pagó la mutualista a pesar de que el acuerdo marcara que el responsable era un médico, al que a cambio se le iba a dar un comodato por diez años.

Otra compra de un edificio en Avenida Centenario y Luis Alberto de Herrera por US$ 800 mil involucra directamente a Alberto Iglesias. Según indica el relevamiento de las interventoras, para pagar US$ 300 mil del edificio la mutualista pidió un préstamo de US$ 480 mil a un grupo de clientes de Corredores de Bolsa.

Tras pagar la deuda, el contrato establecía que los restantes US$ 180 mil debían ser depositados en un cambio. Cuando las interventoras reclamaron el dinero, el cambio "llamativamente informó que esa importante suma de dinero se habría entregado en efectivo a Iglesias el 10 de febrero de 2021".

Estas situaciones se contradicen con las dificultades económicas con las que contaba Casa de Galicia, a la que se le otorgaron dos fideicomisos en 2012 y 2019 para solucionar su situación. Las autoridades del prestador querían acceder a un nuevo préstamo millonario en 2021, lo que fue rechazado por el MSP antes de decidir su intervención.

La institución, según sostiene la cartera en la denuncia, liberó cheques "por millones de dólares que no tuvieron fondos", y emitió otros "firmados en garantía, con doble cobertura, ante la devolución de préstamos a acreedores financieros". Además, "se pagaban tasas de usura a acreedores financieros", a veces firmando contratos con tasas legales que luego se saldaban con tasas superiores.

Los préstamos financieros que la mutualista pagaba con medios de este estilo no tenían el "debido control sobre el origen de los fondos". "La detección de una necesidad, la elección del proveedor, la negociación, la firma de contratos o acuerdos, la conformación de la factura y la autorización para el pago, todo pasaba por Iglesias y una persona de su confianza, el cual lamentablemente se quitó la vida dos días después de efectivizada la intervención del Poder Ejecutivo", indica el documento.

También se marcó que las retenciones de los sueldos a los funcionarios de la institución "no fueron vertidas a los organismos e instituciones correspondientes".

Las interventoras también detectaron que luego de que el MSP rechazara el pedido de fideicomiso, e Iglesias solicitara que la institución entrara en concurso judicial –el que luego decretó el cierre–, el presidente "firmó órdenes irrevocables de pago a acreedores financieros y otras para ser abonadas por un Fideicomiso de Administración acordado con República Afisa, lo que implicó la cesión de créditos hasta entrado 2024".

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