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Casa de Galicia: pese a resistencia del gobierno, aprueban ley con más gasto del Estado para extrabajadores
El Frente Amplio, Cabildo Abierto, los diputados blancos Carmen Tort y Marcos Portillo, y César Vega del PERI votaron este miércoles para aprobar definitivamente el proyecto de ley que cubre los créditos laborales adeudados a exfuncionarios de Casa de Galicia.
La iniciativa aprobada semanas atrás en el Senado, aunque con una redacción distinta, había sido un revés para el oficialismo que en setiembre, al filo del plazo constitucional, recibió del Poder Ejecutivo un proyecto para constituir un fondo especial de US$ 8 millones a estos fines, menos de la cuarta parte de la deuda de US$ 42 millones denunciada por trabajadores.
Tanto el Frente como Cabildo y los senadores blancos Sergio Botana y Juan Straneo habían esgrimido días atrás –alineados con el reclamo de extrabajadores– que ese monto era insuficiente, en tanto suponía un cobro promedio de $174 mil por persona, contra los más de $600 mil que ya prevé el tope del Fondo de Garantía del BPS, también conocido como de "insolvencia laboral".
La nueva redacción aprobada por cabildantes y la oposición en la Comisión de Legislación del Trabajo establece que dichos créditos –por concepto de sueldos, licencias, aguinaldo, indemnizaciones y otros rubros posteriores al concurso de la mutualista– saldrán de ese mismo fondo del BPS, que se estima tiene unos insuficientes $420 millones (poco más de US$ 10 millones), compartido además con otras empresas que entraron a concurso.
En caso de insuficiencia de recursos, el gobierno "deberá" aplicar un artículo de la ley vigente desde 2018 que lo conduce a "integrar" el monto "a efectos de mantener la cobertura".
"Lo que hace es modificar la ley que hoy establece que, a falta de fondos, el Ministerio de Economía 'podrá' asistirlo financieramente. Ahora cambia el 'podrá' de esa ley por el 'deberá' asistir financieramente para pagar créditos posconcursales, porque se sabe que el dinero del fondo no es suficiente y está otorgando una desigualdad con respecto a otros trabajadores que están en las mismas condiciones", dijo a El Observador el subsecretario de Trabajo, Mario Arizti, quien este martes expuso ante los diputados sus discrepancias con el proyecto que horas más tarde ingresaría en el plenario.
"Directamente se incrementa el gasto a un año de las elecciones", afirmó el jerarca, alegando que por esa razón es inconstitucional, un argumento recogido este miércoles por las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado.
Si bien el Frente y Cabildo ya tenían la mayoría necesaria en Diputados para aprobarlo la semana pasada, el cabildante Martín Sodano apuntó que aguardarían por una semana dado que el líder de su partido, Guido Manini Ríos, estaba negociando con el Poder Ejecutivo una alternativa a la redacción.
Ambas fuerzas políticas ya habían acordado un texto distinto al del Senado luego de que fracasara su votación al filo del plazo constitucional a un año de las elecciones, cuando blancos y colorados no dieron el quórum.
El día antes, los ministros habían anunciado a los senadores oficialistas que si la iniciativa pasaba el Parlamento, lograría el veto de Presidencia de la República.
La propuesta del gobierno para "aliviar la inconstitucionalidad"
Esta vez la coalición encontró una salida intermedia, modificando a propuesta del Poder Ejecutivo la redacción del artículo 5° formulada por el Frente Amplio. "A Manini y a legisladores de otros partidos les mostramos el inconveniente de ese artículo", contó Arizti.
El texto aprobado en comisión apuntaba que los 494 trabajadores no médicos y los 455 médicos de la liquidada Casa de Galicia que aún están pendientes de ser contratados "se distribuirán entre" las mutualistas "obligadas en un plazo máximo de 180 a partir de la promulgación" de la ley, debiendo mantener sus categorías laborales y considerar su antigüedad.
La diputada colorada María Eugenia Roselló había afirmado en comisión que eso es "inconstitucional desde el momento en que nadie puede obligar a una empresa a que contrate a otro trabajador en ese plazo y, mucho menos, bajo las mismas condiciones laborales que tenían en Casa de Galicia antes de que se fundiera".
La coalición acordó en cambio votar un sustitutivo ofrecido por el Ministerio de Trabajo para "evitar inconstitucionalidades" y "continuar con el proceso establecido en la ley 20.022 que creó la "bolsa de trabajo" con exfuncionarios de Casa de Galicia. El nuevo texto mantiene que "los prestadores de asistencia integral de salud que recibieron afiliados a la exmutalista deberán consultar en la base de datos previo a cualquier contratación permanente o transitoria de personal médico o no médico", obligando a estos prestadores a presentar declaración jurada para "acreditar" el cumplimiento de la ley.
"La ley 20.022 estableció un mecanismo de consulta que es lo que falló ya que no se legisló sobre una sanción en caso de incumplimiento en la consulta. Si se soluciona este punto, no sería un problema la futura distribución del personal", fundamentó el gobierno, según el sustitutivo al que accedió El Observador.
Este artículo también faculta a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a "contratar personal directamente" de la bolsa de trabajo, y a sus comisiones de apoyo a consultar esta base de datos cada vez que "proceda a contratar personal para la Red de Atención Primaria Metropolitana o los hospitales de dicha área", debiendo acreditar el cumplimiento mediante presentación trimestral de declaraciones juradas.
"Si se levantan estas observaciones, no tendría sentido el veto", consideró el subsecretario Arizti para este punto, aunque el oficialismo sí mantiene críticas a los "vicios de inconstitucionalidad" del proyecto actual.
"La postura oficial nuestra es votar en contra, tiene vicios de inconstitucionalidad muy importantes, disposiciones que traerían aumento del gasto, obligando al MEF a inyectar dinero para el fondo de los despidos, además de cambiar la redacción original que lo facultaba y ahora lo obliga", planteó a El Observador el nacionalista Pedro Jisdonian.
"La gran oposición que encontramos a este proyecto es la falta de diálogo, se volvió a la época que todo se votaba a tapa cerrada y mano de yeso", afirmó Jisdonian, valorando la alternativa del artículo 5° como una vía para "alivianar la inconstitucionalidad". "¿Sabe qué va a pasar?", cuestionó este miércoles en sala: "Lo que pasó muchísimas veces cuando se votaban artículos así: se van a declarar inconstitucionales", dijo y agregó que "es muy fácil sumarse a un proyecto que genera falsas expectativas".
Pese al sustitutivo aprobado, el subsecretario Arizti mantuvo que el artículo 1° "jurídicamente merece reparos". "Aún no fue hablado con el seno del Poder Ejecutivo. Habrá que analizar qué posición tomamos", concluyó, sin descartar el veto.
