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Cendoya declarará el 3 de setiembre y el fiscal resolverá luego si lo imputa

Diego Pérez indaga la destrucción de documentos de la Ursec por parte de un exfuncionario que ingresó sin permiso y trituró papeles

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27 de agosto de 2020 a las 05:01

El fiscal Diego Pérez volverá a interrogar al exdirector de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) el martes 3 de setiembre, y luego resolverá si pide la imputación del indagado en el marco de la causa por la que se indaga la destrucción de documentación del organismo por parte de un exfuncionario que ingresó el 1 de junio sin autorización, y trituró papeles en la máquina, según supo El Observador por fuentes del caso

Si bien el fiscal había pedido remitir la actuación de Cendoya a la fiscalía especializada en delitos económicos, con competencia en hechos de corrupción pública, desde la Fiscalía de Corte entendieron que él debía seguir a cargo del caso ya que llevaba semanas investigando por lo que se tuvo en cuenta  "el avance importante" en la indagatoria.

Pérez planteó que Cendoya podría ser imputado por abuso de funciones, por lo que a su juicio correspondía que el caso pasara a la fiscalía de Ricardo Lackner, quien ya imputó por ese delito a dos funcionarios del Ministerio Público por haber filtrado la denuncia de Ursec a una procuradora que también trabajaban en el organismo, y ella se lo derivó al exjerarca del Frente Amplio.

Esa funcionaria que trabajaba en pase en comisión en la oficina de Cendoya le comunicó al jerarca que tenía en su poder la copia de la denuncia presentada por Aramendía. "¿Me podés mandar una copia?", le escribió Cendoya por WhatsApp. Luego el documento llegó a su celular. 

Esa comunicación dejó a Cendoya involucrado en el abuso de funciones y por eso Pérez había querido remitir el caso a la fiscalía de Lackner pero en la resolución firmada por el fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, se argumentó que Pérez que el fiscal de Flagrancia "está facultado para imputar cualquier tipo de delito que entienda pertinente".

La indagatoria sobre lo ocurrido en la Ursec comenzó el 3 de junio, cuando Mercedes Aramendia, la presidenta del organismo, presentó una denuncia en la que solicitaba que se investigaran presuntos hechos ilícitos ocurridos el lunes 1º de junio.

La denuncia señalaba que un exfuncionario del organismo ingresó al edificio, sustrajo y destruyó documentación de la Secretaría General en una máquina trituradora.

Junto con la denuncia fueron aportados videos que muestran que este hombre ingresó al área de la Secretaría General (donde no hay cámaras) a las 11:02 de la mañana y se retiró a las 11:26. Luego volvió a entrar a las 11:48, esta vez con un bolso y se retiró a las 12:24 con otros documentos en la mano.

Tanto Cendoya como el abogado que destruyó los papeles afirmaron que lo que trituró fueron apuntes personales pero la reconstrucción de dos de los documentos por parte de los investigadores de la Dirección de Inteligencia de la Policía contradice esa versión. Según informó Aramendía en el Parlamento a mediados de julio, en uno de los documentos se encontró una "firma original" de una funcionaria del Ministerio de Industria.

El Observador informó el 3 de julio que el número del expediente detectado en primera instancia remitió a otro correspondiente a una denuncia por irregularidades. El expediente estaba en poder del abogado y había quedado en la bandeja de entrada del funcionario sin que nadie más pudiera acceder.

Aramendía dijo también a los diputados que ese documento está vinculado a otro en que un particular anunciaba que denunciaría a la Ursec por el artículo 302 del Código Penal. Ese artículo tipifica el delito de revelación de secreto profesional, y castiga a quien, "sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión".

El exjerarca señaló que hay una campaña en su contra para evitar que sea designado como director de Antel, ya que su nombre fue propuesto por el Frente Amplio para integrar el organismo. A causa de la indagatoria penal la venia quedó en suspenso y no ha sido enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

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