En Treinta y Tres "hay personas indagadas, procesadas y privadas de libertad como consecuencia de procesos arbitrarios y no garantistas", señala la denuncia a la que accedió El Observador, presentada por el Colegio de Abogados del Uruguay contra la jueza penal de Treinta y Tres, Mariela Tejera, la magistrada de paz, Virginia Bajac y la fiscal Sandra Fleitas.
Consultado sobre el tema, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, aseguró en El Observador TV que a nivel de la SCJ se concluyó la investigación administrativa y se inició un sumario administrativo a las dos juezas acusadas de abuso de poder. En el caso de la fiscal, la investigación está en la órbita de la Fiscalía General de la Nación, dependiente del ministerio de Educación y Cultura.
"He leído que la Corte, al no separar del cargo, estaría teniendo un criterio benigno respecto de jueces corruptos", dijo Chediak. "No se trata de un tema de corrupción. Aquí de lo que se trata es de inconductas denunciadas, presuntas, de apartamiento de las estrictas normas de conducta que los jueces tenemos", dijo el ministro de la SCJ. "Hasta ahora no ha habido justificación para separar a las magistradas del cargo. Pero eso al día de hoy", agregó.
Chediak destacó que la Suprema Corte Judicial que integra "ha sido de las más firmes en la lucha contra los pocos episodios de corrupción" que han sucedido en el país en los últimos años. Entre ellos, el de la prestigiosa jueza Anabella Damasco, un caso que el presidente de la SCJ catalogó como "paradigmático". "Uruguay sigue siendo el segundo país con independencia judicial y ausencia de corrupción desde Canadá hasta Tierra del Fuego", remarcó el magistrado.
Además, el presidente de la SCJ aseguró que el organismo que dirige tiene una política de "tolerancia cero" a la corrupción y a cualquier apartamiento de los "estrictos" estándares de actuación que tienen los jueces. En ese sentido, Chediak informó que en las mismas fechas que se iniciaba el sumario a las juezas olimareñas, otro juez del departamento de Paysandú fue sumariado con separación del cargo y retención del 50% de los haberes.
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