Paro y movilización de COFE en junio de 2022

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COFE condiciona acuerdo salarial a que no avance reforma de la carrera de funcionarios públicos

Desde COFE no conocen "ni un solo artículo" de la reforma de la carrera administrativa que planteó la Oficina de Servicio Civil, dijo el secretario general López
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30 de junio de 2022 a las 09:24

Este miércoles al mediodía la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Públicos (COFE) votó a favor de la propuesta del gobierno para que alrededor del 80% de los trabajadores públicos alcanzaran el 6% de recuperación salarial en 2025, pero pocas horas después dio marcha atrás, a menos de 24 horas de la presentación de la Rendición de Cuentas en el Parlamento.

La firma de ese acuerdo hubiera asegurado la paz sindical, al menos en temas salariales, por un par de años. Sin embargo, otros temas que pueden ir en la Rendición de Cuentas frenaron el acuerdo. 

Martín Pereira, presidente de COFE, dijo en Twitter que cuando fueron a firmar el acuerdo se encontraron con "una sorpresa en las condiciones laborales": los artículos presentados por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), referidos a la carrera administrativa y la reforma del Estado.

“Íbamos a firmar, pero nos enteramos, medio de rebote, que en la Rendición de Cuentas iban a ir varios artículos vinculados a los funcionaros públicos que no han sido negociados con COFE. Nosotros sin tener la certeza de qué dicen esos artículos, no podemos firmar un cheque en blanco”, dijo el secretario general del gremio, José Lorenzo López, en una conferencia de prensa realizada el miércoles por la noche.

La reforma que pretende hacer el gobierno se basa en un decreto del Poder Ejecutivo del 14 de junio que dio un año a los ministerios para hacer una reestructura de sus funcionarios. COFE se enteró del plan cuando fue publicado, y presentó un recurso administrativo en Torre Ejecutiva el 23 de junio, indicó López a El Observador.

De la reforma de la carrera administrativa, sin embargo, López aseguró que el sindicato no conoce "ni un solo artículo de los que va a ir", y que entienden serán más de 30. Sin embargo, a pesar de que el gobierno mantiene en su órbita el proyecto, no impulsará grandes cambios en la actual Rendición.

Las negociaciones con el Ejecutivo, que parecían haberse concretado en un principio de acuerdo el pasado martes, ahora ingresaron en un cuarto intermedio hasta las 12 horas de este jueves, cuando COFE irá al Ministerio de Trabajo (MTSS).

Allí se reunirán con autoridades de esa cartera, del Ministerio de Economía (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la ONSC. Buscan "que se deje sin efecto" la reforma que planea el gobierno, o que al menos exista "algún mecanismo" para que los trabajadores públicos puedan negociar su alcance, marcó el secretario general de COFE.

La reforma

El primero de los dos proyectos que no conforma a los trabajadores públicos es el de la reforma del Estado, plan para el que el Poder Ejecutivo publicó un decreto el 14 de junio en el que dio 360 días a todos los ministerios para presentar un plan de reestructura de sus oficinas.

El plan puede involucrar la "transformación" y "fusión" de oficinas con otras dependencias del gobierno, pero "no incrementará el costo de los vínculos laborales con el Estado", indica el decreto, que tiene como objetivo actualizar los organismos de la administración central para "habilitar un Estado más eficaz en su accionar regulador y prestador de servicios esenciales a la sociedad, incrementando su calidad sin aumentar sus costos".

Uno de los puntos que genera discrepancias es el que marca que cada organismo deberá "proponer una lista de cargos y funciones excedentarias así como de aquellos vínculos laborales que de acuerdo con la propuesta de reestructura, se prevé discontinuar". Los puestos afectados, considerados "excedentarios", ingresarán en una nómina desde la que podrán ser trasladados a otras dependencias del Estado.

El 23 de junio COFE presentó en Torre Ejecutiva un recurso administrativo contra el decreto, del que se enteraron cuando fue publicado y que esperan poder negociar. "No compartimos la visión del Poder Ejecutivo ni cómo salió eso", marcó López.

"Va en línea con la política de ajuste, donde se indica a cada uno de los ministerios que deberán declarar funcionarios excedentes", dijo el sindicalista en entrevista con La Diaria ese jueves, y agregó que la administración necesita "una política de ingreso de funcionarios porque hay servicios que ya no se están pudiendo prestar".

Los otros cambios a los que se refiere COFE están vinculados a los que la ONSC presentó para la carrera administrativa pública. Según López, esta reforma cuenta con alrededor de 30 artículos en la Rendición que desconocen, y qué pedirán a las autoridades en la reunión de este jueves. 

El proyecto, que fue planificado por las autoridades del actual gobierno desde 2020, plantea un sistema de carreras basado en "ocupaciones", y que se enfocan en "resultados, logros esperados y alineados a distintos procesos que la Administración tiene que llevar a cabo", indicó Fernando Carrasco, director de la División de Estrategias de Gestión Humana de la ONSC, en una entrevista publicada por la propia oficina en diciembre de 2021.

El cambio principal de esta propuesta se basa en la eliminación de los tres escalafones que marcan el nivel de estudio del funcionario, pasar de 16 grados laborales a cinco, y la creación de 126 ocupaciones a las que los funcionarios podrán aplicar con base a sus conocimientos, sin importar sus antecedentes, lo que permite una mayor "movilidad", indicó en aquel entonces Carrasco.

"Tenemos déficits importantes en la organización de nuestro sistema de carrera. Esto se refleja en fuertes disparidades salariales entre las personas que trabajan en la Administración Central y que realizan tareas similares; tenemos muchos problemas para que la gente ascienda y haga carrera", dijo por su parte Alejandro Milanesi, adscripto de la dirección del organismo, en la misma entrevista.

Esta discusión se da, además, mientras existe una reforma vinculada a las certificaciones médicas de los funcionarios públicos que fue aprobada en el Parlamento pero que no se aplica por falta de acuerdo. 

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