Al gobierno se le abrió un nuevo frente político en torno al caso que involucra al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con el Instituto Nacional de Colonización (INC). La bancada del Frente Amplio (FA) en el Senado le exigió este miércoles que le revele todos los detalles sobre las razones de su decisión de contratar a una consultoría externa para determinar si el excomandante en Jefe del Ejército y varios integrantes de su familia son o no son colonos.
Los legisladores cursaron el pedido a partir de la información de El Observador que a principios de este mes dio cuenta de esa contratación, definida por mayoría en el directorio con el voto contrario del representante del FA, Andrés Berterreche, luego que dos análisis sucesivos de organismos internos del instituto -la División de Inspección General y la Asesoría Letrada la Sala de Abogados- concluyeran en forma contraria a los intereses del líder cabildante. Todo en un proceso que fue declarado bajo reserva, cuyas grietas generaron a su vez nuevas quejas políticas.
Entre otros aspectos, la izquierda reclama conocer qué procedimiento se utilizó para la contratación del consultor externo, y si fue a través de un llamado abierto. Además de identificarlo oficialmente, el INC deberá informar sobre le costo de su contratación y si ese monto corresponde al procedimiento administrativo utilizado.
La contratación de ese consultor externo fue decidida con el fin -según había dicho el presidente del directorio, Julio Cardozo- de otorgarle al proceso "todas las garantías". El FA cuestiona ahora esa conclusión, bajo el argumento de que Manini ha recibido hasta el momento todo tipo de garantías, si se toma en cuenta que pudo acceder a la vista de todos los informes conocidos hasta ahora e, incluso, efectuar sus descargos.
Fuentes vinculadas a todas las partes mencionaron a El Observador a Horacio De Brum como el consultor contratado. Es abogado, docente e integra la Cátedra de Derecho Agrario de la Universidad Católica (UCU). Productor agropecuario, en la pasada legislatura fue suplente de la diputada Cecilia Eguiluz, electa entonces por el Partido Colorado y vinculada hoy a Cabildo Abierto. Vinculado a la agrupación de Germán Coutinho en Salto, el actual senador colorado señaló que De Brum está alejado de la actividad política desde 2016.
Colonización espera recibir ese informe para, al final, llegar a una determinación que cierre un proceso abierto a fines del año pasado. Este miércoles los directores recibieron las conclusiones de la Sala de Abogados, convocada especialmente. Fuentes consultadas por El Observador señalaron que va en sintonía con informes conocidos anteriormente. Por ejemplo el de la División de Inspección General del INC, que en marzo de este año señaló que el Inmueble 511, ubicado en Artigas y en el que Manini posee 2.856 hectáreas en sociedad con su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira, y su suegro, el coronel retirado Roque Moreira, está afectado a Colonización. Por lo tanto, todos deberían residir allí y explotar directamente el predio.
Lo mismo había concluido en junio otro informe de la Asesoría Letrada del INC, que ratificó la condición de colonos de los tres involucrados.
Es más de lo mismo
La definición de este miércoles era esperada por el entorno de Manini. "No nos sorprende", le dijo a El Observador Ignacio Curbelo, abogado del líder Cabildante. Curbelo reflexionó con que era previble que la Sala de Abogados fallara en la forma que lo hizo, tomando en cuenta las conclusiones de las demás instancias internas del INC. Allí cuestionó la nueva "filtración" que según dijo representa una grave violación a la confidencialidad declarada sobre todo el expediente. "Es una vergüenza", indicó. "Yo cada vez que quiero tener acceso tengo que hablar con Jurídica", mencionó.
El abogado adelantó que se aguardará una comunicación oficial del directorio y aseguró que, más allá de los informes conocidos, no tiene dudas: la resolución será que su defendido no es colono. En esa línea, apeló a las "conclusiones tajantes" de otro estudio que Manini encargó al experto en Derecho Agrario, Enrique Guerra Daneri, presentado ante el INC en junio de este año, donde alude a una serie de "equívocos" en los que el instituto incurrió hace casi medio siglo, cuando el suegro del general retirado adquirió ese campo.
A juicio de Guerra Daneri, ese predio nunca reunió las condiciones para ser colonizado. Además, subrayó, el instituto incluyó en el régimen de colonos a personas -como el entonces teniente coronel Moreira- que por su condición económica no podían serlo. Así se demuestra por una posterior rescisión del contrato original, refrendada por el directorio a fines de enero de 1975, y la firma de una nueva promesa de compra-venta en la que se indició que los campos en cuestión "no eran aptos para su colonización y que fue ello lo que motivó en su momento su enajenación al mejor postor a través de un llamado público"
Más allá de los sucesivos informes, ninguno será vinculante. La decisión final sobre la condición legal de Manini y los suyos será, eminentemente política, dado que será, también en este caso, por voto del directorio de Colonización.