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Cómo se realiza el cambio de sexo y qué tan preparados están los prestadores de salud

Las instituciones reclaman que el Ministerio de Salud Pública no haya dado indicaciones acerca de cómo se debería implementar la norma 

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22 de mayo de 2019 a las 15:22

Desde el 30 de abril, las personas transexuales que así lo deseen pueden solicitar a sus prestadores de salud una intervención quirúrgica total o parcial y/o iniciar el proceso de hormonización. Así lo dispuso la Ley Integral para Personas Transexuales, que finalmente reconoció el derecho a acceder a todo “aquello que se vincule a la adecuación del cuerpo a la expresión de género”. 

Para los prestadores privados, la inclusión de estos procedimientos en la canasta básica de prestaciones significa que deben garantizar sin excepciones los derechos que la norma reconoce, sin poder ampararse en el derecho de admisión. El Observador consultó a algunos de ellos para saber cómo se prepararon para la entrada en vigencia de la ley y cuántas consultas recibieron desde entonces. 

La poca cantidad de consultas e iniciación del proceso fue el común denominador encontrado a partir de ese relevamiento. El presidente de Casmu, Gustavo Bogliaccini, aseguró que no recibieron consultas y el asesor legal de Universal, José Antonio Kamaid, dijo que “hubo pacientes que se acercaron para solicitar una consulta con la dirección técnica, pero de manera informal”. Igual fue el caso del Sanatorio Mautone, institución a la que solo llegaron preguntas por correo electrónico, según dijo Gustavo Rodríguez, su director técnico. 

Desde que entró en vigencia la ley, cuatro afiliados de la Asociación Española consultaron asesoramiento sobre la hormonoterapia; tres de ellos, adolescentes. En esta institución no se realizaron cirugías de reasignación de sexo, según indicaron, pero siete mujeres trans y cuatro varones trans están bajo tratamiento de hormonización. En el Servicio Médico Integral (SMI), en tanto, tres personas iniciaron el proceso de entrevistas para empezar con el procedimiento, según supo El Observador. 

Una de las principales preocupaciones de las instituciones es que no cualquier profesional está preparado para realizar la cirugía de reasignación de sexo. Bogliaccini reconoció que si uno de los socios de Casmu la solicitara, el prestador tendría que contratar a un profesional de manera puntual, dado que creía que ninguno de los médicos que allí trabajan están preparados para realizar “esta técnica tan restringida”. En el mismo sentido se expresó el director técnico del Sanatorio Mautone. 

El reconocimiento de este derecho genera preocupación en el sector de la salud acerca de cómo va a ser implementado. “Creo que quedan muchas cosas por reglamentar, sobre todo cuál va a ser la perspectiva desde el punto de vista del sistema de salud. Dónde se va a dar este tipo de cobertura y cuáles son los tipos de cobertura que se van a incluir”, manifestó Martínez. Por su parte, Kamaid señaló que no le constaba que hubiera “un estudio de qué se le debería exigir a los profesionales capacitados para llevar adelante los tratamientos”. 

El Ministerio de Salud Pública aún no se puso en contacto con los prestadores de salud para ahondar en cómo se va a implementar la ley y cuáles son las obligaciones que sobre ellos pesan desde que entró en vigencia la norma. El Observador intentó durante varias semanas concretar una entrevista con un representante de la cartera, pero no fue posible. El ministerio está evaluando qué pasos dar y en breve contactará a las instituciones, manifestaron fuentes del ministerio.

“No hemos tenido información oficial que nos diga cómo esperen que se aplique y se procese esto. Me parece que es necesaria una ordenanza ministerial que baje a tierra lo más general —que establece la ley— y lo que marca el decreto, que avanza un poco más en las técnicas. Aspiramos a que nos contacten para discutir los aspectos prácticos”, insistió el asesor legal de Universal. La semana pasada, las autoridades del Plenario de Instituciones Mutuales —integrado por Universal, SMI y Cudam— se reunieron para discutir, entre otros tema, cómo implementar la Ley Integral para Personas Transexuales. 

¿En qué consiste la intervención quirúrgica y cuántas personas tienen intención de realizársela?
En el caso de las transexuales, la técnica más frecuente es la vaginoplastia por inversión peneana. El cirujano plástico tiene que revertir la piel del pene y el escroto para crear una vagina que sea funcional. El médico también puede usar parte del intestino grueso de la paciente para este fin. 
En el caso de los transexuales, la cirugía que más se realiza es la metaidoiplastia, que consiste en la construcción de un pene a partir del clítoris previamente hipertrofiado mediante un tratamiento hormonal. La faloplastia supone la construcción del miembro a partir de tejido de otras partes del cuerpo, como el antebrazo. En una segunda intervención, al paciente se le implantan prótesis de testículos. 
La primera operación exitosa de cambio de sexo en Uruguay se realizó en el Hospital de Clínicas, en 1991. Antes de que entrara en vigencia la ley integral, el centro universitario era el único que ofrecía sin costo el procedimiento. Para ello trabajaba en conjunto con la policlínica de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Saint Bois, donde el paciente iniciaba el tratamiento hormonal requerido. En un período de 26 años se practicaron 20 operaciones, según consignó La Diaria en 2017. 
La población trans es minoritaria y, en su amplia mayoría, pobre. Según el censo realizado en 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social, en Uruguay hay 853 personas trans. La desvinculación familiar a edades tempranas lleva a la deserción del sistema educativo, lo que a su vez incide en el trabajo sexual callejero como alternativa segura para el sustento, explica la medición. A su vez, señala que apenas el 38% quiere realizarse la intervención quirúrgica, mientras que el 61% no tiene interés en hacerlo. 
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