Nacional > SISTEMA CARCELARIO

Con el nuevo Código disminuyó el número de presos, pero las malas condiciones de reclusión persisten

El informe anual del comisionado para las cárceles señala que el 44% de los reclusos está en malas condiciones y el 30% recibe tratos crueles o degradantes
Tiempo de lectura: -'
17 de mayo de 2018 a las 19:30
En momento en que se discute sobre los efectos del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), vigente desde noviembre de 2017, el informe anual del comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, confirmó que desde esa fecha se registró una caída en la cantidad de personas privadas de libertad. De todos modos agregó que en los tres primeros meses del 2018 se observó que el descenso se detuvo y que no es posible "dar una explicación unívoca" sobre lo que "parece ser un cambio de tendencia" que ha traído la norma en los diversos actores –policía, jueces, fiscales- de la política criminal. Además concluyó los casos de libertad vigilada y vigilada intensiva aumentaron significativamente con la puesta en marcha del código, lo que implica un gran incremento de trabajo para la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA).

No obstante, el comisionado advirtió que las condiciones de reclusión siguen siendo malas, que hay insuficientes condiciones para la integración social para el 44% de la población carcelaria, existen tratos crueles, inhumanos o degradantes para el 30% y sólo existen oportunidades de integración para un 26% de la población penitenciaria. Además Uruguay sigue teniendo un sistema penitenciario "de llamativa magnitud", ya que ocupa el puesto 28 de un total de 222 países en el ranking de países con más presos por habitante, con 321 presos cada 100 mil habitantes.

Presos sin condena

El informe señala que en 2017 el 69,2 en promedio no tenía condena ocupando el lugar 13 de un total de 217 países. No obstante indicó que en los primeros meses del 2018 esa tendencia se comenzó a revertir llegando al 63,4% frente a un 36,6% de penados.

Las peores y las mejores cárceles

Según el comisionado subsiste un sector con unos 25 internos en el módulo 12 del Comcar donde persiste el confinamiento, lo que viola la convención contra la tortura ratificada por Uruguay. A su vez indica que en el 30% de los centros de reclusión se cometen tratos crueles, inhumanos o degradantes: ellos son los celdarios 1 y 2 de Libertad; los módulos 8, 11 y 12 de Santiago Vázquez (exComcar); el piso 4 de la unidad Nº 5 Femenina; el módulo 2 de la cárcel de Canelones; el sector A de la Maldonado; el sector de delitos sexuales de la cárcel de Paysandú y el sector ingreso de la de Soriano.

En el otro extremo, están los centros en los que la violencia interna es baja o inexistente, donde los directores y referentes conocen a los internos y tratan de responder a sus necesidades. Ellos son la Chacra Libertad y "Barracas y Contenedores" de Libertad; los módulos 6, 7 y 9 del Comcar; los pisos 1, 2 y 3 de la Unidad No 5 Femenina; Punta de Rieles; Domingo Arena; Juan Soler en San José; Tacuabé en Salto; parte de la cárcel de Maldonado; parte de la de Cerro Largo, y las de Lavalleja, Durazno, Salto, Artigas, Flores, Artigas y Paso Ataque de Rivera.

47 muertes en las cárceles

El informe reportó que en 2017 hubo 47 fallecimientos en custodia, 28 fueron violentos y 19 fueron no violentos. Entre las muertes violentas se contabilizaron 17 homicidios, 10 suicidios y una por una caída de altura por causas no del todo aclaradas. La cifra total de muertes fue la misma en los últimos tres años. El promedio de edad de las personas fallecidas en el 2017 es de 37 años. Considerando solo las muertes violentas, el promedio de edad es de 28 años. La mayoría de las muertes ocurrieron en la Unidad Nº 4 Santiago Vázquez, con una proporción muy similar en el 2017 (45%) y en el 2016 (47%). Esta Unidad aloja poco más del 33% de la población del sistema penitenciario.

Educación

El informe señala que pese a los avances registrados (un 21, 3% de la población accede a educación), es totalmente insuficiente la cobertura educativa dentro de las cárceles y sus programas y actividades son inadecuadas. Además, señala que es alarmante cantidad de analfabetos, no menos del 10% de la población penitenciaria es analfabeta.

Trabajo

Del total de plazas laborales, el 72% (2.977) representan trabajo no remunerado y sin seguridad social. El 18% (743) recibe un peculio por su trabajo, en general se trata de emprendimientos internos de las unidades. El 10% (426) restante percibe un salario por su trabajo. Éstos últimos representan convenios con entidades externas públicas o privadas. En Punta de Rieles se concentran la mayoría de los convenios laborales.

Advierte que "el rol del fajinero, en los lugares donde predomina el encierro, es, además de apetecido, muy riesgoso. Como el fajinero es quien circula por el Módulo, recibe múltiples pedidos y presiones de los demás internos. Cuando no los puede concretar, esto se vuelve fuente de conflictos. No es casual que muchos de los hechos de violencia hayan tenido a fajineros como víctimas".

Recomendaciones

El comisionado de cárceles propuso "abrir las puertas al ingreso al sistema penitenciario a cuadros de gerencia y de dirección provenientes de fuera del sistema, mediante sistema de concursos abiertos a los diversos escalafones profesionales"; convocar a los organismos rectores de las políticas sociales, en particular al Ministerio de Desarrollo Social, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y a las intendencias para que hagan llegar sus servicios sociales a las cárceles; mejorar significativamente la atención en salud mental.

Con respecto a la educación y el trabajo planteó incorporar la educación penitenciaria a la Ley Nacional de Educación, definiendo las atribuciones de una agencia educativa para la privación de libertad; promover el emprendedurismo dentro del sistema penitenciario, y crear un grupo de trabajo que en corto plazo promueva la regulación del trabajo penitenciario.

A su vez, entre otras numerosas recomendaciones señaló la necesidad de "realizar una re ingeniería de la gestión de los macro penales, definiendo unidades de convivencia de no más de 500 internos"; contar con un call center que provea información a defensores, familias y allegados sobre las situaciones de las cuales se pueda reportar de las personas privadas de libertad; instalar videocámaras para la prevención de la violencia, en especial en los centros de mediana y alta seguridad.

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 345 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 345 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...