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Congreso de Brasil estudia las cuestionadas cuentas de Dilma

Justicia detectó irregularidades por más de US$ 28.000 millones
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10 de octubre de 2015 a las 05:00
El Congreso de Brasil inició el trámite de los balances fiscales de 2014 del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, cuya reprobación ha sido recomendada por el Tribunal de Cuentas, informaron fuentes oficiales.

La mesa del Senado recibió el dictamen del Tribunal de Cuentas y el presidente de la Cámara Alta, Renan Calheiros, tiene previsto remitirlo inmediatamente a la Comisión Mixa de Presupuesto.

Esa comisión, una vez que comience los trabajos, tiene un plazo de 82 días para estudiar el informe, debatirlo, presentar enmiendas, someterlo a votación y enviarlo al pleno del Congreso, donde se votará posteriormente.

El dictamen del Tribunal de Cuentas concluye que el gobierno cometió una serie de irregularidades para maquillar en 106.000 millones de reales (cerca de US$ 28.200 millones) el resultado del presupuesto de 2014.

La oposición cree que ese dictamen es una "prueba" de que Rousseff, que se encuentra de visita en Colombia, violó la ley de responsabilidad fiscal, lo que daría sustentación jurídica a sus reiterados pedidos de que se inicie un juicio político con el objetivo de destituir a la presidenta.

El gobierno atribuye esas discrepancias en las cuentas a "fallos formales" y espera que la mayoría oficialista logre la aprobación de los balances a pesar de las tensiones que Rousseff mantiene con algunos partidos que integran la coalición gubernamental.

Por otra parte, ayer el diario brasileño Folha reportó que en una reunión a puertas cerradas con sus ministros, la mandataria calificó los pedidos de destitución de la oposición como un "golpe democrático a la paraguaya".

Rousseff habría aludido así a la destitución del presidente de Paraguay Fernando Lugo ocurrida en junio de 2012 en un rápido juicio político en el que fue acusado de "mal desempeño" de sus funciones, una situación por la que Paraguay fue suspendido temporalmente del Mercosur.

En Brasil cualquier persona puede presentar una solicitud para que se inicie un proceso de destitución del jefe de Estado.

La Cámara de los Diputados rechazó una decena de solicitudes de esta naturaleza y estudia al menos otros nueve.

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