Un año después del estallido del "Catargate", el escándalo sobre corrupción que hizo tambalear los cimientos del Parlamento Europeo, las investigaciones continúan y sugieren que aún está lejos el final del caso.
El fiscal general federal belga, Frederic Van Leeuw, insiste en que la investigación avanza, pero ha criticado las "constantes filtraciones" y las "enormes presiones" sobre el caso.
"Hay jueces extranjeros que quieren implicarse en la investigación. En los 10 años que llevo como fiscal federal, nunca había visto nada igual", admite.
El escándalo estalló en diciembre de 2022 por las denuncias de millonarios sobornos a legisladores para defender los intereses de Catar antes de la Copa del Mundo en este país en 2022 y provocó el arresto de la entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, la legisladora griega Eva Kaili, un caso sin precedentes en la historia de esa instancia legislativa.
Pero rápidamente surgieron denuncias también de pago de sobornos por parte de Marruecos. Tanto Catar como Marruecos niegan cualquier implicación en el caso.
Cuando surgió el escándalo, la policía belga allanó varias residencias de varios sospechosos e incautó € 1,5 millones (unos US$ 1,6 millones) en efectivo.
Dos de los abogados de Kaili, quien se declaró inocente de los cargos contra ella, Sven Mary y Christophe Marchand, criticaron la forma en que los fiscales se basaron en escuchas telefónicas y vigilancia llevadas a cabo por los servicios de inteligencia belgas.
Para los letrados, la vigilancia secreta y el consiguiente procesamiento fueron una violación de la inmunidad que tenía Kaili en esos momentos.
Los abogados han pedido a un tribunal de apelación de Bruselas que se pronuncie sobre la legalidad de la recopilación de pruebas contra la entonces legisladora griega, un pedido al que se han sumado otras partes.
No se espera la decisión del tribunal antes de mediados de 2024.
En las 16 redadas policiales de diciembre de 2022 fueron detenidos Kaili y su pareja, el asesor parlamentario italiano Francesco Giorgi, así como un exeurodiputado italiano, Pier Antonio Panzeri.
También fueron arrestados los eurodiputados Andrea Cozzolino y Marc Tarabella. Kaili pasó cuatro meses en detención, y Tarabella dos.
Panzeri, en cambio, llegó a un acuerdo en enero de este año en el que confesó estar detrás del plan de sobornos y prometió divulgar los nombres de todos los participantes a cambio de una sentencia reducida.
Panzeri implicó luego a Tarabella. Para el abogado de Tarabella, Maxim Toeller, la denuncia de Panzeri es "la palabra corrupta de un hombre corrupto".
Otros sospechosos en el caso creen que el acuerdo permite que varias personas cercanas a Panzeri, incluida la eurodiputada belga Marie Arena, se salven del juicio. Arena ha sido nombrada en la investigación, pero nunca fue citada a prestar declaración.
Ante los rumores de proteger a determinados eurolegisladores, la fiscalía federal belga emitió hace una semana una declaración para insistir en el "principio de la libertad de instruir" los casos como mejor le parezca.
Con relación al caso de la eurodiputada Arena, señaló que "no está justificado por el momento" pedir que se le levante la inmunidad parlamentaria.
(Con información de AFP)
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