La intendenta Carolina Cosse habló este domingo sobre el recurso de revocación que la Intendencia de Montevideo elevó el pasado viernes ante el directorio de la OSE por el proyecto Neptuno. "Ahora se meten con el agua", reclamó la jefa comunal ante un grupo de militantes en la Asamblea Ciudadana del sector frenteamplista Casa Grande en Durazno.
"Es un proyecto inentendible que se ha dado en llamar Neptuno. Pobres dioses del Olimpo, verdaderamente", lamentó Cosse en una presentación en la que también habló la exsenadora Constanza Moreira.
La intendenta llamó a los militantes de Durazno a no dejarse "envolver en falsas contradicciones" como "interior-Montevideo". "¿Ustedes piensan que hay dos barrios de Montevideo iguales? Siempre la derecha va a tratar de dividirnos entre nosotros, no caigamos en esa trampa", declaró.
Cosse sostuvo que lo que "une" al Frente Amplio "tiene que estar por encima de todo lo demás". "No dejemos que eso nos ponga una etiqueta, porque son tan enormes los problemas que ante todo tenemos que tener unidad, y unidad con los que votaron a otros partidos. Porque yo no puedo creer que a la mitad del Uruguay le parezca bien que se metan con el agua, o que haya corrupción en Torre Ejecutiva", afirmó.
La comuna entiende que como "el Proyecto Arazatí tiene por objeto la mejora del abastecimiento de agua potable al sistema metropolitano” se encuentra legitimada "a participar en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos", según redactó en el documento elevado al presidente de OSE, Raúl Montero.
La intendencia pidió que se anule la resolución a través de la que se "dispuso la convocatoria a una licitación pública internacional para contratar el diseño, construcción, financiamiento y mantenimiento del Proyecto de Mejora del Abastecimiento de Agua Potable al Sistema Metropolitano (Proyecto Arazatí).
El proyecto fue presentado por cuatro empresas (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) en octubre de 2020 bajo un consorcio denominado “Aguas de Montevideo” y aceptado por el gobierno, que tras varios cambios y un estudio de factibilidad, resolvió que lo impulsará en una modalidad en la que los privados se encargarán de la construcción y el mantenimiento mientras que OSE se hará cargo de la operación.
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