CPP gradual es inconveniente

Pese a una década de gestación, persisten dudas y discrepancias sobre la fecha y la forma en que entrará en vigencia la urgente pero postergada reforma del Código del Proceso Penal (CPP). Hubo primero tres años de trabajo redactor por una comisión de juristas, seguidos por cuatro años de hibernación legislativa. El Parlamento finalmente lo aprobó a fines de 2014, fijando su funcionamiento para el 1º de febrero de 2017. Pero la Suprema Corte de Justicia (SCJ) maneja ahora la posibilidad de no implementarlo en forma simultánea en todo el país, sino gradualmente por regiones. De confirmarse este cuestionable criterio, la modernización de nuestro enredado e injusto sistema penal llegaría recién a mediados de 2018 a Montevideo, pese a ser el centro mayoritario de delitos. El ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, consideró que la implementación gradual "es lo más conveniente". Y el presidente del organismo, Jorge Chediak, opinó que la decisión depende de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En cambio el fiscal de Corte, Jorge Díaz, advirtió la inconveniencia y posible inconstitucionalidad de la aplicación progresiva del CPP porque durante más de un año coexistirían en el país dos sistemas diferentes de procesamiento penal. Los defensores de hacerlo por regiones argumentan, no sin fundamento práctico, la complejidad del drástico pasaje de un sistema inquisitorio casi medieval a otro acusatorio, similar al que existe en el resto del mundo civilizado. Las ventajas del nuevo CPP son obvias. Se pasa a ágiles juicios orales y públicos, con un fiscal que acusa, un abogado que defiende y un juez que dicta sentencia al final del proceso, con limitación del actual recurso excesivo a la prisión preventiva. Todo será más equilibrado y transparente y se evitará llenar las cárceles con presos sin condena firme, actualmente el 60% de los reclusos, lo que ayudará a descongestionar las prisiones. Pero hay por delante un cúmulo de cambios complejos, desde instalaciones físicas en todo el país para juicios públicos hasta la designación de más jueces, fiscales y personal auxiliar. Todos los jueces penales, fiscales y funcionarios, por otra parte, deberán ser entrenados para un sistema que difiere agudamente del actual. El cambio exigirá además decenas de millones de dólares adicionales para el Poder Judicial, en momentos en que el gobierno se desvela para confeccionar un presupuesto austero. Pero las razones para empezar por etapas, comenzando por departamentos del interior cuyos índices bajos de delincuencia faciliten poner en marcha la experiencia, chocan con la injusticia e irregularidad de tener en vigencia simultánea dos sistemas penales. En grandes naciones federales, como Estados Unidos, el sistema penal federal para todo el país coexiste con legislaciones penales diferentes en cada estado. Pero la diversidad de sistemas, aunque sea temporaria, no se justifica en nuestro minúsculo territorio. Se produciría el absurdo de que un acusado en Florida o en Artigas sea juzgado bajo mejores condiciones jurídicas que otro en Montevideo. La vigencia del CPP urge para sacar a Uruguay del atraso y para terminar con las frecuentes críticas que el sistema actual genera dentro y fuera de fronteras. Es necesario que los tres poderes del Estado se esfuercen en cumplir los plazos fijados en la ley para que, desde comienzos de 2017, un sistema penal más justo y moderno impere en todo el país.