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Crimen Organizado investiga 20 casos de lavado de dinero

Entre los casos está el del extesorero del Partido Popular de España, Luis Bárcenas, procesado con prisión en su país, que transfirió desde cuentas suizas al menos US$ 1 millón

14 de julio de 2013 19:21 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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La Justicia de Crimen Organizado investiga más de 20 casos bajo sospecha de lavado de dinero en los que están involucradas personas radicadas en el extranjero, informaron fuentes vinculadas a las investigaciones a El Observador. La mayoría de estos casos llegaron a los juzgados desde la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.

Crimen Organizado investiga, por ejemplo, la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, por parte de una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador del empresario kircherista Lázaro Báez, indagado en Argentina por evasión fiscal y lavado de dinero.

Otro extranjero que está bajo la lupa de la Justicia uruguaya es Luis Bárcenas, el extesorero del gobernante Partido Popular de España (PP), procesado con prisión en su país, que transfirió desde cuentas suizas al menos US$ 1 millón.

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El tercer caso indaga posibles operaciones de blanqueo de dinero a través de la transferencia de futbolistas e implica también a empresarios argentinos, clubes uruguayos y a una empresa de servicios financieros con sede en Montevideo.

Todas las investigaciones son de carácter reservado, por lo que se desconocen los detalles hasta que haya resolución judicial.

Los jueces especializados en Crimen Organizado (Néstor Valetti y Adriana de los Santos) y los fiscales (Mónica Ferrero y Juan Gómez) designan, frente a cada caso, un equipo que dirige un oficial de la Policía y que está integrado por profesionales de la Secretaría Antilavado, que depende de la Presidencia; de la Dirección General Impositiva; del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial), y de la UIAF.

Para que la indagatoria pueda avanzar, el juez a cargo de la causa levanta la reserva a los peritos. Esto significa, por ejemplo, que el representante de la UIAF que está investigando la compra de El Entrevero está libre de la reserva bancaria y debe informar sobre los depósitos bancarios y las transacciones financieras que realizó el contador de Báez. Pero, a su vez, no puede informarle a su superior de la UIAF sobre los asuntos que integran la investigación; responde únicamente al oficial y al magistrado que están a cargo del caso.

La mayoría de las causas llega a Crimen Organizado debido a denuncias de la UIAF.

Por su parte, un equipo de la UIAF, integrado por seis peritos, investiga solo las operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero que son denunciadas por profesionales o instituciones obligadas por la ley antilavado. Esta ley, aprobada en 2004 y modificada en 2009, establece que escribanos, rematadores, inmobiliarias, casinos, zonas francas y bancos están obligados a reportar operaciones sospechosas de ilícitos.

De las denuncias que llegan a la UIAF, los peritos derivan solo el 5%, en promedio, a Crimen Organizado, porque podrían estar vinculadas con actividades delictivas o el financiamiento del terrorismo, informaron fuentes de la Secretaría Antilavado.

En 2011, la UIAF presentó seis denuncias a la Justicia; en 2012, de las 237 operaciones sospechosas reportadas a la UIAF, el organismo elevó ocho a la Justicia.

En busca del delito precedente
Los profesionales que trabajan en el tema coinciden en que el lavado de dinero es un delito difícil de probar. En primer lugar porque los indagados suelen mezclar fondos lícitos con ilícitos e intentan justificar la procedencia del dinero con las actividades lícitas.

En segundo lugar porque debe existir un delito precedente al de lavado que justifique la procedencia del dinero ilícito. Además, muchas veces utilizan testaferros y sociedades anónimas para ocultar la procedencia del dinero.

Quienes están tras las rejas en Uruguay por este delito estuvieron vinculados, en su mayoría, al narcotráfico o al proxenetismo (ver casos). Ambos delitos son considerados por la ley precedentes de lavado. El dinero que los narcotraficantes obtienen con sus negocios lo depositan en bancos o lo invierten en la compra de bienes. La compra de estos bienes, desde autos hasta campos, se califica, en estos casos, como lavado de dinero.

Pero no todos los delitos lo son. La evasión fiscal no es delito precedente en Uruguay, aunque sí en Argentina. Tanto en el caso El Entrevero como en el de pases de futbolistas, las justicias de ambos países colaboran en la investigación. Diversos convenios internacionales firmados por Uruguay obliga a los jueces de ambos países a cooperar en estos asuntos. Uruguay también intercambia información, a través de exhortos, con otros países. Pero si el delito precedente fuera la evasión, la indagatoria quedaría trunca.

Para Bonomi, el control es adecuado
El ministro de Interior, Eduardo Bonomi, considera que “el control en referencia al lavado de activos en Uruguay se aplica adecuadamente desde tiempo atrás”. El ministro lo expresó a la prensa en Rusia, tras participar a principios de mes de un foro internacional sobre lavado de activos. Uruguay “ya no se encuentra cuestionado en esta materia como hace algunos años atrás”, dijo el ministro. Sin embargo, el director de la Junta Nacional Antilavado, Carlos Díaz, ha expresado su preocupación sobre las escasas denuncias presentadas por profesionales obligados a reportar operaciones sospechosas ante el Banco Central.


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