La disputa por la mutualista tiene varios frentes abiertos, entre ellos varios recursos por inconstitucionalidad
La disputa por Casa de Galicia se juega en varios frentes y las próximas semanas resultarán decisivas en el futuro de la mutualista liquidada por decisión judicial.
Si bien el estudio de la inconstitucionalidad puede llevar hasta un año, la Corte tiene que resolver sobre las medidas cautelares que pidieron, es decir que se suspenda la aplicación de la ley y por lo tanto la liquidación de la mutualista. Allá la habrán perdido los socios.
Ceretta dijo a El Observador que si bien no hay plazo para que se pronuncien sobre las medidas, debido a la urgencia de la materia, entiende que lo harán en las próximas semanas.
Por otra parte, a nivel de la Justicia de Concurso están pendientes varios recursos. Por un lado, el Tribunal de Apelaciones aún estudia si ratifica o no la decisión del juez de resolver el cese de actividades de Casa de Galicia. La medida es apelable, pero tiene una particularidad: no tiene efecto suspensivo. Es decir, mientras el tribunal de apelaciones analiza la procedencia, los activos de Casa de Galicia se irán vendiendo.
El 24 de febrero –con la ley ya vigente– la sindicatura y el Ministerio de Salud Pública comparecieron y el ministerio presentó como hechos nuevos que le habían revocado a la mutualista todos los permisos para funcionar. Allí se decretó la liquidación.
A su vez, el juez recibió dos recursos de excepción por inconstitucionalidad. Méndez los descartó por motivos formales, informó La Diaria y confirmó El Observador.
Uno de ellos, lo presentó la abogada Lucía Curbelo, representante de Casa de Galicia. El juez entendió que ya no tiene competencia porque la directiva de Casa de Galicia (patrocinada por Curbelo), fue desplazada por el MSP. Curbelo apeló esta decisión y será el tribunal quien dirima el asunto. En su recurso, sostuvo que una vez aprobada la ley se modificaron las reglas del juego en plena causa y eso entorpece el debido proceso.
Por otra parte, entienden que el síndico hizo un “uso abusivo de las facultades legales de la Sindicatura, ya que ésta no tiene facultades para revocar un poder otorgado hace 11 años por autoridades legítimas y no por las desplazadas de Casa de Galicia”.
También interpusieron recurso de queja por denegación de inconstitucionalidad y recurso de queja por denegación de apelación, lo que está pendiente de resolución.
A su vez, a mitad de esta semana un grupo de 1.603 socios (diferentes a los representados por Ceretta) presentó un nuevo recurso, confirmaron fuentes de la causa a El Observador. El juez Méndez deberá acreditar que efectivamente todos los firmantes sean socios, y resolverá si tienen interés directo en la causa. Será el tribunal de apelaciones el que determine si deben ser representados.
La mutualista continuará funcionando hasta el 31 de marzo y hasta ese día están confirmados los pagos de salarios, dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. “No sabemos qué va a pasar después”, manifestó Fernanda Oseiro, trabajadora de Casa de Galicia en radio Centenario. Previo a la venta, la mutualista se seguirá financiando con lo que genere del arrendamiento de servicios a mutualistas privadas. Casa de Galicia tenía una estructura para atender 100 mil socios y cerró con 47.500.
Oseiro cuestionó que tres veces le pidieron reuniones al presidente, Luis Lacalle Pou. “Lo único que recibimos es silencio... Vemos que el presidente viaja a otros países a buscar inversores y este es un inversor que nos viene a tocar la puerta y no lo queremos recibir”, señaló refiriéndose al grupo español Ribera Salud que entregó una carta en Presidencia diciendo que estaba dispuesto a hacerse cargo de la mutualista y saldar sus deudas.