Ernesto Clarens, el financista ligado al kirchnerismo acusado de llevar fuera del país más de US$ 200 millones de coimas recibidas por la obra pública, aportó nueva información ante la Justicia de Argentina, que permitió avanzar en la comprensión del esquema de la corrupción que indaga en la causa de los cuadernos del chofer Óscar Centeno.
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Según recogió el diario La Nación, Clarens, que ya había admitido su rol de intermediación en el pago de estas coimas, aseguró que muchos empresarios pagaban por su propia voluntad aportes al gobierno para seguir estando incluidos en las obras del Estado. Y además, en procura de seguir en libertad mientras se lo investiga –la semana pasada el fiscal Carlos Stornelli pidió su prisión preventiva luego de solicitar que se cancelara el acuerdo para acogerlo como testigo arrepentido– y de tener una pena menor en caso de ser condenado, también amplió la acusación contra otros implicados en la trama de la corrupción.
Clarens también declaró que su rol, el de cranear la logística de recaudación que llevaban adelante los expresidentes y esposos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, no implicaba diseñar una estrategia financiera compleja. Los investigadores, según consigna La Nación, tienen la hipótesis de que todo el dinero de la ruta K se lavaba mayoritariamente mediante la inversión inmobiliaria.
Fue precisamente eso, el manejo de grandes sumas en efectivo, lo que hizo vulnerable la operación, declaró Clarens. Y eso posibilitó, según dijo, que toda la maniobra fuera registrada fácilmente por Centeno –el chofer del exviceministro de Planificación, Roberto Baratta– que anotó durante 10 años (2005-2015) los detalles de los traslados de bolsos con dinero que enviaban empresarios a exfuncionarios del gobierno.
Este financista, que integró varios negocios con Néstor Kirchner desde que era gobernador en la provincia de Santa Cruz en la década de 1990, interesa a la Justicia uruguaya porque desde que el kirchnerismo tomó la presidencia argentina en 2003, Clarens viajó 164 veces a Uruguay, y en 91 de esas ocasiones lo hizo en barcos privados, pese a ser dueño de una compañía de taxis aéreos.
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Asimismo, Clarens tiene una propiedad en el barrio privado del Club de Campo El Faro, en Carmelo, en cuyo puerto exclusivo –Camacho–, cuestionado por la falta de controles migratorios y aduaneros, atracaba con frecuencia.
Enrique Canon, director nacional de Aduanas, admitió el 24 de agosto que en ese puerto no hay funcionarios apostados que controlen los ingresos al país y cuando lo hacen no revisan las maletas de mano de quienes llegan.
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