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Cuando se quiere, se puede
Al gobierno que entra no le faltan desafíos: mejorar drásticamente la seguridad, reformar a fondo la educación, poner la economía en crecimiento luego de un quinquenio de cuasi estancamiento, recuperar el crecimiento del empleo y la inversión y lograr los equilibrios macroeconómicos (déficit fiscal, inflación, trayectoria de la deuda pública, que perdieron inexplicablemente en los últimos años). Tareas hercúleas por donde se las mire y que quizá no puedan ser llevadas a cabo en un solo período de gobierno y menos aún si desde diversas tiendas de la futura oposición se genera un clima de “lucha” contra el fantasma de trapo del “neoliberalismo”. Neoliberalismo que solo existe en la imaginación de muchos sectores de izquierda pero no en los programas de gobierno de la coalición de gobierno, donde sobre todo se habla de “hacerse cargo”, de aplicar una debida austeridad en el manejo de los dineros públicos que se perdió en medio de la bonanza de las materias primas, de mejorar el clima de negocios, de cambiar el clima laboral para acabar con la lógica de confrontación que desarrolla el PIT-CNT e iniciar una lógica de la cooperación, que será mucho más favorable para trabajadores y empleadores.
Muchos dirán que todas estas cosas son utopías. Que el país está dividido en dos mitades con puntos de vista irreconciliables. Que no es posible fijar políticas de Estado que trasciendan a un gobierno. Error. Ahí está la política de zonas francas mantenida y expandida por 30 años. Ahí esta la política forestal mantenida y expandida por 30 años que además ha dado un fruto no previsto en tres plantas de celulosa. Ahí está una política de energía implementada en 2003 con la ley de marco regulatorio de UTE, que fue objeto de referéndum pero que luego se adoptó por quienes la objetaban y ahora Uruguay ha diversificado su matriz energética, con cosas a corregir, pero con un gran futuro. Ahí está la política de desmonopolización portuaria de los años 90, que luego de ser duramente atacada hoy ha permitido una enorme extensión de la actividad portuaria. Ahí está la reforma de las AFAPs, tan criticada por algunos, pero que hoy es el pilar más firme de la seguridad social. Ahí está también, con sus vaivenes, una política macroeconómica que no va a los bandazos como en los países vecinos y que lleva ya 30 años (a nadie se le ocurre poner tipos de cambios múltiples, por ejemplo, o retenciones al agro, u otras locuras que solo desestimulan la inversión).
Es verdad que faltan muchas cosas que quisiéramos tener en materia económica y social. Pero la pobreza bajó, la distribución del ingreso mejoró y la economía creció. Nos falta sí mayor dinamismo e innovación.
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Por romper el pesimismo que puede reinar, vale la pena traer a colación un documento breve sobre la Reforma de las Empresas Públicas, tema también urticante cuando llega la hora de fijar las tarifas o de realizar inversiones o repartir cargos. Ahora priman las necesidades de Rentas Generales, que hasta pueden retrasar inversiones necesarias en sectores estratégicos para el país. O prima un gobierno político por encima del profesional. O se carece de objetivos. O se emprenden nuevos negocios que nada tienen que ver con el negocio central de la empresa.
El documento en cuestión muestra que cuando se quiere se puede. Se llama Reforma EEPP Propuesta de Agenda. Fue confeccionado por 11 especialistas (economistas, profesores de management) y refrendado por 19 destacados profesionales de las áreas de la empresa y de la economía de muy distintos pelos políticos.
Las recomendaciones de la Agenda son de un asombroso sentido común. Implican adaptar las formas jurídicas de las EEPP a las necesidades de los tiempos que corren para adaptarse con flexibilidad, mejorar la gobernanza de las mismas, introducir competencia allí donde sea posible, evitar el uso de tarifas para fines no vinculados al mercado donde operan (ergo: no financiar el déficit del gobierno central), dar transparencia en la fijación de precios, designar directores comprometidos con el futuro de las empresas y con períodos que no coincidan con los de gobierno, tener objetivos claros y directorios empoderados para impulsar las empresas y para ser remunerados por el éxito o removidos por el fracaso.
Propone además dejar claro el rol del operador (la empresa) dotada de la autonomía necesaria para realizar su tarea y con directores elegidos por su competencia y no como recompensa política, claro rol del regulador sectorial, dotado de poder e independencia suficiente.
En fin, una cantidad de puntos que si se aplicaran implicarían un cambio drástico en la gestión de muchas empresas públicas y en las finanzas del estado y de los consumidores. Todo un desafío, por cierto, pero con un gran consenso técnico multipartidario detrás. Si se quiere, se puede.
