Decisión de comprar en estaciones de Bascou fue de su administración

Imagine una ruta que sale de una ciudad del interior. Sobre esa ruta sitúe dos estaciones de servicio, una casi al lado de la otra. Suponga que ambos establecimientos llevan el sello de la empresa petrolera estatal, pero que son dos emprendimientos independientes y de propietarios distintos.

Ahora agréguele que el dueño de una de ellas es el intendente del departamento. Imagine que la comuna, por contrato con la petrolera estatal, se puede abastecer de combustible en ambas estaciones, pero lo termina haciendo mucho más en una (en la del intendente) que en otra.

Complete el panorama con una oposición que descubre la irregularidad, la denuncia públicamente y amenaza con hacerle un juicio político al jerarca. Y que todo ello ocurre en un contexto donde el debate político gira en torno a la palabra "ética".

Así de comprometida está la situación del intendente nacionalista de Soriano, Agustín Bascou. El martes 19, el mismo día en que fue a declarar ante la Justicia por otra denuncia en su contra (está acusado de tener cuantiosas deudas y haber librado cheques sin fondo), la bancada de ediles del Frente Amplio aseguró que Bascou fue propietario hasta principios de este año de dos estaciones que proveían de combustible a la comuna.

Cinco días más tarde, el domingo 24, el Frente redobló la apuesta y reveló que una de las dos estaciones (propiedad de Bascou), ubicada en ruta 2, despachó en 2016 casi tres veces más combustible a vehículos de la Intendencia que la estación Echenique, también integrada a la red de proveedoras y ubicada a solo cien metros de distancia de Radial, la estación del intendente.

Ante esa situación, la bancada de izquierda convocó a una sesión extraordinaria de la Junta Departamental para esta noche, donde se analizará una moción para iniciar el juicio político a Bascou. Según los ediles del Frente Amplio, la actividad comercial privada del intendente supone una violación a los artículos 289 y 290 de la Constitución y por lo tanto, se impone retirarlo del cargo. El artículo 289 de la Carta Magna establece que "el intendente no podrá contratar con el gobierno departamental" y que el cargo "es incompatible" con "cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el gobierno departamental".

El 290, en tanto, expresa que los intendentes "no podrán durante su mandato intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el gobierno departamental, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo".

La defensa de Bascou se centra en afirmar que las compras de la Intendencia eran a ANCAP y no a la estación de su propiedad en forma directa. Según el intendente y sus allegados, esa triangulación entre Ducsa, la Intendencia y las estaciones es el principal argumento para negar una violación de la Constitución. "Nunca le pagué una factura a la empresa. Le pagamos a ANCAP y ellos ponen a disposición la red de estaciones", dijo el intendente a radio Carve el miércoles 20. "No me puedo negar a vender combustible. ANCAP me obliga a mí a despachar los convenios que tienen ellos", agregó Bascou. Si bien es cierto que ANCAP pone una red de estaciones a disposición de los organismos públicos, la que toma la decisión de dónde cargar es la Intendencia.

"Hay dos cosas diferentes. En qué estaciones se instala el sistema lo decide ANCAP, ni siquiera Ducsa, que es simplemente el operador", dijo una fuente de la empresa distribuidora. "Después, de dónde retira cada organismo es decisión del propio organismo", explicó la fuente. En algunas localidades, al haber solo una estación integrada al sistema, "no queda otra" que cargar en esa estación. Sin embargo, no es el caso de Soriano, que cuenta con otras estaciones incluidas en el sistema.

Bajo la administración de Bascou, de hecho, la Intendencia de Soriano incorporó un Área de Logística, dependiente de la Secretaría General. El director de Logística, Conrado Capano, es quien se encarga de dirigir la flota liviana. El Observador intentó comunicarse con él, pero no tuvo éxito.

Desde la Intendencia se expresó que responderán a las denuncias en la Junta y no a través de los medios.

El organismo que tiene la potestad para remover a un intendente es el Senado, con una mayoría de dos tercios de los votos. Pero antes, la Junta Deparamental de Soriano debe elevar una solicitud de juicio político y para ello se requiere al menos un tercio de los votos de 31 ediles. El FA cuenta con solo 7 curules, por lo que precisa el apoyo de cuatro ediles más fuera de su partido. Dos de ellos pertenecen al Partido Colorado y los restantes 22 al Partido Nacional. "Hay ediles blancos que han votado con nosotros algunas iniciativas", dijo a El Observador el edil frenteamplista Carlos Susaye.

En esa búsqueda de apoyos desde filas oficialistas, el Frente Amplio concentra los esfuerzos en los nueve ediles del Partido Nacional electos por la lista del exintendente Gustavo Lapaz.

"Ni estamos como Larrañaga que se abraza a Bascou ni como Veronica Alonso que poco menos que pide su cabeza", dijo Luciano Andriolo a El Observador, uno de los dos ediles electos por la lista 22 que se distanciaron de Lapaz y votan de forma independiente. Según explicó, hay "cuatro o cinco" nacionalistas que aún están en duda.

Andriolo considera que Bascou cometió "una falta ética", pero no está de acuerdo con tratarlo por la vía parlamentaria. "Se va a votar en un ámbito político algo que es de la esfera jurídica", afirmó, y criticó que el Frente Amplio tuvo "mucho tiempo" para impulsar el juicio político y decidió hacerlo "justo el día que Bascou fue a un juzgado penal". Según Andriolo, la izquierda no hizo la denuncia directamente en la Justicia porque busca aprovechar "el rédito político". Si se promoviera la constitución de una comisión investigadora, Andriolo "la apoyaría".

Leonel Silva, uno de los dos ediles colorados, dijo que ni él ni su compañero de bancada, Juan Rey, tienen una postura definitiva y por eso pedirán un cuarto intermedio de al menos diez días para poder analizar en profundidad la denuncia.

"El Frente Amplio estuvo cuatro meses con este tema. Nosotros en cuatro días es imposible que estudiemos todo", afirmó el edil, quien añadió que "la cosa está medio confusa" y es "un tema delicado al que hay que darle la seriedad que corresponde".