Defensa rechazó en 2018 condenas de Haití a pagar pensión a hijos de cascos azules

Esa novedad, que no estaba presente cuando se investigó hace 20 años, obligó al Ministerio de Defensa a reabrir la investigación. El Sistema Nacional de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (Sinomapa) designó a un oficial que debió ubicar al efectivo en cuestión, que ya no forma parte del Ejército, y realizó una investigación preliminar que está en su etapa final para contestarle a la ONU si es necesario seguir trabajando o si consideran que puede cerrarse el caso.

“El ministerio ya había hecho algunas actuaciones pero este caso tiene algunas particularidades. La política de tolerancia cero a la explotación y abuso sexual de la ONU (con su correspondiente código de conducta) es de 2003 y el caso es anterior. Además de temas de prescripción”, aseguró a El Observador la abogada de Sinomapa Carina de los Santos. 

Sin embargo, lo ocurrido en esta misión en el Congo no es un hecho aislado. Desde que se implementó la política de tolerancia cero, Uruguay recibió 47 denuncias por la actuación de soldados en misiones de paz. El 80% de esas notificaciones fueron por casos de abuso o explotación sexual, según surge de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Defensa realizado por El Observador. 

La mayoría de esos casos están vinculados a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). En nueve de ellos (incluido el del Congo) existió una atribución de paternidad y existen al menos cuatro casos confirmados por pruebas de ADN. Sin embargo, casi ninguno de los efectivos se hizo cargo de sus hijos. 

En 2018, el Ministerio de Defensa rechazó nueve sentencias de la justicia de Haití que condenaban a soldados uruguayos a “servir pensiones alimenticias a presuntos hijos”. “Las sentencias no cumplían con los aspectos de forma y procedimiento requeridos por la normativa nacional e internacional, haciéndose inviable en el sistema penal uruguayo”, dice la respuesta del ministerio. 

“No hubo notificación a las partes, ni comunicación oficial. Pedían un dinero que era superior al salario de un soldado. Eran copias simples sin certificar que no cumplían con los estándares internacionales”, explicó De los Santos. La resolución de Defensa fue comunicada a la ONU y esos casos no generaron nuevas actuaciones a nivel judicial pero sí hubo otros movimientos. 

“Hola, papá. Soy la hija que abandonaste”, fueron las palabras escritas por una niña haitiana de 9 años a través de Facebook a principio de este año a un efectivo de la Armada que estuvo en una misión de paz en ese país. “¿Qué hicimos para que nos trates de esta forma?”, agregó según consigna una nota de Buzz Feed publicada a fines de agosto. 

Esa paternidad, según corroboró El Observador, fue confirmada por un examen de ADN y la justicia haitiana determinó que el efectivo debía pasar una pensión alimenticia. Hasta ahora, la víctima no ha recibido ni un solo peso. 

“No hubo ningún progreso en el caso. Continúo con las acciones, es decir entablar negociaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, pero nada ha cambiado”, dijo desde el país centroamericano a El Observador Mario Joseph, abogado de la madre de la niña. 

La decisión de someterse a un examen de ADN es totalmente voluntaria al igual que las responsabilidades que deben asumir aquellos a los que se les confirma la paternidad. Aunque, en general, los cascos azules uruguayos no asumen la manutención, también existe la excepción que confirma la regla. 

En 2011 un casco azul uruguayo que participaba de la Minustah se “relacionó con una mujer local” y fue denunciado por explotación sexual. El Ministerio de Defensa realizó una investigación administrativa que comprobó los hechos, adoptó medidas y pasó el caso a la justicia militar, que lo condenó por desobediencia. El efectivo se sometió voluntariamente a un examen de ADN que dio positivo en un caso de paternidad de mellizos. 

En este caso también hubo una sentencia de la justicia haitiana por pensión alimenticia declarada inaplicable por Defensa. Sin embargo, el efectivo decidió hacerse cargo de la manutención de sus hijos. El caso sigue abierto para el Estado uruguayo, ya que prosiguen las actuaciones a través de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, que actúa en los casos de atribución de presunta paternidad. 

“Se trabajó con nueve casos hasta el momento, en algunos (4) se sometieron a test de ADN confirmándose la paternidad y en otros no se han querido someter al test (el cual no es obligatorio), así como otros no han podido ser identificados como efectivos uruguayos”, explicaron fuentes de cancillería a El Observador. 

Difícil de controlar

Los solados que van en misiones de paz llegan a una cultura diferente, no tienen una especial afinidad con la población local y en general su día a día es tedioso. Al mismo tiempo, llegan a los países más pobres, donde la gente “solo trata de sobrevivir”. “Un dólar o simplemente un dulce es un poderoso elemento para manipular a mujeres locales o incluso hombres”, explicó a El Observador Chen Kertcher, investigador de la Universidad de Ariel (Israel) especializado en relaciones internacionales y resolución de conflictos.

Kertcher resume así el contexto en el que se dan este tipo de situaciones. “Es muy difícil de monitorear, no digo que no se deba hacer, pero es un desafío”, agregó. 

El memorándum de entendimiento que firman los Estados que participan de misiones de paz de la ONU establece que las autoridades de los países donde se desarrollan las acciones no pueden juzgar los delitos cometidos por los cascos azules y esas acciones deben ser juzgadas por los países de origen cuando regresan. 

“Ningún país va a aceptar que las autoridades locales arresten a un soldado que enviaron para ayudar. Es un sistema que se basa en la voluntad de los Estados en participar”, agregó. 

Es por eso que, según Kartcher, Naciones Unidas no tiene mucho margen para presionar a los países a fin de que controlen más. “Si presiona mucho a los países, varios de ellos probablemente no quieran seguir enviando tropas. Suena cínico, pero es un sistema voluntario”, agregó.

Uno de los principales problemas, dice el investigador, es que es muy difícil acceder a información en este tipo de casos y, según entiende, los incidentes que se conocen son apenas “la punta del iceberg”. 

A fines de 2019, un estudio académico elaborado por las docentes Sabine Lee (Universidad de Birmingham) y Susan Bartels (Universidad de Queen), indicaba que el 28,3% del personal involucrado en casos de abuso en Haití era uruguayo. El país quedaba así como uno de los principales señalados en estos casos. El Ministerio de Defensa de la época respondió rápidamente alegando que las denuncias hechas hasta entonces eran 24.

“No tenemos reportes, no es información pública, para los investigadores es muy difícil conseguir datos o llegar a esos mismos lugares, porque son peligrosos. Es un ambiente cerrado, no sabemos realmente lo que está pasando allí”, resumió. 

Las denuncias

Uruguay ha desplegado 43 mil cascos azules en misiones de paz desde el 2003, cuando se aprobó el protocolo de la ONU. En ese tiempo, recibió 47 denuncias y 37 de ellas fueron por casos de abuso o explotación sexual. 

Según la información a la que accedió El Observador, en 30 de las denuncias vinculadas a abuso o explotación sexual se tomaron medidas (arresto a rigor en la mayoría de ellas), mientras que en otras 7 se concluyó que la denuncia era infundada. Las restantes 10 (accidentes de tránsito, ausentarse sin permiso, mal manejo de municiones) recibieron sanciones. 

Sin embargo, entre esas denuncias que no están englobadas como ataques sexuales se incluye una como “violencia privada”, por ese delito fue procesado por la justicia uruguaya, en el que el motivo dice “denuncia por presunto abuso sexual a joven haitiano”. 

La “punta del iceberg” muestra que al menos cuatro cascos azules uruguayos son padres de los denominados “niños Minustah”, un problema que, según la información académica, involucra a 265 menores.