Demora en respuesta sobre constitucionalidad del nuevo Código deja a un presunto narco libre

"¿Tres meses de cárcel o te vas hoy mismo para tu casa?", Le preguntó el abogado a su cliente, un joven al que el fiscal le había ofrecido una reducción de pena a cambio de admitir su culpabilidad en una riña. "Yo quiero dormir en mi cama", contestó sin dudar el joven; y esa misma noche abandonó el juzgado como un hombre libre.

Para lograrlo, el abogado presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal lo que dejó suspendidas las actuaciones del juez de la causa a la espera de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se pronuncie acerca de si la normativa viola o no la Constitución. El defensor que actuó en este caso dijo a El Observador que decidió presentar este recurso a pesar de que sabe que el nuevo Código es perfectamente legal, para lograr así que su defendido pase más tiempo en libertad, ya que esa era su voluntad.

Además, como el nuevo Código del Proceso convirtió a la prisión preventiva en una excepción solo aplicable en casos en los que los fiscales puedan acreditar que los indagados podrían entorpecer la investigación, fugarse o causarle un perjuicio a alguna persona, el recurso presentado puede convertirse en una oportunidad para el indagado. Es que, según explicó el abogado, si en el período que le lleva a la Suprema Corte de Justicia analizar la constitucionalidad de la norma el joven no se fuga, ni viola ninguna ley, entonces podrá solicitar una medida distinta a la prisión preventiva, puesto que ya habrá demostrado que no hay razones para ponerlo tras las rejas.

Este martes un hombre que es investigado por ser presuntamente uno de los principales narcotraficantes de la ciudad de San Carlos (Maldonado) quedó en libertad, a pesar de que había sido detenido en un operativo en el que fueron incautados dos armas de fuego y 448 dosis de pasta base, tres autos y $ 28 mil, según informó El País. La fiscal del caso había solicitado la prisión preventiva por 120 días debido a que existía "la sospecha grave y fundada" de que el imputado podía obstaculizar la investigación mediante la "destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos probatorios". ¿Cómo logró recuperar la libertad tan rápido? A través de un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal.

En total, la Suprema Corte de Justicia tiene en trámite siete recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal. En todos los casos, cuando estos fueron presentados la Justicia debió detener las actuaciones y dejar en libertad a las personas investigadas, hasta tanto el máximo órgano de la Justicia se expida sobre la constitucionalidad o no de la norma, algo que puede llevar meses.

De hecho, el abogado Juan José Ayala, quien es acusado de amenazar de muerte al fiscal de Corte, Jorge Díaz, pudo salir en libertad el 16 de febrero -apenas un día después de ser detenido-, gracias a que sus defensores Gustavo Salle y Enrique Viana presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra 47 artículos de la ley del nuevo Código del Proceso Penal y la que creó la Fiscalía General de la Nación.

Aunque han pasado tres meses, la Justicia todavía no se ha expedido sobre este recurso. Esta demora condiciona también la respuesta de los otros casos, ya que se trata de uno de los primeros recursos presentados, y el que más artículos menciona.

Ocurre que una vez que la Suprema Corte tiene una respuesta sobre la constitucionalidad de una norma o de algunos de sus artículos específicos, puede reiterar esa respuesta para los nuevos recursos que se vayan presentados de modo de dar un veredicto más rápido.

Debido a que el Código del Proceso vigente tiene apenas seis meses, la Suprema Corte nunca se había expedido sobre su eventual constitucionalidad, por lo que requiere de más tiempo para analizar los argumentos de quienes señalan que el sistema penal actual viola la carta magna. En ocasiones, la Suprema Corte demora hasta un año en dar una respuesta cuando se trata de normativa que nunca había sido tratada antes.

La norma que permite presentar recursos de inconstitucionalidad y paralizar las acciones de un juzgado a la espera de una respuesta de la Suprema Corte, no fue instaurada con el nuevo Código del Proceso Penal, vigente desde el 1 de noviembre de 2017. De hecho, este procedimiento está escrito en la Código General del Proceso, el cual fue aprobado en 1988, y en el artículo 258 de la Constitución.Una vez activado este procedimiento, ni el juez, ni el fiscal tienen otra alternativa más que dar por suspendidas las actuaciones y esperar a que la Suprema Corte defina una postura.

En caso de haber detenidos estos deben ser liberados y tampoco se les pueden disponer restricciones como el cierre de fronteras, o la obligación de permanenecer en el domicilio, por lo que los investigados pueden moverse libremente.

La abogada del presunto narcotraficante que fue liberado este martes aseguró que el nuevo Código "colida con algunos artículos de la Constitución", particularmente con el 15 y el 16. En el primero se señala que "nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente", mientras que en el segundo se señala que el Juez, es quien toma al arrestado la declaración en presencia de su defensor.

El nuevo código quitó a los jueces el rol de responsables de la investigación y se lo transfirió a los fiscales, quienes ahora pueden interrogar a los indagados, algo que es considerado inconstitucional por todos lo que han presentado el recurso ante la Suprema Corte.

El abogado constitucionalista, Martín Risso, negó que el nuevo Código sea inconstitucional y dijo que "no comparte los argumentos" de quienes presentaron recursos ante la Suprema Corte. Asimismo, el ex ministro de la Suprema Corte opinó que no cree posible que se llegue a una inconstitucionalidad de la norma y dijo que el recurso está siendo utilizado por los abogados para lograr "libertad inmediata" para sus defendidos.

El abogado Gustavo Salle, dijo que el nuevo Código es inmoral e inconstitucional por haberle quitado potestades a los jueces y haberle atribuido más poder a los fiscales. Recientemente presentó junto al otro abogado de Ayala, Enrique Viana, un recurso de nulidad contra las actuaciones llevadas adelante por la Suprema Corte para definir si el Código es o no constitucional, alegando que no se hizo caso a su pedido de que sean consultados ciertos testigos para tomar dicha resolución.

La Suprema Corte resolvió analizar el tema únicamente con la carpeta de 78 páginas que Salle y Viana presentaron con argumentos contra el Código del Proceso vigente.

En marzo la defensa de Germán Riet y Juan Gómez, ambos imputados en la causa Ancap, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones, por el que ambos fueron señalados por el fiscal Luis Pacheco. Si bien la Suprema Corte ya ha dicho que la norma sí es constitucional, cambió la integración del máximo órgano judicial lo que podría arrojar una esperanza para ambos indagados, ya que si el delito es considerado inconstitucional, entonces no podrán ser procesados.