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Díaz analiza denuncia contra fiscal de Operación Océano por revelar detalles

El reparo fue planteado en la audiencia de este viernes por la abogada Cecilia Salom, defensora del exdiputado colorado Nicolás Ortiz, y apoyado por otros de los abogados presentes en esa instancia

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20 de agosto de 2020 a las 05:00

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, recibió en su despacho la denuncia por presuntas irregularidades cometidas por la fiscal Darviña Viera referida a las declaraciones que hizo ante los medios de comunicación sobre la investigación denominada Operación Océano, y que tiene hasta el momento a 24 personas imputadas por pagar o prometer retribución a menores de edad a cambio de sexo, entre otros delitos de explotación sexual.

El reparo fue planteado en la audiencia de este viernes por la abogada Cecilia Salom, defensora del exdiputado colorado Nicolás Ortiz, y apoyado por otros de los abogados presentes en esa instancia, en la que se definió que se levantara la reserva parcial de la investigación fiscal.

La abogada Salom manifestó su disconformidad con lo que la fiscal Viera reveló públicamente sobre el caso e incluso presentó un listado con la cantidad de veces que dio entrevistas.

Según señalaron a El Observador fuentes del Ministerio Público, Díaz todavía no tuvo oportunidad de analizar los reparos de los abogados contra la fiscal pero, a juicio de lo que trascendió en los medios, el jerarca no considera a priori que la funcionaria hubiera cometido alguna irregularidad.

De todos modos, en lo que resta de la semana, el fiscal de Corte analizará "en profundidad" si Viera violó la reserva de las actuaciones de la Fiscalía.

La audiencia en la que Salom manifestó los reparos –y en la que se discutieron varios aspectos de la causa– fue considerada histórica por la cantidad de personas convocadas, porque demás de los penalistas de los hasta ese día 21 imputados, estaban el equipo de fiscalía encabezado por Viera y tres funcionarios del Poder Judicial que se encargaban de acercar el micrófono a cada abogado que pedía hablar, en una sala ubicada en el edificio al frente de la Suprema Corte de Justicia.

Para los imputados la Justicia definió hasta el momento como medida cautelar que durante 180 días fijaran domicilio y avisaran si lo modifican, la prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 500 metros o de mantener cualquier clase de comunicación con ellas.

También se aplica para algunos lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que define la inhabilitación a los imputados por delitos sexuales “para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia”.

La investigación lleva nueve meses y todavía quedan dos personas por ser capturadas, un argentino y un brasileño requeridos por la Justicia. El número de las víctimas aumentó luego de que la Fiscalía habilitara una línea telefónica –091 507 531– y se obtuvieran testimonios de varias menores, por este caso y otras investigaciones que se abrieron. Actualmente, hay 18 menores denunciantes.

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