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Jutep ha archivado los casos de Argimón, Sotelo y Cardoso

Nacional > Transparencia

Las denuncias que investiga la Jutep y a qué conclusiones llegó en un año y medio de gestión

En el periodo anterior de gobierno, Jutep sancionó contrataciones a familiares en intendencias del interior, uso de tarjetas corporativas y partidas especiales departamentales

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25 de octubre de 2021 a las 05:00

En el año y medio de la actual administración, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) inició 12 investigaciones por posibles faltas de transparencia. El directorio, comandado por su presidenta Susana Signorino, ha decidido desde el comienzo de su gestión no investigar de oficio, sin denuncia previa.

En el periodo 2015-2020, hay publicados en el sitio web de la Jutep nueve informes de esa gestión liderada por el presidente Ricardo Gil Iribarne. De estos, todos concluyeron en violaciones a la normativa, entre ellas las pasantías de la Intendencia de Colonia que derivaron en su momento en la renuncia al Partido Nacional del intendente, Carlos Moreira, y la conclusión del mal uso de la tarjeta corporativa de Ancap de su presidente en el periodo 2008-2009 y 2010-2013.

La administración actual

La administración anterior pidió sanciones a Sendic, Moreira y Leonardo de León

Desde marzo de 2020 la Jutep realizó un informe sobre la construcción del complejo Antel Arena, durante la administración anterior. “Apego irrestricto al principio de legalidad”, y la seguridad de una “falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder”, fueron las principales conclusiones de la investigación, basada en una auditoría externa pedida por la actual directiva de Antel, que concluyó en que las obras generaron pérdidas de U$S 4 millones en 20 meses.

El informe fue votado por unanimidad, lo que llevó a que el representante por la oposición de la Jutep Jorge Castro renunciara al organismo por pedido del Partido Comunista, el que integra. El Frente Amplio criticó que el informe fue "sesgado" por basarse en una auditoría pedida por Antel y no consideró "otros estudios" ni entrevistar a los implicados en el caso.

También desarchivó el caso de Miguel Ángel Toma, exsecretario de Presidencia 2008-2010 y 2015-2020, tras la publicación de sus fotos en un partido de fútbol durante un viaje oficial a Roma, luego de que la situación fuera archivada por la administración anterior sin la presencia de Gil Iribarne. 

Además, archivó el caso de Beatriz Argimón en agosto de 2020, por la contratación de su hermana Estela como asesora de su despacho en el Senado. Según el informe de la Junta, esta contratación no contraviene la prohibición de contratar personas de parentesco de primer o segundo grado para un mismo despacho porque la vicepresidenta alegó que su contratación era técnica, por su "especialidad en administración".

También tuvo a estudio el caso del intendente de Lavalleja, Mario García, por las compensaciones que decretó para personas de su entorno, al contratarlas bajo el oficio de "peones" y acreditando sumas, en algunos casos, superiores a $ 70 mil para que alcanzaran sueldos de confianza, como confirmó el intendente en su comparecencia ante la Junta Departamental de Lavalleja. Jutep afirmó que incumplió la norma que obliga a los funcionarios públicos a "ser y parecer", por hacer cosas que "sin estar prohibidas, no deben hacerse".

Fue denunciado de forma anónima el exministro de Turismo, Germán Cardoso, aún en funciones, por su presunta implicación en el caso de abuso de funciones del excoordinador de la Policía de Maldonado Fernando Pereira, tras ser descubiertas varias conversaciones entre ambos, pero la Jutep archivó el caso por no encontrar faltas éticas, debido al vínculo de amistad de los protagonistas.   

Tampoco se llegó a un informe negativo sobre el Instituto Nacional de Carnes (INAC) por mal uso de sus tarjetas corporativas desde 2005 hasta 2019. “No existió desviación en la conducta de los presuntos funcionarios denunciados" porque "al momento de realizar ciertos gastos no existía protocolo que regulara los mismos", sostuvo la junta, que realizó un trabajo adjunto al de Fiscalía, que también archivó el caso.

La administración anterior

La gestión de Gil Iribarne al frente de la Jutep, de 2015 a 2020, tiene dos mojones que tomaron relevancia durante esos años: en 2017 la organización concluyó que el expresidente de Ancap y exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, había cometido "faltas administrativas" en el uso de las tarjetas corporativas del ente autónomo, tras realizar gastos personales y no presentar comprobantes de compra.

En febrero de 2020 también soslayó irregularidades en la aplicación de pasantías en la Intendencia de Colonia, tras la filtración de audios del intendente, Carlos Moreira, con su secretaria. La Jutep suscribió que las renovaciones de las pasantías eran realizadas de forma "discrecional". Por estos hechos, el intendente renunció al Partido Nacional.

También determinó que Leonardo de León cometió irregularidades en el manejo de la tarjeta corporativa que le correspondía como director Alcoholes del Uruguay (Alur). Tanto él como Sendic fueron suspendidos por 17 meses por el Frente Amplio.

En otras investigaciones dictaminó irregularidades en el pago de un césped sintético de valor U$S 20 mil por parte del intendente de Flores, Armando Castaingdebat, en abril de 2019, por realizar la erogación días antes de la llegada del artículo; en noviembre de 2017 denotó errores del intendente de Soriano, Agustín Bascou, por la participación de dos empresas de su propiedad en servicios de Ancap.

Dictaminó que era necesario el cese de la directora general de Secretaría de la Intendencia de Paysandú en agosto de 2018 por haber sido sancionada previamente en dos ocasiones por manejos irregulares de bienes y fondos.

También realizó un informe que criticaba a la Junta Departamental de Maldonado por pagos mensuales a partidos políticos y otro que cuestionaba el accionar de dos funcionarios de la Intendencia de Artigas por implicaciones con empresas contratadas.

Contratación a familiares
En cuanto a la fijación de normativas, exhortó en un comunicado publicado en febrero de 2018 a los jerarcas públicos que tuvieran familiares trabajando bajo su jerarquía a "corregir de inmediato estas situaciones". Esto surgió luego de que Pablo Caram, entonces intendente de Artigas, designara a su sobrina Valentina dos Santos como directora general, cargo que antes no existía, a su pareja Karolina Gómez como directora de cultura, y a sus sobrinos Rodolfo y Manuel Caram como director de Desarrollo Productivo y asesor de Desarrollo Social, respectivamente.
En ese momento también se constataron casos de este tipo en Soriano, Maldonado, Salto, Lavalleja, Tacuarembó y Flores.

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