El MPP presentó a la bancada del Frente Amplio ocho proyectos para atender la emergencia sanitaria y social desatada por el coronavirus. Las propuestas incluyen desde prohibición de los despidos por 120 días hasta la exoneración de tarifas a los hogares más pobres, así como el aislamiento obligatorio para los contagiados de covid-19.
El sector más votado de la oposición señala que la pandemia "ha generado un estado de emergencia de tipo sanitario" que "se agrava aún más debido a las consecuencias económicas y sociales que traerá aparejada".
"Las medidas tendientes a limitar los contagios, promoviendo el aislamiento social, han desestimulado la actividad económica, poniendo a los trabajadores en situación de vulnerabilidad. Esta situación, al ser extraordinaria, requiere una respuesta legal que permita proteger a la parte más débil, en este caso a los trabajadores", argumenta el MPP.
Uno de los proyectos se concentra en una serie de medidas para la salud. Allí se propone "el aislamiento obligatorio para quienes hayan sido diagnosticados con covid-19 o tengan toda la sintomatología del virus".
"Proponemos que las personas permanezcan en sus domicilios y residencias, no pudiendo desplazarse por ningún espacio del territorio nacional, vías, rutas, espacios públicos, a fin de prevenir el contagio y propagación del virus", dice la exposición de motivos.
En ese sentido, el sector propone modificar el artículo 224 (daño por violación de las disposiciones sanitarias). El proyecto plantea que "el que violare las medidas de aislamiento, confinamiento o cuarentena dispuestas a nivel legal o reglamentario, así como las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión".
El texto propone además "la utilización de los elementos de prevención e higiene obligatorios dispuestos por el Ministerio de Salud Pública, la garantía de higiene en los espacios de trabajo, y el reforzamiento de las competencias de contralor de la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".
El MPP plantea también la "suspensión" por 120 días de los despidos, "declarándose nulos los actos realizados en contrario y habilitándose la acción de reinstalación y el cobro de los correspondientes jornales caídos".
"A su vez, se suspende por el mismo término el derecho de los trabajadores de considerarse indirectamente despedidos, declarándose también nulos los actos realizados en contrario", dice el texto.
Según la exposición de motivos, "esa hipótesis pretende resguardar a los empresarios para que no sean víctimas de abusos generados por trabajadores que pretendan invocar el despido indirecto.
Otro artículo agrega que "la suspensión del derecho de despedir y de considerarse indirectamente despedido" no abarca los casos "de notoria mala conducta".
Finalmente, se faculta también a las empresas a "adelantar el goce y pago de hasta el cincuenta por ciento de la licencia ordinaria y el correspondiente salario vacacional del ejercicio 2020". "Esta medida busca generar mecanismos alternativos que impidan que las empresas envíen al seguro de desempleo a sus trabajadores o incluso tengan que llegar al despido, luego de que finalice el plazo dispuesto en la ley", dice el texto.
Propone hacer modificaciones parciales y temporales al régimen del subsidio por desempleo, extendiéndolo por un plazo mayor cuando es de suspensión total de actividades.
Por lo que dure el año, el MPP plantea que "aquellos trabajadores con remuneración mensual que fueran enviados por la causal suspensión total de actividades" se les extienda el subsidio a ciento ochenta días; para "el caso de los trabajadores jornaleros el plazo máximo de permanencia en el seguro de desempleo se extiende a setenta y dos jornales".
Otra propuesta, en línea con las medidas que presentó el Frente Amplio al gobierno, implica otorgar una "renta mínima básica" o "subsidio de asistencia sanitaria" equivalente a un salario mínimo nacional (en el entorno de $ 13 mil líquidos) "para todas aquellas familias que no acreditaren ingresos permanentes por un monto similar". "Dicha prestación será de carácter provisoria y su duración se extenderá por ciento veinte días", dice el texto.
Además, el MPP propone que "aquellas familias que perciban ingresos inferiores a un salario mínimo nacional también tendrán derecho al cobro de la diferencia".
El sector señala que esa renta abarcaría a una población cercana a las 400 mil personas.
El MPP reclama que se exonere el pago de las tarifas de UTE, OSE y Antel a todos "los núcleos familiares cuyos integrantes no perciben ingresos de manera formal o fueren usuarios del Mides", por un plazo de 120 días.
"Muchos de quienes integran este grupo se encuentran asistiendo a alimentarse en las cientos de ollas populares que se están organizando. Estas personas, que han perdido la única fuente de sus ingresos, sufren las peores consecuencias económicas provocada por la crisis sanitaria. Según nuestras estimaciones, estos trabajadores andarían en el entorno de los 400 mil", dice el texto.
El MPP agrega que el Frente Amplio se opuso al ajuste de tarifas y señala que "los argumentos contrarios a la suba toman una especial dimensión en el contexto de la pandemia del covid-19".
"Hoy las dificultades económicas que tendrá la ciudadanía para afrontar la suba de tarifas, son mayores a las que tenía semanas atrás. Si esta situación se vuelve dificultosa para la mayoría de la población, lo es aún más para los cuentapropistas, que viven básicamente de lo que trabajan en el día a día", expresa la agrupación.
Otro proyecto regula aspectos relativos a los arriendos y subarriendos inmobiliarios. El MPP propone "facultar a los arrendatarios y subarrendatarios a pagar en hasta tres cuotas el alquiler y demás gastos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del año 2020", con el objetivo de "aliviar la dramática situación que viven quienes arriendan inmuebles y vieron afectado sus ingresos económicos, tanto total como parcialmente".
Para los arrendatarios, se plantea "que las cuotas sean mensuales, iguales y consecutivas, debiendo satisfacerse de manera indivisible, cuando corresponda, con el alquiler mismo que se siga generando".
"En cuanto a los alquileres correspondientes a los meses en los que hubiese habido la emergencia sanitaria declarada, que no fueren abonados en la fecha acordada o prevista, no generarán recargos, intereses, multas o penalidades de tipo alguno. El beneficio aplica a todos los arrendamientos, cualquiera sea su destino", agrega la propuesta.
Se propone instalar un "régimen de facilidades de pago de hasta doce cuotas, sin ningún tipo de recargo, interés, multa o penalidad" para los deudores de préstamos con grantía hipotecaria "que acrediten" haber perdido sus empleos o haber "sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas si fuesen empresarios, todo ello a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19".
También se propone suspender "el cómputo de los plazos de prescripción y caducidad previstos para el reclamo de créditos laborales ya sea de naturaleza salarial o indemnizatoria derivados de relaciones laborales en curso o que se hubieren extinguido, durante el término de ciento ochenta días días a contar desde día 13 de marzo del 2020".
Según el MPP, "la situación actual resulta de total desamparo para los trabajadores" ya que "el Ministerio de Trabajo no se encuentra fijando nuevas audiencia y aún si las fijara, o al reprogramar las ya solicitadas, serán para plazos muy lejanos, lo cuál podría dejar a muchos trabajadores desprotegidos frente a la prescipción".
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