La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley sobre el derecho a reparación de las víctimas de la guerrilla desde 1962 hasta 1976.
El proyecto, que fue remitido desde el Poder Ejecutivo y que ya contaba con la media sanción del Senado desde diciembre de 2022, recibió 50 votos oficialistas de los 93 diputados presentes en la sesión, que culminó este miércoles a primera hora de la madrugada.
El texto a votación, aprobado en el Senado y modificado por el colorado Ope Pasquet en la cámara baja, refiere al resarcimiento de víctimas de hechos ilícitos que hayan perpetrado "integrantes de grupos organizados y armados con fines políticos o ideológicos, que como consecuencia o en ocasión de tales hechos hayan sufrido la pérdida de la vida, la incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo, o la privación de libertad por más de 72 horas", entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. .
Una de las diferencias con el anterior texto es que la redacción de Pasquet pone cifras a las reparaciones: "A los causahabientes de quienes perdieron la vida: U$S 150 mil; a quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo, o a sus causahabientes: U$S 100 mil; a quienes fueron privados de su libertad por más de 72 horas, o a sus causahabientes: U$S 50 mil".
El texto explicita que la indemnización a víctimas ya fallecidas "será abonada a sus hijos" y "a su cónyuge o concubino con 10 años de convivencia por lo menos, repartiéndose por partes iguales entre todos ellos".
"A falta de los anteriores se abonará a los padres legítimos, naturales o adoptantes, repartiéndose por partes iguales entre ellos, y a falta de los padres se abonará a los hermanos legítimos o naturales, del mismo modo", se agrega.
La discusión tiene larga data: un proyecto con el mismo objetivo, presentado por el legislador colorado Daniel García Pintos, no fue aprobado en el gobierno de Jorge Batlle y en la primera administración de Tabaré Vázquez. En ambos casos la idea fue firmada por los expresidentes, pero en el primer caso la propuesta se archivó, y en la segunda el Frente Amplio (con mayoría) la rechazó.
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