La directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay se reunió de urgencia este viernes tras conocer que en la comisión de Diputados que votó este jueves el proyecto de ley del Presupuesto Nacional se incluyó un artículo que dispone la reducción salarial de los jueces y que entienden es "violatoria de los derechos sustanciales" de los magistrados.
En el texto del proyecto, los diputados dispusieron que "la partida de perfeccionamiento académico de quienes ocupen cargos en el escalafón 1, creada por el artículo 456 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, queda congelada a su valor en pesos uruguayos al 31 de diciembre de 2020".
Los jueces decidieron pedir una entrevista urgente con la Comisión de Presupuesto para tratar este tema.
Según supo El Observador, los magistrados entienden que "reducir partidas de naturaleza salarial es reducir salario", y que eso "va en contra de normas nacionales e internacionales".
Por tal motivo, la comisión directiva, reunida este viernes, solicitará explicaciones a los legisladores, además de que pedirá información acerca de "cuánto es" exactamente la disminución de sus ingresos proyectada. Los jueces están muy "molestos porque tras no destinar un solo peso al Poder Judicial para funcionar dignamente, con esto se les reduce su salario", agregaron las fuentes.
Los magistrados también entienden que, de aprobarse ese artículo, el presidente Luis Lacalle Pou "incumplirá" la promesa que transmitió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en las reuniones que se mantuvieron este año en las negociaciones de cara al Presupuesto de dar una solución definitiva al conflicto salarial generado por la ley de Presupuesto de 2010.
Ese año se había resuelto un aumento para los ministros del Poder Ejecutivo y eso tuvo un efecto de arrastre no esperado con el sueldo de los ministros de la SCJ –que están equiparados a los anteriores– , y de los que a su vez están enganchados los salarios de los funcionarios judiciales. Por este motivo, y pese a que en muchos casos hubo negociaciones y acuerdos, hay juicios pendientes de trabajadores, que reclaman un aumento salarial del 26%.
