Para Fabián Rosano "sería muy importante" que la justicia tuviera "la visión" de su organismo para decretar medidas alternativas
El director de Libertad Asistida del Ministerio del Interior, Fabián Rosano, no cree que sea un "número importante" la fuga de seis personas condenadas por delitos de narcotráfico en 2023, entre ellas la del narco Juan Antonio González Bica.
En una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), el jerarca de la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida (Dinasla, sucesora de la OSLA) fue consultado acerca de las fugas, y contestó: "No parece un número importante en cuanto a la cantidad, sí en cuanto a los perfiles".
Rosano aclaró que "no todos los delitos vinculados a estupefacientes se trata de narcos". Según el director, dos de los seis casos antes mencionados sí eran narcos, González Bica y Miguel Ángel Leal Da Costa Porto, quien estaba condenado "con prisión domiciliaria" y "sin tobillera" y se escapó el pasado 21 de setiembre, según informó el ministro del Interior Luis Alberto Heber en su Twitter.
Al jerarca le preguntaron por qué Leal Da Costa no tenía tobillera, y respondió que el tratamiento de ese y todos los casos se realiza por "disposición judicial". "A nosotros nos llega el correo. A veces nos llega el motivo, a veces no", declaró.
Según Rosano, "las medidas alternativas no son para todas las personas", por lo que "no deja de llamar la atención" cuando "hay medidas de seguridad que no exigen tobillera" en casos como los vinculados al narcotráfico.
Por esto, expresó que "sería muy importante" que la justicia tuviera "la visión" de su organismo para decretar medidas alternativas.
El director también criticó a la jueza María Helena Mainard, investigada por otorgar la prisión domiciliaria a González Bica debido a un certificado médico falso, por el que se investiga a otras tres personas involucradas en la maniobra. "No tuvo en cuenta nuestra advertencia", declaró al ser consultado sobre el accionar de la magistrada en el caso.
La Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida es la sucesora de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) y comenzó a funcionar con su nuevo nombre en enero de 2023, luego de que un artículo de la Rendición de Cuentas le diera calidad de "dirección nacional", explicó Rosano.
Hasta 2022, OSLA era una oficina del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), pero según el director, con el cambio el instituto "se dividió en dos": Dinasla maneja el "régimen abierto" de medidas alternativas e INR el "régimen cerrado" de las condenas con prisión. Para Rosano esto muestra "la mirada que se le están dando a las medidas alternativas".
En la actualidad Dinasla controla las condenas de 10.000 personas. En la mayoría de los casos el organismo vigila a las personas que tienen que hacer "tareas comunitarias", están en "libertad a prueba" o cometieron "faltas de tránsito". Por otra parte, atienden 1.100 arrestos domiciliarios.
De estos arrestos, 350 personas utilizan tobilleras. Para el resto de los condenados se realizan "controles por planilla", y la dirección cuenta con dos patrulleros en área metropolitana para realizar una "concurrencia periódica a los domicilios".
En total Dinasla tiene 170 funcionarios, de los cuales 142 se desempeñan en el área metropolitana. Más de la mitad son "personal técnico", como psicólogos y asistentes sociales, y alrededor de 70 policías cumplen con las tareas de control.