Duro revés de Biden por un fallo de la Corte Suprema sobre la cancelación de deudas estudiantiles

El tribunal dictaminó el viernes, por una mayoría de seis de los nueve magistrados, que el gobierno se extralimitó en sus funciones al adoptar este costoso programa sin autorización explícita del Congreso.

El gobierno "anuló unos US$ 430.000 millones en préstamos federales, borrando por completo la deuda de 20 millones de prestatarios y rebajando la cantidad media adeudada por otros 23 millones, de US$ 29.400 a US$ 13.600", señala el magistrado conservador John Roberts en nombre de la mayoría.

"El tema aquí no es si debe hacerse algo, es quién tiene autoridad para hacerlo", estima. "Entre las competencias más importantes del Congreso está su control del monedero", escribió Roberts.

Este fallo supone un duro revés para el presidente de 80 años, que aspira a su reelección en 2024 y cuenta para ello con el apoyo de las clases populares.

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Biden discrepa "fuertemente" con este fallo y "lo dejará claro" más tarde, afirmó una fuente de la Casa Blanca que pidió el anonimato.

Pero sobre la sentencia apunta un golpe al bolsillo de millones de estadounidenses.

En Estados Unidos la enseñanza superior es muy cara y casi 43 millones de personas piden préstamos estudiantiles federales por un total de US$ 1,630 miles de millones.

Al comienzo de la pandemia, el gobierno del expresidente republicano Donald Trump congeló el reembolso de estos préstamos en virtud de una ley de 2003 que le permite "aliviar" a los titulares de deudas estudiantiles en caso de "emergencia nacional".

Esta medida, que se ha prorrogado ininterrumpidamente hasta la fecha, expira el 31 de agosto.

Anticipándose a este plazo, Biden anunció en agosto pasado su intención de anular 10.000 dólares de las deudas de los prestatarios que ganaran menos de US$ 125.000 al año y US$ 20.000 de antiguos beneficiarios de becas.

Se presentaron 26 millones de solicitudes, según la Casa Blanca.

Los tribunales bloquearon la aplicación de este plan después de que una coalición de estados republicanos y dos estudiantes que no podían acogerse a la condonación de 20.000 dólares presentaran una demanda.

Acusaban al gobierno demócrata de usar el dinero de los contribuyentes sin la aprobación del Congreso. Estiman que la ley de 2003, invocada por el presidente Biden, cubre la congelación de la deuda y no su cancelación.

"Estamos de acuerdo con ellos", escribió el juez Roberts.

Los tres jueces progresistas del tribunal discrepan. La magistrada Elena Kagan escribió que el propio tribunal se estaba extralimitando en sus competencias.

Argumentó que ninguno de los estados que demandaron para impugnar la política de Biden estaban legitimados para hacerlo, ya que ni tenían un interés personal ni se habían visto perjudicados por la política.

"No permitimos que los demandantes presenten una demanda sólo porque se oponen a una política", dijo.

También alegó que la ley de 2003 permite esta política, y que el tribunal basó su decisión principalmente en el impacto de la cancelación en las finanzas nacionales. "El resultado es que el tribunal sustituye al Congreso y al Poder Ejecutivo en la formulación de la política nacional de condonación de préstamos estudiantiles", dijo.