Pese a estar prohibido, Easygo acepta pago en efectivo

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Easy dejará de pagar las multas de $ 35.000 de los conductores que cobren en efectivo

La aplicación asegura que aceptarlo es "responsabilidad exclusiva" de los trabajadores
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07 de noviembre de 2017 a las 09:12

La aplicación de transporte Easy resolvió dejar de hacerse cargo de las multas que la Intendencia de Montevideo aplica a sus conductores por cobrar viajes en efectivo, algo que prohíbe el decreto que regula esa actividad.

El pasado 27 de octubre a través de un comunicado Easy transmitió a los conductores su decisión de "no respaldar" a quienes incumplan la normativa, informó el portal 180. Hasta ahora, la empresa había mantenido una postura contraria a respetar el decreto y no solo permitía abonar viajes con dinero en efectivo, algo específicamente prohibido, sino que se hacía cargo de las multas de 35 unidades reajustables (UR), unos $ 35 mil, que la comuna aplicaba a los conductores por incurrir en esa ilegalidad.

Sin embargo, tras ser suspendida durante una semana a principios de setiembre, la aplicación resolvió acatar la norma. Así, la resolución fue adoptada "con el objetivo de promover la inclusión financiera mediante el uso de POS", afirma la empresa en un comunicado al que accedió El Observador.

El documento afirma que la aplicación "entiende necesario incentivar a los conductores a sumarse a la inclusión financiera, siendo de su exclusiva responsabilidad la aceptación de otras modalidades de pago".

Sin embargo, el dinero en efectivo continúa apareciendo en letras amarillas en la aplicación como una de las formas aceptadas para el abono de los viajes.

La decisión de acoplarse a lo dispuesto y de dejar de respaldar a los trabajadores cayó de sorpresa y generó molestias entre los conductores.

María Laura Baladon recibió el comunicado en su mail el jueves 26 de octubre, pero no pudo abrirlo y continuó trabajando y cobrando en efectivo como lo venía haciendo hasta el momento. Pero el sábado 28 de mañana, cuando despachaba un viaje en la zona de Tres Cruces, inspectores de la comuna la pararon, le retiraron las chapas y le aplicaron un multa de $ 35 mil. Al intentar tramitar el pago con Easy para poder seguir trabajando se enteró de que desde el día anterior la empresa ya no se hacía cargo de las multas.

"No me enteré, no mandaron un mensaje claro y ahora se excusan en el comunicado", se quejó al ser consultada por El Observador.

"A mí me sacaron las chapas y tengo la multa por pagar. La empresa sigue trabajando así y en contado. Son ellos los que están mandando los viajes, ¿a ellos no los multan?", agregó.

El texto de la norma afirma en su artículo 9 que es obligación del titular u operador de la plataforma electrónica "aceptar como única forma de pago la que se realice utilizando instrumentos de pago electrónicos, estando impedida de aceptar el pago mediante dinero en efectivo". Para los conductores, la sanción es el retiro de chapas y la multa; en tanto, para el caso de que quien incumpla sea la plataforma, es la suspensión temporal de hasta dos años, o la inhabilitación definitiva.

Al ser consultados por El Observador, fuentes de la intendencia afirmaron que, si continúa aceptando viajes en efectivo, la empresa podría volver a ser suspendida.

Según aseguró la trabajadora, la mayoría de los viajes que llegan a esa aplicación son para pago en efectivo. "Si lo rechazo. no trabajo", indicó.

Pese a que el decreto rige desde diciembre de 2016, Easy era reticente a cumplirlo, e incluso presentó un recurso de inconstitucionalidad de la norma. Sin embargo, asegura que hasta ahora asumía el costo de las multas como forma de dar "un plazo razonable" para el cambio de modalidad.

"Para favorecer una migración paulatina al sistema de pago electrónico facilitando la adaptación de los conductores y los pasajeros, Easy asumió el costo de las sanciones desde la entrada en vigencia de la norma hasta la actualidad, estableciendo un plazo razonable para el cambio de modalidad", dice el comunicado.

La compañía definió subvencionar el alquiler del POS durante cuatro meses. Transcurrido ese plazo, la empresa se hará cargo del 60% del alquiler mensual hasta julio de 2018, "cubriendo la diferencia con la subvención gubernamental".

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