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El 1,3% de la población uruguaya cayó preso en algún momento de los últimos cinco años
El 1,3% de la población uruguaya adulta estuvo presa en el país algún momento de los últimos cinco años.
Por las puertas de las 26 cárceles uruguayas, desde enero de 2018 hasta el cierre de noviembre de este año, pasaron 34.954 reclusos, según los datos del Instituto Nacional de Rehabilitación a los que accedió El Observador por un pedido de acceso a la información pública.
En el país en que nueve de cada diez presos son hombres, el porcentaje se hace más significativo en ese rango: el 2,5% de los varones adultos pasó alguna vez por una celda carcelaria en los últimos cinco años, con 32 mil de ellos que en ese período perdieron la libertad.
Con récords históricos batiéndose mes a mes en cuanto a cantidad de presos, al ritmo que fue marcando el año hasta el anochecer del 14 de noviembre, una persona nueva quedaba encerrada tras las rejas cada 62 minutos. Esto es lo que el INR cataloga como “ingreso no repetido”, que grosso modo supone un nuevo documento de identidad que se sube a los registros oficiales por primera vez en el año.
También permite contar que fueron 10.390 los reclusos que en cinco años recobraron la libertad, pero volvieron a delinquir y desembocaron una vez más en una celda.
Sin embargo, ese número no quiere decir que la reincidencia en cárceles –al menos por lo que muestra el último quinquenio– equivalga al 23%, tal como reparan los expertos. El asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, advirtió a El Observador que hay una “enorme cantidad de personas que delinquieron y no se los detectó”, al tiempo que hay “otra enorme cantidad que delinquió, se los atrapó, pero por razones varias no terminaron en la cárcel”.
Otro matiz consiste en que la vuelta a las celdas puede tardarse más que cinco años, como queda demostrado en las cifras de 2021, en que el 55% de los presos en ese año ya había pisado alguna vez una cárcel, según informó meses atrás El País.
“La medición de reincidencia no es solamente entrar a la cárcel”, sostuvo el sociólogo Gabriel Tenenbaum. Los referentes en el tema –como el director del INR, Luis Mendoza, y el comisionado parlamentario Juan Miguel Pettit– hablan a menudo de estimaciones de reincidencia que rondan el 60%, aunque de inmediato aclaran que faltan elementos para asegurarlo.
“Uno de los grandes desafíos que hay en el Uruguay es el de medir la reincidencia por fuera de las cárceles”, planteó Tenenbaum, quien contó haberlo hablado en más de una ocasión con Petit, y que tienden a llegar a una misma conclusión: que falta financiamiento.
“Son estudios que trabajan por fuera de los registros públicos, que son restringidos. Por ejemplo, la persona que cometió un delito y no lo capta el sistema de justicia. También hay muchas personas que son sancionadas y no van presas”, explicó Tenenbaum, y añadió otros aspectos a laudar, como la “temporalidad” de la reincidencia –si es de cinco o diez años, por ejemplo– o cómo se toma la ley de faltas.
Uruguay es uno de los países con más personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes. Al cierre del año pasado, el país se situaba en el puesto 12 del ranking de estados con mayor tasa de prisionización. A mediados de este año, cuatro de cada mil uruguayos estaban tras las rejas. El gobierno de Luis Lacalle Pou ha reivindicado sus políticas de seguridad y los efectos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) para potenciar un fenómeno de “puerta giratoria” en que si bien son más los que caen presos, también son varios los que salen.
A eso se suman las 19.634 personas que están cumpliendo medidas alternativas a la prisión, por imposición del Poder Judicial. Esa cantidad –que supone una proporción de un funcionario de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) por cada 198 imputados– pone en aprieto a las autoridades: “Nos faltan muchos técnicos”, declaró semanas atrás ante el Parlamento el encargado del INR, Luis Mendoza, al tiempo que otra jerarca dijo que un seguimiento preciso a todos los casos se hace “imposible”.
