Mundo > Golpe del 8 de enero
El exministro Torres llegó a Brasil para entregarse mientras la Justicia investiga a Bolsonaro
Anderson Torres, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, aterrizó este sábado en Brasilia proveniente de Estados Unidos para entregarse a la Policía Federal.
Su prisión preventiva fue decretada el pasado martes por el Supremo Tribunal Federal (STF) en el marco de las investigaciones sobre los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado perpetrados el domingo por terroristas de Bolsonaro.
Torres llegó en un vuelo de Gol procedente de Miami, que aterrizó en el aeropuerto internacional de Brasilia a las 7.17 horas, según confirmó O Globo.
El gobierno de Lula había advertido que si Anderson Torres no volvía de los Estados Unidos para el próximo lunes, pediría su extradición.
Por otra parte, la Corte Suprema de Brasil autorizó a la fiscalía general a investigar al expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación como “autor intelectual” del asalto a Brasilia del pasado domingo 8.
El magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once jueces del Supremo, aceptó el pedido de Fiscalía de esclarecer si el líder ultraderechista incitó el ataque de sus partidarios más radicales en su intento de derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Se trata de la primera imputación formal contra el exmandatario en relación al ataque, sobre quien hasta ahora sólo pesaba la acusación del presidente Lula. Desde Estados Unidos, Bolsonaro la rechazó aduciendo que carecía de fundamentos.
La Procuraduría General de la República solicitó el jueves que el líder ultraderechista fuera incluido en una lista de figuras a investigar por haber incitado “los actos antidemocráticos” para derrocar al gobierno a siete días de su asunción.
Bolsonaro sigue sin reconocer su derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 30 de octubre.
Según la petición de la Fiscalía al Supremo Tribunal Federal, "Bolsonaro habría hecho incitación pública a la práctica del crimen" al publicar un video el 10 de enero en el que, tras el ataque, cuestiona nuevamente el resultado de las elecciones, principal consigna de los bolsonaristas radicalizados en su intentona
El video al que alude la Fiscalía fue publicado dos días después de los incidentes del domingo, pero ante la generalizada repercusión negativa rápidamente lo retiró de su cuenta de Facebook.
En el polémico video, un elector asegura que Lula no fue elegido por el pueblo sino por el tribunal electoral.
El subprocurador general de la República, Carlos Federico Santos, que coordina el grupo que investiga los ataques antidemocráticos, alegó que, aunque el video fue publicado dos días después de los "episodios de violencia y vandalismo, la posible conducta ilegal tiene que ser investigada".
"No se niega la existencia de conexión probatoria entre los hechos contenidos en esta petición y el objetivo de la investigación, más amplia en extensión. Por tal motivo, se justifica la investigación global de los hechos practicados antes y después del 8 de enero de 2023 por el acusado", alegó Santos.
En la petición, avalada por varios fiscales pero sin la rúbrica del procurador general Augusto Aras, el órgano le solicitó al máximo tribunal que ordene a Facebook que preserve el video publicado y borrado por Bolsonaro.
Un comunicado de la Procuraduría General detalló que la solicitud a la Corte Suprema es hasta ahora para siete investigaciones. Se dividen entre las que intentan identificar los ejecutores, los financiadores, los autores intelectuales y los instigadores de los asaltos, así como a las autoridades públicas que no intervinieron y fueron conniventes.
Los delitos por los que se los investiga son terrorismo, asociación para delinquir, abolición violenta del Estado democrático del derecho, golpe de Estado, amenaza y persecución.
Las autoridades han arrestado hasta ahora a unas 1.800 personas que participaron de la revuelta o acampaban frente a cuarteles militares convocándolos a impedir la asunción de Lula.
En tanto, el gobierno anunció que aguardará hasta el lunes para que el exsecretario de Seguridad de Brasilia, y exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, se presente ante la justicia, tal como lo declaró. De no ocurrir, pedirá su extradición de Estados Unidos por los canales legales y diplomáticos correspondientes.
Sobre Torres ya pesa un pedido de detención por considerárselo responsable de una “zona liberada” en el distrito federal para que los bolsonaristas irrumpieran sobre los edificios públicos de los tres poderes y los vandalizaran sin que la policía a cargo de la custodia lo evitara.
El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Flávio Dino, luego del hallazgo en la casa del exfuncionario requisada por la policía de un documento con forma de texto legal para que Bolsonaro interrumpiera el escrutinio que lo daba como perdedor.
A partir de ese hallazgo el gobierno declaró que “se trata de una prueba de que el intento de golpe de estado fue planeado”.
Para Dino, “lo que vimos aquí el 8 de enero no fue algo aislado sino un elemento de una cadena, un eslabón de un movimiento golpista en Brasil y que hubo actos preparatorios asombrosos como este decreto de intervención militar", subrayó en declaraciones que reproducen las agencias internacionales.
El borrador tiene tres páginas y fue encontrado en el armario de la casa de Torres, que está de vacaciones en Estados Unidos.
El borrador de decreto resulta de tal gravedad que hasta el exjuez y ahora senador Sergio Moro, exministro y aliado de Bolsonaro, consideró que debe ser “repudiado con vehemencia”.
