El exmandatario (en el centro en la foto) enfrente diversas denuncias por hechos que califican como delitos de lesa humanidad registrados durante su gobierno.

Mundo > Derechos Humanos

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe declarará ante la justicia por una masacre de campesinos

El hecho ocurrió en 1997 cuando era gobernador del departamento de Antioquía y, según la acusación, estaba al tanto de la operación planificada por grupos paramilitares
Tiempo de lectura: -'
24 de noviembre de 2023 a las 16:01

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) deberá comparecer el próximo lunes ante la Fiscalía por su presunto conocimiento de una masacre ocurrida en 1997 en la localidad El Aro, en el nordeste del departamento de Antioquía, operación ejecutada por paramilitares que dejó al menos 15 campesinos asesinados.

"Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a diligencia de versión libre” al exmandatario, informó el ministerio público mediante un comunicado, luego que la semana pasada, durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso asegurara que Uribe "siempre tuvo conocimiento de la operación".

Frente a la acusación de Mancuso, condenado en ausencia a 40 años de prisión por la masacre, Uribe aseguró en su cuenta en la red X que defenderá su inocencia y tildó a Mancuso de ser un "bandido" que lo acusa "sin prueba directa y con contradicciones frente a anteriores declaraciones".

Por su parte, la Fiscalía, aclaró que el mismo Uribe pidió "ser escuchado" en versión libre; es decir que no la hará bajo juramento, declaración, sin embargo, que se concretará en un contexto en el que otros señalamientos de Mancuso acusan al exmandatario por supuestamente participar en una reunión en la que se planeó el asesinato de un defensor de derechos humanos en febrero de 1998.

El exmandatario, además, está involucrado en una investigación penal por supuesta manipulación de testigos y el pago de sobornos, caso que involucra a otro ex cabecilla paramilitar y que podría llevarlo a juicio, investigación por la que en 2015 solicitó ser escuchado por la Corte Suprema de Justicia y en la que algunos de sus exfuncionarios fueron condenados.

Mancuso compareció ante delegados de la JEP desde Estados Unidos, país al que fue extraditado en 2008 por narcotráfico y desde donde prometió revelar los vínculos de políticos y empresarios con el crimen organizado para ser aceptado por la JEP, tribunal especial nacido del acuerdo de paz de 2016 y que tiene por objeto obtener confesiones para establecer la verdad a cambio de penas alternativas a la cárcel.

No es la única denuncia por delitos de lesa humanidad que enfrenta Uribe. Cuatro familiares de al menos 6.112 civiles víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército de Colombia entre 2002 y 2008 denunciaron ante la Justicia Federal de Argentina al expresidente en el marco de lo que se conoce como los “falsos positivos”.

Se trata del mayor escándalo que registran las Fuerzas Armadas del país en medio siglo de lucha contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las ya autodisueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que consistía en hacer pasar a las víctimas como integrantes de algunas de las organizaciones.

La JEP dio por probado que entre 2005 y 2008 no menos de tres centenares de personas, en su gran mayoría campesinos y campesinas, fueron ejecutados en los municipios de  Casanare, Boyacá, Meta y Tame, casos que constituyeron las dos terceras partes de los “falsos positivos” que reportó la Brigada XVI del ejército durante la época investigada.

El caso fue presentado en Argentina "porque en el país aplica la jurisdicción universal pero también porque compartimos un pasado de atrocidades y creímos que podría haber mayor sensibilidad frente a esta búsqueda de justicia", dijo la representantes legal de los familiares, Rodríguez Sanabria, con relación a la desaparición y muerte de 30.000 víctimas de la dictadura militar en Argentina (1976-1983).

La investigación de la JEP reveló, además, que unos US$ 3.000 millones, provenientes de recursos públicos, sirvieron para financiar el accionar criminal de los imputados, que llevaban a las víctimas bajo engaño y falsas promesas de trabajo a otras zonas del país donde eran asesinadas y vestidas con ropas de la guerrilla para presentarlas como bajas en combate y conseguir a cambio promociones y días de descanso.

(Con información de AFP)

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 345 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 345 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...